lunes, febrero 16, 2009

La vigilancia ciudadana compensará incumplimiento de instituciones

Licda. Norma Guevara de Ramirios

Una lección de las elecciones recién pasadas el 18 de enero es el papel relevante que juega la observación de la ciudadanía al proceso electoral, para detectar violaciones a la ley por parte de funcionarios públicos y particulares con intenciones de alterar resultados electorales. Por primera vez se desarrolló observación electoral nacional. El IUDOP apoyado por el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, la Procuraduría de Derechos Humanos, observaron el proceso, y Fespad focalizó su observación sobre la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral, TSE.

Adicionalmente a esos procesos organizados, la ciudadanía estuvo informando de hechos indebidos a través de las radioemisoras Maya Visión y Radio Cadena Mi Gente; y otros sencillamente informando por teléfono, o visitas a los locales del FMLN para avisar de movilizaciones de personas extranjeras para votar, como si un proceso serio, para elegir autoridades, fuese una suerte de turismo electoral o mercado de votos. Esta vigilancia permitió ubicar paso de hondureños, nicaragüenses o guatemaltecos por puntos ciegos y fronterizos.

Entre los hechos informados por la ciudadanía resaltan el transporte hacia el exterior de vehículos con placas particulares que supuestamente fueron detenidos por agentes policiales y que llevaban documentos de identidad sin que se procediera contra ellos; la presencia de trabajadores de origen nicaragüense en fincas y haciendas especialmente en el oriente del país listos para votar; la invasión de los Duicentros para documentar personas llevadas por Arena; dicho sea de paso, a estas quejas que fueron abundantes y llegaron hasta el propio domingo 18, los DUICENTROS no permitieron el acceso a los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de que un hecho electoral relevante es aclarar quienes obtienen un DUI.

Es la ciudadanía quien da información de la utilización de instalaciones estatales como ANDA, del CNR, del Ministerio de Gobernación y otros, como sitios para albergar a personas que evidentemente no viven en San Salvador y que son movilizados para votar.

Es la ciudadanía la que informa de las altas concentraciones de personas en la empresa SERCONCE, algunos detenidos y confesos el propio 18 de enero en instalaciones de ANDA. Se dice que personas que no son del país o que son de otros municipios en esa empresa se les da DUI y se les asignan centros de votación para participar como vigilantes de Arena o en mesa.

Esa empresa gana jugosas utilidades vendiendo servicio a empresas estatales como el Instituto del Seguro Social, Lotería Nacional de Beneficencia, Ministerio de Obras Públicas y otros; llama particularmente la atención y debiera ser objeto de investigación por la Asamblea Legislativa, el hecho de que sólo el Seguro Social le otorgue mediante licitación un monto de 3 millones de dólares a SERCONSE. Nadie ignora que son dirigentes del partido Arena los que hacen negocio de armas y de seguridad privada y ahora lo nuevo es que las entidades estatales son clientes que le aseguran jugosas ganancias.

¿Ante que entidad denunciar esto? La fiscalía parece, a juzgar por su papel jugado el 18 de enero, una seccional de Arena. Con ausencia en los centros de votación, actuando negligentemente en casos probados como el de la compra de votos por una mujer arenera en el municipio de San Agustín; hasta en el escrutinio final daban la impresión de desconocer el Código Electoral. Ganan dinero mediante contrato por parte de la Fiscalía electoral para dejar hacer y dejar pasar y más bien, proteger al partido en el gobierno.

Esto evidencia la debilidad institucional, y frente a semejantes vacíos, sólo la vigilancia y el conocimiento ciudadano puede refrenar el cinismo y los abusos para disminuir conductas ilegales de los grupos que ahora dirigen en el partido de gobierno.

Es necesario hacer ver a la ciudadanía humilde, presionada por empresas para oír a extranjeros que vienen a abogar por la permanencia de Arena en el gobierno, que son personas con derechos y dignidad, que aunque participen en esas presentaciones de guerra sicológica, a la hora de votar deben hacerlo guiados con su propia conciencia. Ni el más famoso salón de belleza que les amenace, e incluso despida, está por encima del interés nacional de recuperar el papel de las instituciones estatales y el respeto a las personas, el debido proceso y la justicia. Eso será posible con Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén y el FMLN, el cambio seguro donde se dignifique el papel de las instituciones; para mientras, la vigilancia y crítica ciudadana debe seguir para asegurar el cambio seguro.

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