domingo, septiembre 16, 2007

El Salvador: Se cayó la fachada democrática

Los hechos de Suchitoto el 2 de julio marcan una frontera. La represión fue desproporcionada y dirigida a intimidar y amedrentar al movimiento social.Porque el movimiento social viene ganando fuerza. Se cayó la fachada democrática del gobierno. Y por primera vez desde los años de la guerra hay “presos políticos” en El Salvador. El partido ARENA hará todo lo posible para evitar el triunfo del FMLN en 2009. Desde ahora hasta la fecha electoral se puede esperar un ambiente cada vez más tenso.

Si nos bloquean, buscamos otro camino. Si nos quieren detener, empujamos más fuerte. Si nos ponen obstáculos, los vamos a saltar en nombre de las legítimas necesidades de superación de nuestra gente.” Así habló el Presidente Elías Antonio Saca en su discurso de tres años de gestión el 1 de junio. Treinta y un días después, su gobierno demostró con hechos que esas palabras no eran huecas.

ESE CRUEL ASESINATO
El 2 de julio se conmemoraba el primer aniversario del brutal asesinato de Francisco Manzanares y Juanita Monjarás, activistas sociales, esposos y padres de “Mariposa”, la célebre locutora de la guerrillera Radio Venceremos que transmitía durante la guerra desde Morazán.

Este homicidio, que tuvo lugar en el casco urbano de Suchitoto, ha quedado en la impunidad. Familiares de las víctimas y diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos caracterizaron el crimen como de motivación política. La forma en que fue perpetrado lo hacía similar a los cometidos por los escuadrones de la muerte. Por ser el más atroz de este tipo desde la firma de los Acuerdos de Paz, el asesinato se convirtió en un caso paradigmático para medir la ineficiencia del Estado salvadoreño y su voluntad de favorecer la impunidad de los responsables. La crueldad a que fueron sometidos los Manzanares, mayores de 70 años, la forma de borrar huellas con aceite y cal, y las faltas realizadas por la Policía en los procedimientos más básicos de la investigación evidencian algo más que simples fallas de instancias institucionales.

ESE PLAN Y EN ESE DÍA
El gobierno de Antonio Saca escogió ese mismo día para inaugurar en el municipio de Suchitoto un proyecto hídrico y para lanzar desde allí una nueva política de descentralización de este servicio público. El movimiento social interpreta el proyecto de descentralización como el inicio de la privatización del acceso al agua. Para presentar su polémico plan, Saca escogió un municipio gobernado por el FMLN desde 1994, con una continuada historia de lucha, y con una numerosa población de ex-combatientes guerrilleros. Cualquiera entendería como una provocación que ARENA escogiera a Suchitoto para este plan precisamente en el aniversario de un crimen político de cuya autoría ARENA no está exenta de sospechas.

En este explosivo contexto, las organizaciones comunitarias del municipio organizaron un Foro sobre el Agua en el parque central y movilizaron a pobladores de las comunidades para que participaran en la actividad. Por lo simbólico del acto gubernamental, premonitorio de la privatización de uno de los pocos servicios básicos que todavía es un bien público y porque el acceso al agua es un derecho humano imprescindible que no puede ser mercantilizado, organizaciones sociales de otras partes del país se sumaron a la actividad de protesta en Suchitoto.

OPERATIVO DE REPRESIÓN
En un informe específico sobre este caso, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado describe: “Desde tempranas horas de la mañana del 2 de julio de 2007, aún antes de iniciarse la actividad de protesta, se presentaron al lugar un contingente de antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), pertenecientes a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y unidades élite de asalto policial, probablemente pertenecientes al grupo de Reacción Policial (GRP) o al Grupo Operativo Policial Especial (GOPES). Además, también fueron movilizadas unidades de la Fuerza Armada de El Salvador, las cuales incluyeron vehículos militares con ametralladoras de grueso calibre (semi-tanquetas).”

