sábado, noviembre 10, 2007

Policía antimotines ataca a comunidades por defender sus fuentes de agua

Actualización de CISPEShttp://www.cispes.org/
noviembre de 2007

El 12 de octubre pasado, la policía antimotines – acompañada de soldados del ejército – irrumpió en la comunidad rural de Cutumay Camones en el Departamento occidental de Santa Ana atacando a miembros de dicha comunidad incluyendo a ancianos y niños por protestar contra la construcción de un botadero de basura en su comunidad. Desde varios meses atrás, la organización comunitaria ACOFUBEN se había opuesto al botadero ya que contaminaría sus fuentes acuíferas y a la vez crearía una serie de problemas de salud para la comunidad.

Miembros de la comunidad están agraviados ante la violación de su derecho de ser consultados sobre la construcción del botadero mientras el Procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna, ha criticado dicha construcción por no tener los permisos legales correspondientes del Ministerio del Medio Ambiente. El informe que la Asamblea Legislativa recibió de la Corte de Auditorias mostró irregularidades en el permiso que el Ministerio del Medio Ambiente concedió a la compañía privada Presys. La solicitud del permiso no proveyó un informe adecuado sobre el impacto ambiental y el permiso fue otorgado en violación del Artículo 25 de la Ley del Medio Ambiente, la cual demanda que el público sea consultado en ese tipo de proyecto. Ahora, la gente debe protestar contra la construcción del botadero en orden a defender su agua y su salud.

La policía y los militares comenzaron a reprimir a la población el 12 de octubre pasado en las tempranas horas del día lanzando cánulas de gases lacrimógenos y disparando balas de goma, saliendo muchos heridos como resultado. Más tarde, el 25 de octubre, la misma comunidad fue víctima aún de otro violento ataque por la policía antimotines. Tomas de video obtenidas durante las acciones policiales de represión han sido distribuidas ampliamente, alertando a la comunidad internacional sobre estos violentos ataques y revelando el uso excesivo de fuerza por parte de la policía antimotines. En medio del ataque contra la comunidad un periodista de la
televisión fue atacado por la policía. Puede ver los videos del ataque aquí:

http://cispes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=29

Los oficiales involucrados en el incidente con el periodista han sido removidos de sus cargos en la Policía Nacional Civil. Sin embargo, la remoción de oficiales por el ataque al periodista de la televisión es insuficiente, en tanto que la policía y los militares continúan defendiendo los intereses privados y reprimiendo a la comunidad. Asimismo, la construcción del botadero de basura seguirá a pesar de la objeción y protesta de la comunidad. Mientras tanto, organizaciones sociales continúan monitoreando y apoyando a la comunidad en su denuncia de la represión y
están demandando una solución real a la situación.

Ley de Privatización de la Salud es aprobada por los partidos derechistas

El 22 de octubre, diputados de ARENA y PCN introdujeron la propuesta del Sistema de Salud Nacional para que fuera votada en la Asamblea Legislativa el 25 de octubre. La propuesta de dicha ley fue creada por la administración anterior de Francisco Flores y ha sido discutida desde junio de este año en la Comisión de Salud y del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Las organizaciones sociales y el FMLN han firmemente rechazado esta ley ya que abre las puertas a la privatización del sistema nacional de salud, el cual dejará a la mayoría de la población salvadoreña sin acceso a servicio de salud. La diputada del FMLN Zoila Quijada dijo “veamos si el Presidente Antonio Saca cumplirá su palabra de no privatizar el sistema de salud
vetando esta ley”. De acuerdo a Quijada, si el Presidente ratifica la ley, él solo acumulará más represión económica de su gobierno al privatizar otro servicio que el gobierno debe proveer al pueblo.

Durante la votación de la ley, el FMLN y la Alianza Ciudadana Contra la Privatización de la Salud coordinó una protesta contra la misma. Adentro de la Asamblea Legislativa, el FMLN se opuso a la ley, pero a pesar de sus argumentos, la ley fue aprobada con los 52 votos de los partidos de derecha y centro (ARENA, PCN, PDC y CD). Al corriente, el FMLN y el movimiento social se han comprometido a continuar la lucha contra la privatización de la salud a través de mayor organización y movilización.

Organizaciones sociales y comunidades de base protestan contra la impunidad

En una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevada a cabo el 10 de octubre pasado, el gobierno salvadoreño sostuvo que es imposible investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado de los 1980s debido a la existencia de la Ley de Amnistía aprobada en 1993. Al mismo tiempo, dos organizaciones salvadoreñas de derechos humanos
sostuvieron una reunión de seguimiento con la CIDH y el gobierno sobre el caso del asesinato del Arzobispo Oscar Romero.

El gobierno salvadoreño una vez más rehusó aceptar responsabilidad por el asesinato de Romero, aún cuando la CIDH lo declaró responsable por violar su “derecho a la vida” y por no investigar el caso. La CIDH también requirió que el gobierno salvadoreño revierta la Ley de Amnistía ya que impide el avance del proceso de paz en El Salvador.

El miembro el Opus Dei y Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, ha pedido paciencia y ha defendido el “diálogo abierto” entre el gobierno salvadoreño y la Iglesia Católica, ambos quienes intentan minimizar y silenciar la importancia de Romero para el pueblo salvadoreño.

La Oficina de Derechos Humanos de la Iglesia Católica ha denunciado públicamente la falta de voluntad del Arzobispo y del gobierno salvadoreño de investigar el caso, pero su portavoz oficial, David Morales, fue recientemente despedido de su cargo en un intento de la derecha de silenciar
la demanda de justicia en el caso Romero. Varias organizaciones sociales y comunidades de base han criticado públicamente a Sáenz Lacalle y al gobierno salvadoreño por rehusar investigar el caso de Romero y permitir que la impunidad reine en El Salvador.

Traducción hecha por Reynaldo Contreras-Valle.

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal