Mario Hubert Garrido
Tomado de Prensa Latina
La Habana, 7 abr (PL) El contrabando de personas y las políticas migratorias selectivas acusan hoy a la administración estadounidense por convertir esas tragedias sociales en otro negocio de suculentos ingresos.
Cada vez con mayor frecuencia, los comerciantes de seres humanos aprovechan necesidades económicas para cobrar altas cifras por su transporte al norteño país, con la connivencia del gobierno.
Sin embargo, junto al saqueo de los recursos de los países subdesarrollados por las naciones industrializadas, ninguna de las legislaciones adoptadas por la Casa Blanca para combatir ese flagelo ubica a la pobreza como la causa principal de la inmigración.
De otro lado, el arribo creciente de indocumentados es presentado por los grandes medios como un factor de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En ese sentido se les identifica con el pretexto para desarrollar la industria militar y organizar guerras preventivas que disfrazan agresiones a otras naciones catalogadas como "terroristas".
En Washington el tráfico humano se conecta además con la utilización de niñas y mujeres, a quienes se les facilita la entrada ilegal para hacerlas ejercer la prostitución y formar parte de otro gran negocio donde son las más humilladas y explotadas.
La selección del tipo de inmigrantes es vista además como una vía de oficializar el robo de cerebros y de cambiar el permiso de entrada a un país por su explotación dura, lo cual expresa el desconocimiento de sus niveles académicos.
En el caso de Cuba son crecientes las denuncias sobre el trasiego ilícito de personas a través de Cancún, Islas Mujeres y otros puntos de Quintana Roo hacia Estados Unidos.
La víspera, el sitio Web poresto.net explicó el estrecho vínculo de organizaciones terroristas anticubanas con el gobierno de George W. Bush, aliados en la transportación de ilegales.
De acuerdo con ese medio digital, Isla Mujeres es ya un paso obligado para personas que llegan por grupos y a cualquier hora del día.
También apunta que desde ese trampolín es incierto el destino final de las personas, entre ellas muchos menores de edad, porque la delegación regional del Instituto Nacional de Migración (INM) nunca revela hacia dónde los conduce.
Cuestiona además que los ilegales sean asegurados y no se abunde en investigaciones para frenar las actividades delictivas de miembros de la Fundación Nacional Cubano-Americana, organización de la extrema derecha en Miami.
Los inmigrantes de la Isla se arriesgan a cruzar el océano para luego acogerse a la llamada Ley de Ajuste Cubano, promulgada en 1966.
Esa legislación otorga al cubano que pise suelo estadounidense el derecho de optar por la residencia legal y de trabajar allí. Sin embargo los viajeros interceptados en el mar deben ser devueltos a La Habana, en cumplimiento de convenios bilaterales.
Para el presidente Fidel Castro, esa norma es una violación de acuerdos bilaterales suscritos en 1994 y 1995.
"A todo el que no le dan visa lo incitan a marchar ilegalmente", sentenció sobre el tema.
Cuba responsabiliza al gobierno de Estados Unidos del tráfico de personas, al cual vincula también a México y otras naciones del área cuyas autoridades son tolerantes.
En ese sentido condenan que los respectivos gobiernos no ponen interés en la devolución de las personas que lleguen a sus costas, estimulando así el uso de sus territorios como puente.
Fuentes gubernamentales cubanas aseguran que los traficantes que salen del balneario mexicano de Cancún o desde el meridional estado norteamericano de La Florida en busca de emigrantes irregulares, cobran hasta 10 mil dólares por persona.
Desde ese país, trasladan a sus pasajeros hacia Estados Unidos por avión, mar o tierra, en un trasiego ilícito que suele mezclarse con el de drogas, añaden.
Para varios analistas, cada travesía insegura que involucra a seres humanos en su afán por emigrar a Estados Unidos los expone a la muerte y tiene en sus raíces un sello criminal, además de su carácter lucrativo.
Sin embargo, Estados Unidos vuelve la espalda a acuerdos bilaterales y regionales que regulan las políticas migratorias.
Estadísticas recientes estiman que la Florida ocupa el tercer lugar en el tráfico humano, después de California y Nueva York.
Según autoridades cubanas, mientras Estados Unidos obstaculiza el normal flujo migratorio y estimula las salidas ilegales, cobija en su territorio a criminales de la talla de Luis Posada Carriles.
De 78 años, Posada Carriles fue detenido por policías federales en mayo de 2005 luego de penetrar furtivamente en territorio estadounidense, presuntamente a través de la frontera mexicana.
Entre otras fechorías, Posada es acusado por el gobierno de La Habana de ser el jefe de un comando terrorista que en 1976 hizo explotar en pleno vuelo un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo.
Además estuvo vinculado a una cadena de atentados con bombas contra hoteles habaneros en 1997, que causaron la muerte de un turista italiano y serios daños materiales.
Pese a ese historial delictivo, Carriles, nacionalizado venezolano, permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses durante un tiempo indeterminado, según el federal Control de Inmigración y Aduanas.
Influyentes figuras políticas y medios estadounidenses exigen a la Casa Blanca que le sea negado el asilo político al detenido, por su historial terrorista y las consecuencias que tendría para Washington dar cobija a tal delincuente.