Un joven procedente de la comunidad Milingo relata haber estado trabajando a las 3 de la mañana en una calle principal del casco urbano cuando una tanqueta pasó apuntándole con una ametralladora. El desvío de la Ciudadela Guillermo Ungo -una comunidad de ex-combatientes del FMLN a 9 kms. del casco urbano de Suchitoto- fue el primer punto en el que se desató la represión gubernamental. Según una habitante del lugar, a las 7 de la mañana llegó el primer pelotón de la UMO: “Los que lideraban el grupo que pacíficamente nos expresábamos les pidieron que nos dejaran estar en el lugar hasta las diez de la mañana. El jefe del pelotón respondió que tenía órdenes presidenciales de reprimir toda protesta que se diera en la carretera y que nos daban cinco minutos para que nos retiráramos del lugar. Cuando nosotros procedimos a cerrar filas y esperar el accionar de los policías, nos lanzaron tres artefactos con gases lacrimógenos. Al instante comenzaron a disparar balas de goma y corrimos campo abierto, mientras los dos helicópteros que volaban en círculo nos disparaban ráfagas que hacían que todo lo que se encontrara en el lugar saliera volando”.

Dos horas después, llegaron los primeros capturados desde la Ciudadela a la delegación policial en Suchitoto. Al casco urbano llegaron las noticias de lo sucedido en el desvío de la Ciudadela y en San Rafael La Bermuda: los gases, las balas, las milpas quemadas y los heridos. El Foro planificado para realizarse en la plaza central tuvo que suspenderse.

“D’AUBUISSON VIVE”
En este contexto llegaba al casco urbano un pickup de la asociación comunal CRIPDES con su presidente, vicepresidente, motorista, una estudiante de periodismo que cumplía sus horas sociales y una pobladora de la Ciudadela Guillermo Ungo. Lorena Martínez, presidenta de CRIPDES, lo cuenta así: “Vino un carro patrulla de la PNC, nos intercepta y se pone frente a nuestro carro. Fuimos bajados violentamente. Primero bajaron a nuestro motorista y lo tiraron en medio de la calle. Nos sacaron a todos, uno por uno, y nos subieron al pickup de ellos. A las 8:30 nos sacaron sin decirnos por qué. Nosotros preguntábamos y preguntábamos que por qué nos llevaban y sólo nos decían que era una orden. No nos dejaron identificarnos. No nos llevaron a Suchitoto por la carretera sino por una vereda. Cuando llegamos a Suchitoto la gente nos estaba esperando. Pero ellos no escucharon a la gente, ni a los concejales, ni al párroco, ni a los organismos. Nos sacaron de Suchitoto para Cojutepeque y en el camino iban clamando un enfrentamiento armado. Nos decían que esto justificaría todo. Manipulaban sus granadas y jugaron con sus fusiles. Ya en la bartolina de Cojutepeque nos encontramos con las otras compañeras. Las habían llevado en helicóptero a ellas y mientras que volaban sobre el Lago Suchitlán les decían que les iban a tirar al fondo del lago y que Roberto D’Aubuisson vivía”.

Otro preso, Facundo Dolores, fue filmado cuando era golpeado por agentes de la PNC al subirlo al carro en Suchitoto. Otro, Patricio Valladares, tuvo que ser hospitalizado por los golpes recibidos. Todos estas acciones fueron calificadas nacional e nternacionalmente como actos de tortura y arbitrarios y uso desproporcionado de la fuerza.

