San Salvador, 7 nov (PL) La creación de un "impuesto de paz" podría invertirse para combatir la criminalidad en El Salvador, anunció hoy la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Beatrice de Carrillo.
Con ese dinero, afirmó la procuradora, se fortalecería la capacidad humana, técnica, investigativa y científica de las instituciones determinantes en el combate a la delincuencia: la Policía y la Fiscalía.
Según la funcionaria, los empresarios con mayores niveles adquisitivos deberían pagarlo.
En tanto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), también planteó el establecimiento de un fondo destinado a financiar las políticas de seguridad ciudadana.
Sin embargo, De Carrillo y FUSADES no coinciden en el tema del desarme planteado por la Fundación.
La representante de la PDDH teme que sólo la población honrada sea expropiada de sus armas que le permite defenderse de los reiterados actos delincuenciales.
"Creo que esas medidas pacifistas no están acordes con nuestra realidad, porque la ciudadanía necesita defenderse", sentenció.
Con una tasa de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media en Latinoamérica, El Salvador es el país más violento del continente.
Las autoridades y médicos especialistas afirman que la mayoría de esos asesinatos son perpetrados con armas de fuego.
Datos de la Policía Nacional Civil indican que además de las 216 mil armas de fuego registradas por el Ministerio de Defensa, alrededor de 112 mil circulan ilegalmente en la nación.
Diversos sectores sociales manifiestan cada día su preocupación por la imparable ola de violencia.
Pero es que el fenómeno afecta a todos. El fin de semana último fueron ultimados Jesús Calzada de Carrillo y Francisco Carrillo, pastores luteranos y miembros de Comandos de Salvamento
Con ese dinero, afirmó la procuradora, se fortalecería la capacidad humana, técnica, investigativa y científica de las instituciones determinantes en el combate a la delincuencia: la Policía y la Fiscalía.
Según la funcionaria, los empresarios con mayores niveles adquisitivos deberían pagarlo.
En tanto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), también planteó el establecimiento de un fondo destinado a financiar las políticas de seguridad ciudadana.
Sin embargo, De Carrillo y FUSADES no coinciden en el tema del desarme planteado por la Fundación.
La representante de la PDDH teme que sólo la población honrada sea expropiada de sus armas que le permite defenderse de los reiterados actos delincuenciales.
"Creo que esas medidas pacifistas no están acordes con nuestra realidad, porque la ciudadanía necesita defenderse", sentenció.
Con una tasa de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media en Latinoamérica, El Salvador es el país más violento del continente.
Las autoridades y médicos especialistas afirman que la mayoría de esos asesinatos son perpetrados con armas de fuego.
Datos de la Policía Nacional Civil indican que además de las 216 mil armas de fuego registradas por el Ministerio de Defensa, alrededor de 112 mil circulan ilegalmente en la nación.
Diversos sectores sociales manifiestan cada día su preocupación por la imparable ola de violencia.
Pero es que el fenómeno afecta a todos. El fin de semana último fueron ultimados Jesús Calzada de Carrillo y Francisco Carrillo, pastores luteranos y miembros de Comandos de Salvamento
No hay comentarios:
Publicar un comentario