La Habana, 7 abr (PL) El contrabando de personas y las políticas migratorias selectivas acusan hoy a la administración estadounidense por convertir esas tragedias sociales en otro negocio de suculentos ingresos.
Cada vez con mayor frecuencia, los comerciantes de seres humanos aprovechan necesidades económicas para cobrar altas cifras por su transporte al norteño país, con la connivencia del gobierno.
Sin embargo, junto al saqueo de los recursos de los países subdesarrollados por las naciones industrializadas, ninguna de las legislaciones adoptadas por la Casa Blanca para combatir ese flagelo ubica a la pobreza como la causa principal de la inmigración.
De otro lado, el arribo creciente de indocumentados es presentado por los grandes medios como un factor de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En ese sentido se les identifica con el pretexto para desarrollar la industria militar y organizar guerras preventivas que disfrazan agresiones a otras naciones catalogadas como "terroristas".
En Washington el tráfico humano se conecta además con la utilización de niñas y mujeres, a quienes se les facilita la entrada ilegal para hacerlas ejercer la prostitución y formar parte de otro gran negocio donde son las más humilladas y explotadas.
La selección del tipo de inmigrantes es vista además como una vía de oficializar el robo de cerebros y de cambiar el permiso de entrada a un país por su explotación dura, lo cual expresa el desconocimiento de sus niveles académicos.
En el caso de Cuba son crecientes las denuncias sobre el trasiego ilícito de personas a través de Cancún, Islas Mujeres y otros puntos de Quintana Roo hacia Estados Unidos.
La víspera, el sitio Web poresto.net explicó el estrecho vínculo de organizaciones terroristas anticubanas con el gobierno de George W. Bush, aliados en la transportación de ilegales.
De acuerdo con ese medio digital, Isla Mujeres es ya un paso obligado para personas que llegan por grupos y a cualquier hora del día.
También apunta que desde ese trampolín es incierto el destino final de las personas, entre ellas muchos menores de edad, porque la delegación regional del Instituto Nacional de Migración (INM) nunca revela hacia dónde los conduce.
Cuestiona además que los ilegales sean asegurados y no se abunde en investigaciones para frenar las actividades delictivas de miembros de la Fundación Nacional Cubano-Americana, organización de la extrema derecha en Miami.
Los inmigrantes de la Isla se arriesgan a cruzar el océano para luego acogerse a la llamada Ley de Ajuste Cubano, promulgada en 1966.
Esa legislación otorga al cubano que pise suelo estadounidense el derecho de optar por la residencia legal y de trabajar allí. Sin embargo los viajeros interceptados en el mar deben ser devueltos a La Habana, en cumplimiento de convenios bilaterales.
Para el presidente Fidel Castro, esa norma es una violación de acuerdos bilaterales suscritos en 1994 y 1995.
"A todo el que no le dan visa lo incitan a marchar ilegalmente", sentenció sobre el tema.
Cuba responsabiliza al gobierno de Estados Unidos del tráfico de personas, al cual vincula también a México y otras naciones del área cuyas autoridades son tolerantes.
En ese sentido condenan que los respectivos gobiernos no ponen interés en la devolución de las personas que lleguen a sus costas, estimulando así el uso de sus territorios como puente.
Fuentes gubernamentales cubanas aseguran que los traficantes que salen del balneario mexicano de Cancún o desde el meridional estado norteamericano de La Florida en busca de emigrantes irregulares, cobran hasta 10 mil dólares por persona.
Desde ese país, trasladan a sus pasajeros hacia Estados Unidos por avión, mar o tierra, en un trasiego ilícito que suele mezclarse con el de drogas, añaden.
Para varios analistas, cada travesía insegura que involucra a seres humanos en su afán por emigrar a Estados Unidos los expone a la muerte y tiene en sus raíces un sello criminal, además de su carácter lucrativo.
Sin embargo, Estados Unidos vuelve la espalda a acuerdos bilaterales y regionales que regulan las políticas migratorias.
Estadísticas recientes estiman que la Florida ocupa el tercer lugar en el tráfico humano, después de California y Nueva York.
Según autoridades cubanas, mientras Estados Unidos obstaculiza el normal flujo migratorio y estimula las salidas ilegales, cobija en su territorio a criminales de la talla de Luis Posada Carriles.
De 78 años, Posada Carriles fue detenido por policías federales en mayo de 2005 luego de penetrar furtivamente en territorio estadounidense, presuntamente a través de la frontera mexicana.
Entre otras fechorías, Posada es acusado por el gobierno de La Habana de ser el jefe de un comando terrorista que en 1976 hizo explotar en pleno vuelo un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo.
Además estuvo vinculado a una cadena de atentados con bombas contra hoteles habaneros en 1997, que causaron la muerte de un turista italiano y serios daños materiales.
Pese a ese historial delictivo, Carriles, nacionalizado venezolano, permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses durante un tiempo indeterminado, según el federal Control de Inmigración y Aduanas.
Influyentes figuras políticas y medios estadounidenses exigen a la Casa Blanca que le sea negado el asilo político al detenido, por su historial terrorista y las consecuencias que tendría para Washington dar cobija a tal delincuente.
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