CAPTURADOS, HERIDOS
Al mismo tiempo, la población que reclamaba la libertad de sus compañeros fue engañada y reprimida por la PNC. Lorenza Pichinte, directiva de PROGRESO, filial de CRIPDES en la zona, complementa esta parte de la historia: “Nosotros rodeamos el carro patrulla (donde estaban detenidos y esposados los cuatro compañeros de CRIPDES y la compañera de la Ciudadela Ungo) y dijimos que los liberaran porque ellos no estaban en ningún desorden público, sino venían en el carro por la carretera. No se logró que los soltaran. Toda la gente se tiró en el suelo enfrente del carro. Hicimos una barricada humana para que no pudieran pasar. Cuando retrocedían el carro, nos tirábamos atrás para que no pudieran sacar a nuestros compañeros. Los antimotines nos pidieron quince minutos para conseguir la orden de liberarlos y en estos quince minutos llegaron sus refuerzos. Los mismos con los que estábamos hablando ahí nos rociaron con gases en la cara para que nosotros, tontos y ciegos, saliéramos y ellos lograran sacarlos de ahí.

El saldo de la represión de aquel día fue terrible: 14 capturados, 62 heridos y dos comunidades intervenidas por las fuerzas armadas.

LA SENTENCIA: TERRORISTAS
Cinco días después, el 7 de julio, se realizó la audiencia preliminar para los catorce capturados. No se realizó en el Juzgado de Suchitoto como hubiera correspondido legalmente, sino en el Tribunal de Instrucción Especial de San Salvador. Estos tribunales fueron inaugurados hace sólo cuatro meses y muchos especialistas jurídicos plantean que son inconstitucionales. Fueron conformados, supuestamente, para tratar casos de alto nivel del crimen organizado como narcotráfico y secuestros. Sin embargo, los capturados en Suchitoto no fueron acusados de haber realizado actividades del crimen organizado. Los cargos contra ellos eran tres: daños agravados, lesiones y actos de terrorismo contra la vida, la integridad personal y la libertad de personas internacionalmente protegidas y funcionarios públicos.

Ese día, la jueza, Lucila Fuentes de Paz, emitió su Resolución basándose en la declaración de los policías captores, los videos que le presentó la Fiscalía General de la República y el testimonio de una testigo de descargo a cuya declaración le atribuyó la confirmación de que se trató de una acción planeada, organizada y premeditada. A criterio de la jueza los hechos cometidos reunían los elementos necesarios para justificar la detención por violación de la Ley Especial Contra el Terrorismo. A su juicio, “colocar piedras en la carretera y lanzar piedras o palos a unidades antimotines son Actos de Terrorismo”, los que se caracterizan por ser “actos de extrema violencia o grave intimidación y con un fin subversivo”, que tratan de “destruir el sistema político (democrático)” del país.

En la primera audiencia, a Facundo Dolores le fue otorgada libertad condicional durante los tres meses de recolección de pruebas, mientras que Sandra Isabel Guatemala, Marta Lorena Araujo Martínez, Rosa María Centeno Valle, Manuel Antonio Rodríguez Escalante, María Haydée Chicas, José Ever Fuentes Herrera, Héctor Antonio Ventura Vásquez, Vicente Vásquez Basilio, Marta Yanira Méndez, Beatriz Eugenia Nuila González, Clemente Guevara Batres, Santos Noé Mancía Ramírez y Gertrudis Patricio Valladares Aquino fueron remitidos a los Centros Penales respectivos para hombres y mujeres. Once días después, en la apelación del caso, la libertad condicional fue concedida a otros cuatro. Finalmente, el 27 de julio, los nueve restantes recibieron la libertad condicional en una revisión de medidas.

“SON PRESOS POLÍTICOS”
Para el 7 de octubre se programó la siguiente audiencia para determinar el destino de estas personas, que quedaron cumpliendo medidas sustitutivas de prisión: presentarse cada 15 días al juzgado, prohibición de salir del país y de cambiarse de domicilio.

