viernes, febrero 13, 2009

Juez Español investirá la masacre de los jesuitas

Actualización de CISPES

Juez Español investirá la masacre de los jesuitas

El 13 de enero de 2009, el juez Eloy Velasco de Madrid, España, anuncio que investigaría los cargos que la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco (CJA) se presento contra 14 miembros del ejército de El Salvador por su participación en la muerte de seis sacerdotes Jesuitas, la ama de casa y su hija en el 16 de noviembre de 1989. Juez Velasco cito al Tribunal español con jurisdicción universal en su decisión de proceder con este caso en contra de los oficiales del ejército.

La APDHE y CJA también presentaron cargos contra el anterior presidente de el Salvador, Alfredo Cristiani, por su involucramiento en encubrir el crimen. Sin embargo el juez Velasco, no acepto estos cargos, discutiendo que no caen bajo el principio de jurisdicción universal. Grupos Salvadoreños e internacionales de derechos humanos esperan que la investigación de los 14 oficiales del ejército lleve a una decisión que también investigue a Cristiani.

David Morales, un abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en San Salvador, piensa que la investigación confirmara que los 14 oficiales del ejército son culpables del crimen.

Dos miembros del ejército que acusados del crimen fueron condenados por una corte Salvadoreña en 1991. Sin embargo, bajo la aprobación de una ley de amnistía, que prohíbe la persecución de crímenes cometidos durante la guerra civil de El Salvador, hizo que los acusados salieran libres acción que construyo la base para que la impunidad y violación de derechos humanos en El Salvador se sigan dando hasta el día de hoy. La decisión de investigar este caso son “noticias que favorecen el esfuerzo de ponerle un fin a la impunidad en este país,” dijo Morales.

La propuse de Ley sobre Concesión Portuaria le podría hacer propietarios del 90% a compañías extranjeras

En el 23 de enero, el Ministerio de Obras Publicas de El Salvador, junto con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), presento una ley portuaria de la concesión por consideración de la Asamblea Legislativa nacional. La ley concedería 90% de la propiedad y administración de los dos puertos de El Salvador, Acajutla y La Unión, el cual fue recientemente terminado, a una compañía privada, dejando el resto de 10% de propiedad y administración en las manos del estado. El día antes de que la ley fuera presentada, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) quienes discutieron la inconstitucionalidad de ley de concesiones, antepuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en contra su aprobación.

El presidente salvadoreño, Tony Saca, ha suplicado a la Asamblea Legislativa que aprueba la ley – lo cual puede ser aprobada por mayoría simple de votos de 43 diputados legislativos – antes que su periodo en la presidencia concluya el 1 de Junio de este año. “Deberían hacer el esfuerzo de estudiar el tema de los puertos porque, tan pronto como hagan esto, muchas de las dudas que ha surgido las podremos aclarar,” indicó Saca. Las facciones legislativas del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN), El Partido Nacional de la Conciliación (PCN), y el Partido para Cambio Democrático (CD), estuvieron de acuerdo de que no hay prisa para aprobar la ley, y que una cuestión de tal importancia para el país merece un análisis profundo. El Parido Democrático Cristiano (PDC) dice que esta listo para aprobar la ley, pero con un enmienda de que se le de el 100% de la propiedad y administración a un operador internacional. Diputados del FMLN han dicho que solamente aprobarían una ley de concesión que diera el 49% de la propiedad a la compañía extranjera, y que mantenga el 51% de control del estado.

El nuevo puerto de La Unión, ha sido promovido como un lugar que facilitaría el comercio entre toda Latinoamérica, Asia, y Europa. Hasta la fecha, compañías de Los Estados Unidos, Japón, Árabes Unidos, Las Filipinas, y Bélgica, han expresado interés en operar los puertos. La compañía o compañías que reciban derechos de los puertos, podrían operar, mantener, equipar, y desarrollar la infraestructura del sistema de puertos de El Salvador.

La privatización del sistema de puertos en El Salvador seria un paso adicional dentro de las políticas neoliberal que la administración Saca ha dado, para continuar aumentando el trabajo de las tres administraciones anteriores del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quienes han perseguido el empuje de las políticas de los Estados Unidos y otros acreedores extranjeros.

Estas políticas han lanzado a El Salvador en una crisis económica, ya que estas han puesto los recursos, servicios, e infraestructura del país a disposición de compañías privadas – en su mayoría extranjera - en vez de beneficiar a la población.

Presión de la Empresa Pacific Rim Mining se intensifica, Activista contra minería es asaltado en un casa

La comunidad de San Isidro, Cabañas en El Salvador ha sido el sitio de una fuerte resistencia contra la minería de oro desde el 2006, cerrando con eficiencia la mina El Dorado y ganando una victoria contra la empresa minera Canadiense Pacific Mining Company. En el 31 de enero, el activista contra la explotación minera, Héctor Berríos, fue asaltado, tras lo que parece ser un esfuerzo para terminar con su trabajo en contra la minería en San Isidro.

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