San Salvador, 9 mar (PL) Con 689 asesinatos entre enero y febrero, el 2009 comenzó como el más violento en El Salvador durante el gobierno del presidente Elías Antonio Saca, según estadísticas publicadas hoy aquí.
De acuerdo con las proyecciones, de mantenerse esta tendencia el país cerraría el año con más de cuatro mil 500 homicidios, la cifra más alta desde que Saca tomó el poder en 2004, y posiblemente de la última década.
El director general de la Policía Nacional Civil, José Luis Tobar, citado por el semanario “El Faro”, atribuye la mayoría de los homicidios a las bandas maras y a la fuga de la cárcel de Saúl Turcios Ángel, alias El Trece, junto a un grupo de pandilleros.
Sin embargo, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, discrepa con esta afirmación porque decir eso, considera, es reconocer que una sola persona ha logrado doblarle el brazo a la institución encargada de la seguridad pública.
“Me parece que el tema no se enfrenta con seriedad. Las políticas han fallado y no se ha hecho un verdadero diagnóstico”, dijo Luna.
Denunció el Procurador que el gobierno en vez de adoptar medidas de prevención y resolver los problemas sociales, implementó la ley antimaras, amparada en la cual se hicieron capturas masivas de jóvenes, muchos de los cuales eran niños.
“Las medidas no han sido las más adecuadas, se sigue improvisando”, declaró.
Para el magistrado de conciencia el crimen aumentará mientras no se adopten políticas adecuadas para prevenir e investigar el delito y se carezca de un sistema de justicia eficaz que sancione a los responsables.
De acuerdo con las proyecciones, de mantenerse esta tendencia el país cerraría el año con más de cuatro mil 500 homicidios, la cifra más alta desde que Saca tomó el poder en 2004, y posiblemente de la última década.
El director general de la Policía Nacional Civil, José Luis Tobar, citado por el semanario “El Faro”, atribuye la mayoría de los homicidios a las bandas maras y a la fuga de la cárcel de Saúl Turcios Ángel, alias El Trece, junto a un grupo de pandilleros.
Sin embargo, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, discrepa con esta afirmación porque decir eso, considera, es reconocer que una sola persona ha logrado doblarle el brazo a la institución encargada de la seguridad pública.
“Me parece que el tema no se enfrenta con seriedad. Las políticas han fallado y no se ha hecho un verdadero diagnóstico”, dijo Luna.
Denunció el Procurador que el gobierno en vez de adoptar medidas de prevención y resolver los problemas sociales, implementó la ley antimaras, amparada en la cual se hicieron capturas masivas de jóvenes, muchos de los cuales eran niños.
“Las medidas no han sido las más adecuadas, se sigue improvisando”, declaró.
Para el magistrado de conciencia el crimen aumentará mientras no se adopten políticas adecuadas para prevenir e investigar el delito y se carezca de un sistema de justicia eficaz que sancione a los responsables.
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