El caso Suchitoto vino a sumarse al de cuatro capturados en Tacuba, Ahuachapán, solo cuatro días antes. Nicolás Borges, Manuel Reyes, Nery Saldaña y Adolfo Palacios, quienes al igual que los capturados en Suchitoto, están siendo juzgados por su participación en protestas sobre el manejo de agua en su municipio. Los cargos en su contra son distintos. Se les acusa de privación de libertad y amenazas agravadas, pero los rasgos generales de su caso son parecidos. En el mismo período a tres de ellos -Palacios fue sobreseído el 3 de julio- se les otorgó libertad condicional y esperan una siguiente audiencia a principios de octubre.

Edgar Mejía, miembro del recién formado Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos explica: “Los compañeros estaban haciendo uso de sus derechos constitucionales, protestando contra la privatización del agua. Cuando se miran los dictámenes de la jueza, ves que la Fiscalía cambia la tipificación de “desórdenes públicos” a “actos de terrorismo”. Cuando ves la decisión de la Cámara del Penal y cuando escuchas los discursos de funcionarios del gobierno, te das cuenta que éstas son decisiones políticas. Por eso los calificamos como presos políticos.”

Es por todo esto que desde julio de 2007 se habla de la existencia de diecisiete presos políticos en El Salvador, una categoría que prácticamente se había dejado de utilizar desde 1992, cuando la firma de los Acuerdos de Paz.

ATANDO CABOS
El 2 de julio no fue un día cualquiera. Horas antes de iniciar la represión gubernamental en Suchitoto, se cerraba en San Salvador un operativo policial que se había iniciado el día anterior. La captura de Mario Belloso, el fugitivo más buscado del “pulgarcito de América”, fue realizada sin pena ni gloria en una calle residencial de San Salvador. La saliente Procuradora de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, comentó: “Es extraño para mí que la captura coincida casi casualmente con el aniversario del asesinato. Deben ser acuciosos y analizar las circunstancias que deja esta investigación, porque no se puede creer que en un país tan chiquito un hombre pase casi un año escondido en su casa... Este caso no es más que un show policial”.

Belloso había saltado a la fama hacía exactamente un año cuando apareció en una manifestación reivindicativa del movimiento estudiantil con un fusil M-16 en mano, disparando contra los anti-motines de la PNC. Las autoridades procesaron a Belloso como el autor de la muerte de los dos policías abatidos en aquella ocasión. No obstante, según indicios de estudios científicos y técnicos, los francotiradores de la misma institución policial, ubicados en la terraza del Hospital de Niños “Benjamín Bloom” desde el día anterior, eran también candidatos a ser los responsables de los disparos que ocasionaron la muerte de los policías.

El enfrentamiento y la posterior campaña de los medios masivos de comunicación, en colaboración con funcionarios del gobierno, sirvieron para crear un ambiente de terror nacional. A las pocas horas, el Presidente Saca, declaró ante la prensa: “Hay que llamar pan al pan y vino al vino. El FMLN está detrás de estas acciones y lo acuso formalmente de lo que ha sucedido”. El Ministro de Gobernación, René Figueroa, y el Director de la PNC, Rodrigo Avila, hicieran declaraciones advirtiendo de una ruptura de los Acuerdos de Paz por parte del FMLN.

DESLEGITIMAR AL FMLN
Mario Belloso tenía una historia de militancia en el FMLN, que posibilitó la aplicación de la propiedad asociativa de las matemáticas al escenario político para que la opinión pública apuntara contra el FMLN: Mario Belloso es un hombre violento que mató a dos policías, Mario Belloso es militante y ha ocupado un cargo público como concejal municipal de ese partido, por lo tanto, el FMLN es un partido violento que mata policías y no debe de gozar del derecho de participar en el proceso político-electoral.

Los hechos del 5 de julio de 2006 -poco esclarecidos-, a pesar de la condena a 35 años de prisión judicial contra Belloso en dos procesos legales celebrados en agosto, sirvieron para justificar ante la opinión pública la aprobación de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, aprobada en septiembre 2006, dos meses después de aquellos hechos violentos. El anteproyecto de ley ya contaba con la oposición del movimiento social y de los partidos políticos CD y FMLN, que argumentaron que más parecía una herramienta legal de control social que un instrumento para frenar posibles actos de terrorismo, desconocidos en El Salvador.

