Licda. Norma Guevara de Ramirios
Las opciones populares para alimentarse a base de tortilla, arroz, frijoles y huevos, se nos escapan y con ello es previsible una crisis alimentaria y del estado de nutrición y de la salud de nuestra población que sin lugar a dudas afectará todavía más a las familias de los estratos sociales en los que se vive de ingresos eventuales y con bajos salarios, así como a las capas medias.
La magnitud de las alzas de precios en estos productos y en general de todos los alimentos y de la canasta básica deben llevarnos a reflexionar sobre el tipo de acciones que deberían asumirse desde las instancias de Estado para defendernos contra el hambre y la desnutrición, para mantener la capacidad adquisitiva del grupo básico de productos alimenticios que garanticen la subsistencia de las familias más pobres.
Que la libra de Frijoles se tenga que comprar a un dólar o más es realmente escandaloso y grave; una libra hoy cuesta lo que costaba media arroba hace pocos años.
Los productos lácteos incrementan de una semana a otra más del 20% y las verduras suben como a las nubes, se vuelven inalcanzables.
Esta situación de encarecimiento inexplicable nos revela la desprotección, la inseguridad alimentaria que se viene acumulando en el curso de los gobiernos areneros al debilitarse la agricultura y eliminarse las pequeñas opciones de protección que en algún momento tuvo nuestra sociedad.
Ninguna Defensoría está hecha para defendernos, ni para proteger la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores y familias con dificultades económicas.
Ni decir de los medicamentos, del combustible y otros elementos indispensables para la vida; como el agua, la energía eléctrica, el alquiler de la vivienda; todo, literalmente todo, se ha ido arriba, los alimentos se vuelven inaccesibles, se hace más precaria la vida de nuestras familias y con ello se alejan las posibilidades de desarrollo por más que crezcan algunos sectores vinculados al comercio especulativo y a los monopolios de servicios y productos.
En el pasado, todavía hace menos de 20 años, el Estado contaba con una refinería de petróleo, con un Instituto para asegurar compra a precios justos a los productores y venta menos cara a las familias de escasos recursos, contaba con capacidad de producir azúcar y fomentaba la capacidad técnica para asistir a los agricultores.
Todas esas instituciones fueron privatizadas, se consideran obsoletas y se privilegia la protección a los monopolios privados, a los oligopolios y a la libertad total del mercado.
Ahora el Estado carece de instituciones y herramientas para proteger la sociedad en sus segmentos más vulnerables; el colmo es que al quitarnos la moneda propia se argumentaba que se protegía a la economía, ahora ya sabemos que tipo de protección nos trajo la dolarización y todavía desconocemos otros posibles efectos derivados de la devaluación de esta moneda frente a otras divisas internacionales.
El actual gobierno difícilmente de un solo paso para proteger la capacidad alimentaria, pero es hora de mirar en el horizonte aquéllas prácticas que puedan contribuir a mejorar nuestra capacidad para producir y subsistir.
En Nicaragua desde el gobierno se entregan animales para criar, semillas y otros elementos que le permita a los más pobres producir y asegurar la alimentación de sus familias; en los mercados de Guatemala las familias pueden adquirir a precios subsidiados plantas y semillas mejoradas para cultivos en pequeños huertos, y sin duda existirán otras prácticas posibles de analizar para inventar lo propio que nos permita hacer frente a la necesidad de alimentarnos en un momento en que se vuelven inaccesibles los productos de uso más común.
La Asamblea Legislativa bien pudiera echar una mirada a la situación y dictar medidas que obliguen al gobierno central a asumir políticas y acciones concretas orientadas a asegurar que tengamos la capacidad de adquirir los alimentos básicos especialmente por las familias más pobres y a su vez detener la especulación y las alzas de precios de los alimentos.
Las opciones populares para alimentarse a base de tortilla, arroz, frijoles y huevos, se nos escapan y con ello es previsible una crisis alimentaria y del estado de nutrición y de la salud de nuestra población que sin lugar a dudas afectará todavía más a las familias de los estratos sociales en los que se vive de ingresos eventuales y con bajos salarios, así como a las capas medias.
La magnitud de las alzas de precios en estos productos y en general de todos los alimentos y de la canasta básica deben llevarnos a reflexionar sobre el tipo de acciones que deberían asumirse desde las instancias de Estado para defendernos contra el hambre y la desnutrición, para mantener la capacidad adquisitiva del grupo básico de productos alimenticios que garanticen la subsistencia de las familias más pobres.
Que la libra de Frijoles se tenga que comprar a un dólar o más es realmente escandaloso y grave; una libra hoy cuesta lo que costaba media arroba hace pocos años.
Los productos lácteos incrementan de una semana a otra más del 20% y las verduras suben como a las nubes, se vuelven inalcanzables.
Esta situación de encarecimiento inexplicable nos revela la desprotección, la inseguridad alimentaria que se viene acumulando en el curso de los gobiernos areneros al debilitarse la agricultura y eliminarse las pequeñas opciones de protección que en algún momento tuvo nuestra sociedad.
Ninguna Defensoría está hecha para defendernos, ni para proteger la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores y familias con dificultades económicas.
Ni decir de los medicamentos, del combustible y otros elementos indispensables para la vida; como el agua, la energía eléctrica, el alquiler de la vivienda; todo, literalmente todo, se ha ido arriba, los alimentos se vuelven inaccesibles, se hace más precaria la vida de nuestras familias y con ello se alejan las posibilidades de desarrollo por más que crezcan algunos sectores vinculados al comercio especulativo y a los monopolios de servicios y productos.
En el pasado, todavía hace menos de 20 años, el Estado contaba con una refinería de petróleo, con un Instituto para asegurar compra a precios justos a los productores y venta menos cara a las familias de escasos recursos, contaba con capacidad de producir azúcar y fomentaba la capacidad técnica para asistir a los agricultores.
Todas esas instituciones fueron privatizadas, se consideran obsoletas y se privilegia la protección a los monopolios privados, a los oligopolios y a la libertad total del mercado.
Ahora el Estado carece de instituciones y herramientas para proteger la sociedad en sus segmentos más vulnerables; el colmo es que al quitarnos la moneda propia se argumentaba que se protegía a la economía, ahora ya sabemos que tipo de protección nos trajo la dolarización y todavía desconocemos otros posibles efectos derivados de la devaluación de esta moneda frente a otras divisas internacionales.
El actual gobierno difícilmente de un solo paso para proteger la capacidad alimentaria, pero es hora de mirar en el horizonte aquéllas prácticas que puedan contribuir a mejorar nuestra capacidad para producir y subsistir.
En Nicaragua desde el gobierno se entregan animales para criar, semillas y otros elementos que le permita a los más pobres producir y asegurar la alimentación de sus familias; en los mercados de Guatemala las familias pueden adquirir a precios subsidiados plantas y semillas mejoradas para cultivos en pequeños huertos, y sin duda existirán otras prácticas posibles de analizar para inventar lo propio que nos permita hacer frente a la necesidad de alimentarnos en un momento en que se vuelven inaccesibles los productos de uso más común.
La Asamblea Legislativa bien pudiera echar una mirada a la situación y dictar medidas que obliguen al gobierno central a asumir políticas y acciones concretas orientadas a asegurar que tengamos la capacidad de adquirir los alimentos básicos especialmente por las familias más pobres y a su vez detener la especulación y las alzas de precios de los alimentos.
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