sábado, noviembre 24, 2007

Demandan cambiar política contra la violencia en El Salvador

San Salvador, 23 nov (PL) Organismos humanitarios instaron al gobierno salvadoreño a cambiar de forma urgente la política diseñada para contrarrestar la violencia, que aniquiló a más de dos mil 976 personas en los primeros 10 meses de 2007.

Para Nelson Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, las políticas gubernamentales contra el mal erraron porque no privilegiaron la prevención y simplemente impulsaron aspectos de fuerza.


A la violencia hay que buscarle soluciones prácticas, es un tema difícil que debe afrontarse con medidas bien pensadas y desechando esquemas de lucha represiva, sugirió.

Miguel Montenegro, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, recordó que son casi 10 muertos diarios en el país y por ello conminó a un cambio urgente en las políticas de seguridad pública que las haga más efectivas.

El procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna, coincidió en la necesidad de evaluar la situación, porque la violencia no cede, los crímenes y asaltos siguen ocurriendo sin dar tregua y las medidas para enfrentarla se quedan cortas, según sus palabras.

Un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, reflejó el diario La Prensa Gráfica, constató que en la etapa padecieron por la criminalidad ascendente al menos 25 por ciento de las empresas y ello incidió en el clima de inversión.

Asesinatos, golpizas, secuestros, amenazas, extorsiones, robo de vehículos, mercadería y objetos de valor, están a la orden del día en calles y carreteras y afectan a este y al resto de los sectores sociales.

Mientras, la Policía, Fiscalía y el Instituto Forense, insisten en que la mayoría de estos delitos son cometidos por delincuentes comunes y pandilleros.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos adelantó que en consonancia con las opiniones de los organismos humanitarios analizará las políticas gubernamentales destinadas a acabar con la problemática y el papel ejercido por la Policía Nacional Civil.

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