Los hechos del 5 de julio de 2006 sirvieron para deslegitimar al FMLN cuando la campaña pre-electoral -que inició realmente no más finalizar el proceso electoral anterior- estaba ya adelantada entre los dos partidos mayoritarios, ARENA y FMLN. Los hechos del 5 de julio sirvieron también para deslegitimar al movimiento social y a las reivindicaciones callejeras, que han ido en aumento en los últimos años, casi en paralelo a los efectos nocivos de las políticas neoliberales que tanto afectan a la población.

TODO ENCAJA EN EL PLAN
La captura de Mario Belloso cumplió también varios propósitos del gobierno y del partido ARENA. La “milagrosa” captura de Belloso, faltando sólo tres días para que cumpliera el primer aniversario del crimen por el que judicialmente fue condenado, sirvió para levantar la imagen de la siempre cuestionada institución policial. Las confesiones extrajudiciales que dio Belloso frente a una cámara de video desde las bartolinas donde se encontraba detenido, sirvieron para difamar a varios líderes del FMLN. Los argumentos que aparecen en el video nunca fueron manejados en el proceso judicial y más parecían piezas para una campaña de desprestigio. Finalmente, la manta que fue presentada por la PNC a la prensa en la casa de Belloso, con las siglas de CRIPDES, el mismo día de la represión en Suchitoto, sirvió como pieza en la campaña de la prensa nacional para vincular la captura de Belloso con las capturas en Suchitoto.

En sus declaraciones el 2 de julio el Presidente Saca afirmó: “Hemos encontrado planes desestabilizadores entre los cuales estaba el plan de Suchitoto. Lo que ha pasado hoy en los alrededores de Suchitoto ya estaba considerado, precisamente, en los planes que tenía el señor Belloso”. De nuevo, el objetivo era deslegitimar al movimiento social, la validez de las reivindicaciones sobre la no privatización del agua. Y sembrar un clima de terror a nivel nacional.

INTIMIDAR, AMEDRENTAR
Este clima de terror ha sido la principal cosecha de julio 2007. Además de las capturas, de la represión de una manifestación pacífica, de la creación del fantasma del terrorismo y de la militarización del municipio de Suchitoto, hubo otro hecho que conmovió al movimiento social en esos días. En la noche del 17 de julio Miguel Ángel Vásquez, líder del Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico (STSEL), fue asesinado. El carro que venía manejando apareció en el municipio de Soyapango, al sureste de San Salvador y su cadáver, perforada la cabeza por dos balas, apareció en el municipio de Mejicanos, al noroeste de la capital. Un asesinato con todas las características de los que se cometieron en los años de la guerra. En el informe de Tutela Legal del Arzobispado sobre los hechos de Suchitoto se lee: “La utilización de contingentes de la Fuerza Armada en el operativo policial aquí descrito era totalmente innecesaria y por tanto, resulta claro que persiguió fines de intimidación de la población de la localidad, sitio de residencia de numerosos ex-combatientes del FMLN y sus familiares... Persiguió, igualmente, a criterio de Tutela Legal del Arzobispado, amedrentar al movimiento social a efecto de disuadir arbitrariamente el legítimo ejercicio de la protesta social”.

LA DELANTERA EN EL NEOLIBERALISMO
“Si nos bloquean, buscamos otro camino. Si nos quieren detener, empujamos más fuerte. Si nos ponen obstáculos, los vamos a saltar en nombre de las legítimas necesidades de superación de nuestra gente.” Después de los acontecimientos de julio, nadie duda de la seriedad con que el Presidente Saca pronunció estas palabras. Y nadie duda de a quiénes van dirigidas: al movimiento social y al FMLN. ¿Otro camino para qué? También ha quedado evidenciado que Elías Antonio Saca, actuando en su doble función de Presidente de la República y Presidente del partido ARENA, tiene dos ejes principales que rigen su visión de “las legítimas necesidades de superación de nuestra gente”.

