San Salvador(PL). Acampados frente a la Alameda Juan Pablo II, próxima a sedes ministeriales del gobierno, familiares de presos salvadoreños exigen hoy, por segundo día consecutivo, reformas al sistema carcelario nacional.
Los manifestantes aseguran que las leyes penitenciarias violan los elementales derechos humanos de sus parientes encarcelados.
Las peticiones redundan en la derogatoria de las leyes que permiten trasladar a líderes de pandillas o maras hacia cárceles de alta seguridad.
Las instrucciones administrativas incluyen prohibiciones a la visita de hijos a sus padres o madres en prisión, sin antes presentar un documento de paternidad, lo cual infringe el derecho de los infantes a ver a sus progenitores.
También a los penados se les restringen las visitas y el movimiento libre dentro de las edificaciones.
Miembros del Comité de Familiares y Amigos de Presos de El Salvador comentaron su deseo de finalizar la medida de presión si la administración les prometía dialogar sobre tal situación.
Al unísono, las autoridades de dos cárceles salvadoreñas permanecen en estado de alerta desde que mil 700 internos protagonizan una huelga de hambre, que cumple este sábado su cuarto día, por similares motivos.
El Salvador está calificado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como el país más violento de Latinoamérica, por sus altas tasas de homicidios, robos y violaciones sexuales.
Los 21 reclusorios nacionales tenían al terminar el 2005 una población de 12 mil 99 internos, aunque la capacidad instalada es para siete mil 572.
Al hacinamiento dominante en la mayoría de los centros penitenciarios se añade la lentitud en los procesos judiciales, pues sólo siete mil 904 de los privados de libertad tienen una condena, de acuerdo con cifras oficiales.
Los manifestantes aseguran que las leyes penitenciarias violan los elementales derechos humanos de sus parientes encarcelados.
Las peticiones redundan en la derogatoria de las leyes que permiten trasladar a líderes de pandillas o maras hacia cárceles de alta seguridad.
Las instrucciones administrativas incluyen prohibiciones a la visita de hijos a sus padres o madres en prisión, sin antes presentar un documento de paternidad, lo cual infringe el derecho de los infantes a ver a sus progenitores.
También a los penados se les restringen las visitas y el movimiento libre dentro de las edificaciones.
Miembros del Comité de Familiares y Amigos de Presos de El Salvador comentaron su deseo de finalizar la medida de presión si la administración les prometía dialogar sobre tal situación.
Al unísono, las autoridades de dos cárceles salvadoreñas permanecen en estado de alerta desde que mil 700 internos protagonizan una huelga de hambre, que cumple este sábado su cuarto día, por similares motivos.
El Salvador está calificado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como el país más violento de Latinoamérica, por sus altas tasas de homicidios, robos y violaciones sexuales.
Los 21 reclusorios nacionales tenían al terminar el 2005 una población de 12 mil 99 internos, aunque la capacidad instalada es para siete mil 572.
Al hacinamiento dominante en la mayoría de los centros penitenciarios se añade la lentitud en los procesos judiciales, pues sólo siete mil 904 de los privados de libertad tienen una condena, de acuerdo con cifras oficiales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario