(PL) Organizaciones sociales salvadoreñas se unieron hoy a la fuerte oleada de protestas contra las reformas migratorias sometidas a debate en el Senado de Estados Unidos.
Los predios de la embajada de ese país en la capital de El Salvador fueron el escenario donde coinciedieron en su discurso los más diversos sectores de la sociedad civil de esa nación centroamericana.
Con esas leyes el gobierno estadounidense deportará a los indocumentados, incluidos los salvadoreños, de manera acelerada, y sellará las fronteras con murallas y tecnología militar para reducir a cero la entrada de inmigrantes.
Además, en caso de que esas personas accedieran a visas de trabajo temporal tendrían que pagar una multa de unos mil dólares y los impuestos correspondientes a los años trabajados en Estados Unidos, y muchos llevan prácticamente una vida de forma ilegal.
Los manifestantes criticaron la posición del presidente norteamericano, George Bush, que sólo toma en cuenta a los salvadoreños como aliados para sus acciones interventoras en Iraq y no como contribuyentes al desarrollo de su país.
El Salvador es la única nación latinoamericana que mantiene fuerzas militares en Iraq desde el 2004, cuando el expresidente Francisco Flores envió soldados después de los bombardeos de la coalición anglosajona.
A pesar del rechazo de buena parte de la población, el actual gobernante, Elías Antonio Saca, ordenó incrementar el número de efectivos, cuando en realidad esos soldados debían dedicarse al desarrollo del país y a la lucha contra la inseguridad.
En El Salvador, alrededor del 60 por ciento de la población vive bajo el umbral de la pobreza, lo que obliga a más de 720 mil personas a abandonar el país cada año.
El 70 por ciento de las familias que se quedan sobreviven gracias a las remesas que los emigrantes envían desde el exterior, aunque en cantidades que muchas veces no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de alimentación, agua, electricidad, educación y salud.
Esos ingresos externos constituyen el 14 por ciento del Producto Interior Bruto, por encima de las exportaciones de café y las maquilas, las dos actividades económicas que sustentan la captación de divisas.
No obstante, no significan un logro, pues los principales sectores económicos permanecen estancados y las remesas, sin dudas, no sacarían al país de la pobreza.
La organizaciones sociales que protagonizaron la marcha de hoy aseguran que el país sólo ofrece cárcel a los jóvenes y no alternativas de estudio o trabajo.
A esto se suma el incremeto de la violencia, con 10 homicidios diarios como promedio, los cuales han colocado a la nación al mismo nivel de Colombia, que vive un conflicto armado.
Estos extremos hacen que los salvadoreños huyan desesperados, y que 2,3 millones, más de la tercera parte de la población, calculada en seis millones 700 mil habitantes, vivan en Estados Unidos y otros países.
Más allá de lo que significan las remesas, los activistas vaticinaron una serie de marchas a partir de la de hoy, en solidaridad con sus compatriotas emigrados, para los cuales exigen oportunidades laborales y trato digno.
En estas protestas los manifestantes apelarán a los instrumentos de Naciones Unidas como La Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los trabajadores Migrantes y sus Familias.
Ese mecanismo formaliza la responsabilidad de los Estados receptores para asegurar los derechos de los migrantes y su protección.
Miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, del Bloque Popular Social, de las Comunidades de Fe de la Iglesia Popular Luterana, y otras organizaciones coinciden en la necesidad de frenar esas medidas norteamericanas que contradicen a organismos internacionales.
A pesar de la lucha, estas fuerzas están convencidas de que las leyes que apruebe el Senado estadounidense no impedirán el flujo migratorio y sólo multiplicarán los peligros de los emigrantes para llegar a Estados Unidos.
Son tan graves los problemas de El Salvador, como el del resto de los países del Sur, que esas medidas no detendrán un proceso que mantiene a 12 millones de indocumentados en Estados Unidos.
La inexistencia de oportunidades de empleo, la pobreza, particularmente en las áreas rurales, son los principales propulsores de la migración internacional.
Lo más lamentable es que la mayoría son jóvenes, y más del 50 por ciento son personas económicamente activas, con edades que a veces no rebasan los 24 años.