Según la óptica de ARENA, el primer eje es terminar de consolidar y mantener la implementación del ya desgastado modelo neoliberal. Entre los países centroamericanos, El Salvador ha llevado la delantera -una competencia nada fácil- en este proceso. Durante los años 90 logró implementar los componentes principales del programa de ajuste estructural. Se adelantó la liberalización de la economía con la desregulación de los precios de la canasta básica, con la desregulación de las tasas bancarias, y con la legalización y promoción de la venta de tierras de cooperativas de la Reforma Agraria.

Para nadie fue sorpresivo que El Salvador fuera el primer país centroamericano en aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-RD). La reforma del sistema tributario -otro eje del ajuste estructural- se inauguró en 1989 con la eliminación de impuestos para la exportación de café y azúcar, la desaparición del impuesto al patrimonio y la implementación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). Finalmente, se privatizaron la mayoría de las actividades económicas realizadas por el Estado: la banca, la exportación de los productos principales de la economía, la importación de petróleo, el aeropuerto, el sistema de pensiones, el Instituto de Vivienda Urbana (IVU) y el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), los servicios telefónicos y de distribución de energía eléctrica y parte del sistema de salud. La medida de dolarización llegó como complemento a todo esto en 2001. Y quedaron pendientes el sistema de agua, la mayoría del sistema de salud y buena parte del sistema de educación.

EL FMLN PUEDE GANAR
El segundo eje que tiene que garantizar ARENA es mantenerse en el poder estatal, especialmente en el Poder Ejecutivo. Es la forma más segura de garantizar la continuidad del modelo neoliberal. A pesar de los errores, reveses y problemas internos del FMLN, este partido se encuentra en mejores condiciones que nunca para arrebatarle a ARENA la Presidencia en 2009. El desgaste del proyecto económico de la derecha, el empeoramiento continuo y cada vez más drástico de las condiciones de vida de la población, y la incipiente reactivación del movimiento social, caracterizado desde la firma de los Acuerdos de Paz por su pasividad y fragmentación, son las principales razones para hacer este cálculo.

Está claro: el movimiento social y el FMLN son las amenazas principales para que la clase dominante, casada regionalmente y con los Estados Unidos, y representada políticamente por ARENA, pueda seguir en el “camino” del que habla Saca.

“A MÁS LUCHA, MÁS REPRESIÓN, A MÁS REPRESIÓN, MÁS LUCHA”
Bajo las balas del ejército represor y las tácticas de los cuerpos “de seguridad”, el movimiento popular salvadoreño de los años 70 puso de moda la consigna “A más represión, más lucha”. Pero de todos es sabido que la relación entre lucha y represión es dialéctica y, por lo tanto, esa consigna tiene una contraconsigna: “A más lucha, más represión”. Esta contraconsigna es un filtro indispensable para leer el momento actual en El Salvador y “los hechos” -como han sido denominados- del 2 de julio en Suchitoto.

Es a partir de la lucha contra la privatización del sistema de salud, protagonizado por los gremios del sector salud -médicos y trabajadores de la salud- en 2002-2004, que se volvieron a ver movilizaciones masivas de la población salvadoreña tomándose las calles en protesta por una política gubernamental. Por primera vez en muchos años el movimiento social tuvo entonces la fortaleza para frenar un proyecto anti-popular de la derecha. Esto alertó al gobierno: tendría que recurrir a la represión para impedir que el movimiento social siguiera acumulando fuerzas desestabilizadoras para el proyecto neoliberal.

