(PL) La crisis en el sistema judicial influye negativamente en la eficacia de las autoridades para combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad, denunció hoy la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
Los altos índices de homicidios, ascendentes a 10 muertes por día, y otros hechos violentos existentes en El Salvador, no se resuelven con excesivas penas carcelarias, ni con medidas represivas gubernamentales para frenar flagelos sociales, comunicó el organismo.
Las instituciones que conforman el sistema judicial nacional deberían garantizar en forma conjunta el debido proceso, el acceso a la justicia, la persecución del delito y el esclarecimiento de la verdad, expresó.
Afirmó que la persecución de jóvenes por el mero hecho de estar tatuados, la reducción de visitas a familiares a presos, la falta de iniciativas de reeducación social, y el retardo de juicios, provocan una tendencia ciudadana al odio.
La nación carece de programas de adaptación a la comunidad de jóvenes pandilleros, quienes al salir de la cárcel generalmente vuelven a delinquir por la ausencia de alternativas de estudio o trabajo, agregó.
Además de la extrema agresividad y el auge de la delincuencia, en este país centroamericano existe una grave situación de desempleo, salud, falta de servicios sociales básicos, y pobreza, que abarca a más del 60 por ciento de la población, abundó la Procuraduría.
Lo anterior, aseveró la entidad humanitaria, genera más violencia y desnaturaliza constantemente el respeto a la vida y la dignidad del hombre.
Los altos índices de homicidios, ascendentes a 10 muertes por día, y otros hechos violentos existentes en El Salvador, no se resuelven con excesivas penas carcelarias, ni con medidas represivas gubernamentales para frenar flagelos sociales, comunicó el organismo.
Las instituciones que conforman el sistema judicial nacional deberían garantizar en forma conjunta el debido proceso, el acceso a la justicia, la persecución del delito y el esclarecimiento de la verdad, expresó.
Afirmó que la persecución de jóvenes por el mero hecho de estar tatuados, la reducción de visitas a familiares a presos, la falta de iniciativas de reeducación social, y el retardo de juicios, provocan una tendencia ciudadana al odio.
La nación carece de programas de adaptación a la comunidad de jóvenes pandilleros, quienes al salir de la cárcel generalmente vuelven a delinquir por la ausencia de alternativas de estudio o trabajo, agregó.
Además de la extrema agresividad y el auge de la delincuencia, en este país centroamericano existe una grave situación de desempleo, salud, falta de servicios sociales básicos, y pobreza, que abarca a más del 60 por ciento de la población, abundó la Procuraduría.
Lo anterior, aseveró la entidad humanitaria, genera más violencia y desnaturaliza constantemente el respeto a la vida y la dignidad del hombre.
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