Sin dudas, una pérdida importantísima de mano de obra para las naciones que urgen de avanzar en su desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida.
Los predios de la embajada de ese país en la capital de El Salvador fueron el escenario donde coinciedieron en su discurso los más diversos sectores de la sociedad civil de esa nación centroamericana.
Con esas leyes el gobierno estadounidense deportará a los indocumentados, incluidos los salvadoreños, de manera acelerada, y sellará las fronteras con murallas y tecnología militar para reducir a cero la entrada de inmigrantes.
Además, en caso de que esas personas accedieran a visas de trabajo temporal tendrían que pagar una multa de unos mil dólares y los impuestos correspondientes a los años trabajados en Estados Unidos, y muchos llevan prácticamente una vida de forma ilegal.
Los manifestantes criticaron la posición del presidente norteamericano, George Bush, que sólo toma en cuenta a los salvadoreños como aliados para sus acciones interventoras en Iraq y no como contribuyentes al desarrollo de su país.
El Salvador es la única nación latinoamericana que mantiene fuerzas militares en Iraq desde el 2004, cuando el expresidente Francisco Flores envió soldados después de los bombardeos de la coalición anglosajona.
A pesar del rechazo de buena parte de la población, el actual gobernante, Elías Antonio Saca, ordenó incrementar el número de efectivos, cuando en realidad esos soldados debían dedicarse al desarrollo del país y a la lucha contra la inseguridad.
En El Salvador, alrededor del 60 por ciento de la población vive bajo el umbral de la pobreza, lo que obliga a más de 720 mil personas a abandonar el país cada año.
El 70 por ciento de las familias que se quedan sobreviven gracias a las remesas que los emigrantes envían desde el exterior, aunque en cantidades que muchas veces no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de alimentación, agua, electricidad, educación y salud.
Esos ingresos externos constituyen el 14 por ciento del Producto Interior Bruto, por encima de las exportaciones de café y las maquilas, las dos actividades económicas que sustentan la captación de divisas.
No obstante, no significan un logro, pues los principales sectores económicos permanecen estancados y las remesas, sin dudas, no sacarían al país de la pobreza.
La organizaciones sociales que protagonizaron la marcha de hoy aseguran que el país sólo ofrece cárcel a los jóvenes y no alternativas de estudio o trabajo.
A esto se suma el incremeto de la violencia, con 10 homicidios diarios como promedio, los cuales han colocado a la nación al mismo nivel de Colombia, que vive un conflicto armado.
Estos extremos hacen que los salvadoreños huyan desesperados, y que 2,3 millones, más de la tercera parte de la población, calculada en seis millones 700 mil habitantes, vivan en Estados Unidos y otros países.
Más allá de lo que significan las remesas, los activistas vaticinaron una serie de marchas a partir de la de hoy, en solidaridad con sus compatriotas emigrados, para los cuales exigen oportunidades laborales y trato digno.
En estas protestas los manifestantes apelarán a los instrumentos de Naciones Unidas como La Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los trabajadores Migrantes y sus Familias.
Ese mecanismo formaliza la responsabilidad de los Estados receptores para asegurar los derechos de los migrantes y su protección.
Miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, del Bloque Popular Social, de las Comunidades de Fe de la Iglesia Popular Luterana, y otras organizaciones coinciden en la necesidad de frenar esas medidas norteamericanas que contradicen a organismos internacionales.
A pesar de la lucha, estas fuerzas están convencidas de que las leyes que apruebe el Senado estadounidense no impedirán el flujo migratorio y sólo multiplicarán los peligros de los emigrantes para llegar a Estados Unidos.
Son tan graves los problemas de El Salvador, como el del resto de los países del Sur, que esas medidas no detendrán un proceso que mantiene a 12 millones de indocumentados en Estados Unidos.
La inexistencia de oportunidades de empleo, la pobreza, particularmente en las áreas rurales, son los principales propulsores de la migración internacional.
Lo más lamentable es que la mayoría son jóvenes, y más del 50 por ciento son personas económicamente activas, con edades que a veces no rebasan los 24 años.
Sin dudas, una pérdida importantísima de mano de obra para las naciones que urgen de avanzar en su desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida.
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