Aunque en los años siguientes no se logró el mismo nivel de movilización social -se contabilizaron cientos de miles de salvadoreños en las “marchas blancas” del sector salud-, sí se ha visto un aumento en la cantidad y en la diversidad de las reivindicaciones de calle. Fue la aprobación, ratificación y ejecución del CAFTA, lo que logró movilizar la membresía de distintos movimientos sociales con una base diversa y, en algunos momentos, con un nivel de coordinación entre ellos. A nivel sectorial, se han visto esfuerzos incipientes para unir sectores afectados por rivalidades y por el divisionismo.

RESULTADO: MÁS UNIDAD
Frente a esta realidad, los discursos conciliadores, las “mesas de concertaciones” y otras estrategias encubridoras de la desfachatez anti-democrática del modelo neoliberal han dado vía a la represión. Al mismo tiempo, la política represiva ha acercado a diversas expresiones sociales organizadas, conscientes de que de manera aislada ya no es posible detener la gravedad represiva y menos aún, aportar a la construcción de un futuro diferente para la nación. La creatividad, la oportunidad y la contundencia de la participación de la sociedad salvadoreña en protesta por la represión contra el movimiento social y por la capturas de “presas y presos políticos”, ha sido muy importante.

Una cantidad destacada de personas, organizaciones e instituciones internacionales han pedido explicación al gobierno salvadoreño por el tratamiento a las personas procesadas por los acontecimientos de Suchitoto y han expresado su rechazo a la Ley Contra Actos de Terrorismo (LECAT), a la Ley Contra el Crimen Organizado y al funcionamiento de los tribunales especiales.

Uno de los acontecimientos más importantes derivados de esta situación ha sido el surgimiento del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos en El Salvador (COFAPPES), como respuesta al atropello y el maltrato de que son víctimas las familias de los detenidos y como expresión de la toma de conciencia de que se iniciaba un “juicio político”. En los primeros días tras su nacimiento, COFAPPES, con el apoyo de distintas organizaciones del movimiento social, se mostró capaz de instalarse nueve días y nueve noches en la Plaza Salvador del Mundo en un ayuno indefinido que finalizó cuando los últimos de “los 14” recibieron la libertad condicional.

REFORMAS “CON DEDICATORIA”
Falta un año y medio para las elecciones de 2009 y un par de proyectos privatizadores para cumplir a cabalidad con el programa de ajuste estructural. En este contexto, es difícil imaginar que la situación se distensione. Prueba de esta apreciación son las últimas reformas al Código Penal, aprobadas con los votos de ARENA y el PCN el 16 de agosto. El caso de Suchitoto dejó en evidencia la intención de aplicar la Ley Especial de Actos contra el Terrorismo como castigo al movimiento social. Las denuncias, tanto nacionales como internacionales, dan fe de que su utilización para criminalizar el movimiento social es poco oportuna para mantener “las buenas relaciones” que el gobierno necesita en este período. Semanas después, la nueva respuesta estuvo lista: una modificación del Código Penal vigente para crear una nueva categoría especial: “desordenes públicos agravados” con penas aumentadas para las protestas públicas. Está clara la “dedicatoria” especial para las organizaciones sociales. A pesar de las acciones de cabildeo y movilización del movimiento social, incluyendo un contingente importante de vendedores del sector informal, las reformas fueron aprobadas.

YA NO HAY PUENTE
“Saltando, saltando”, fiel a las palabras de Elías Antonio Saca, la derecha brinca sobre los obstáculos que se le presentan. Pero el final de esta historia no se ha escrito. Lo cierto es que ya la retórica y los gestos conciliadores son cosas del pasado. En 2006, Francisco Flores, antecesor de Saca, en el informe sobre su primer año de gestión, coqueteó con la principal fuerza de oposición: “Quiero pedirles que me permitan dirigir unas palabras al FMLN. Estoy conciente que la votación de ayer representa un acto concreto de voluntad política. Representa un puente para que nos entendamos en beneficio del país. Señores diputados: voy a cruzar ese puente.”

La época de los eufemismos ha quedado atrás. Ya se cayó la fachada democrática en El Salvador.

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