Aunque la principal y peor forma de violencia que sufrimos en nuestra sociedad salvadoreña es la violencia institucional que se produce y fomenta desde las estructuras más altas del Estado, ésta, como la muerte silenciosa, se esconde y haciendo a un lado la responsabilidad gubernamental de proveer seguridad a toda la población, deja que se incrementen las acciones criminales contra la gente hasta generar la percepción generalizada de que la inseguridad es el más grave problema y sobre esa base surge siempre la principal promesa electoral de la derecha: mano dura!, mano súper dura!, fin a los malacates, penas infinitas! ... ¿y qué han hecho durante todo el tiempo que no sea fomentar y exacerbar la violencia de todo género? ¿Cómo pueden prometer lo contrario de lo que hacen?
Ahora, en esta campaña electoral el partido de gobierno promete de manera más precisa cambiar las leyes para acabar con la delincuencia, leyes que han reformado cientos de veces; promete hacer a un lado a los jueces y convertirlos en porteros de las cárceles para que ninguna persona que capture la policía se escape de la cárcel; al fin y al cabo que si es inocente o culpable eso no importa. Les importa el efecto emocional, no la verdad ni la justicia.
La derecha promete anexar los agentes municipales a la PNC; aunque la Ley le da a cada uno funciones diferentes, quieren generar la idea de que ahora y con eso sí van a resolver la inseguridad. Se les olvida decir que ni siquiera han tenido voluntad de elegir a un Fiscal General de la República que verdaderamente sea ajeno a la impunidad y que deje de ser tapadera de todos los desmanes que cometen funcionarios como el ex Director del Seguro Social que desapareció con 86 millones de colones, o al Presidente de ANDA, que lo mantienen en París para que no señale a los otros que le ayudaron a desfalcar al Estado y a toda la gente que paga el recibo de agua.
Al partido de derecha se le olvida que está fresquito el aberrante y bochornoso revés que las presiones de los bancos le impusieron al país doblando la voluntad de la Corte Suprema de Justicia que impide a la Sección de Probidad que se investigue el enriquecimiento ilícito de funcionarios del Gobierno antecesor de Saca, hablan con voz altisonante, cámaras y despliegue de fuerza cuando la gente casi muerta de hambre por los 70 centavos de dólar por arroba en la corta de café se decide a pepenar los últimos granos ajenos; pero dejan para la noche y el silencio las ocasiones en que deciden apalancar un banco con más de mil millones de colones.
La falta de jabón y papel higiénico y pupitres en las escuelas públicas es violenta exigencia a las familias pobres; la carencia de suficientes escuelas públicas es violento arrinconamiento a las familias con escasos recursos, la falta de medicamentos, equipos en los hospitales es violencia sicológica de la familia que ve morir a su gente.
El vacío que deja la existencia de justicia, se llena con la violencia, por eso las sociedades en las cuales los funcionarios cumplen la ley, existen salarios justos, se provee de seguridad social, en esas sociedades existen menos actos de violencia, en esencia, la violencia que vivimos expresa la destrucción del bien publico y la tolerancia a la injusticia desde el gobierno central y las entidades llamadas a impedir la impunidad, y esas estructuras de poder procuran afanosamente reproducirse justamente en períodos electorales.
El pregón desde la derecha en contra de la violencia es falso, es un canto de sirena, es hipócrita y es al mismo tiempo expresión de temor a que la población tome conciencia de la realidad y se decida a cambiar, a asumir su potestad de soberano, temen que estos procesos generen reflexión y decisión de la gente por un camino propio, más libre de esa muerte silenciosa que es la violencia institucional.
De allí la importancia de campañas centradas en el debate y análisis de propuestas municipales y legislativas.
Ahora, en esta campaña electoral el partido de gobierno promete de manera más precisa cambiar las leyes para acabar con la delincuencia, leyes que han reformado cientos de veces; promete hacer a un lado a los jueces y convertirlos en porteros de las cárceles para que ninguna persona que capture la policía se escape de la cárcel; al fin y al cabo que si es inocente o culpable eso no importa. Les importa el efecto emocional, no la verdad ni la justicia.
La derecha promete anexar los agentes municipales a la PNC; aunque la Ley le da a cada uno funciones diferentes, quieren generar la idea de que ahora y con eso sí van a resolver la inseguridad. Se les olvida decir que ni siquiera han tenido voluntad de elegir a un Fiscal General de la República que verdaderamente sea ajeno a la impunidad y que deje de ser tapadera de todos los desmanes que cometen funcionarios como el ex Director del Seguro Social que desapareció con 86 millones de colones, o al Presidente de ANDA, que lo mantienen en París para que no señale a los otros que le ayudaron a desfalcar al Estado y a toda la gente que paga el recibo de agua.
Al partido de derecha se le olvida que está fresquito el aberrante y bochornoso revés que las presiones de los bancos le impusieron al país doblando la voluntad de la Corte Suprema de Justicia que impide a la Sección de Probidad que se investigue el enriquecimiento ilícito de funcionarios del Gobierno antecesor de Saca, hablan con voz altisonante, cámaras y despliegue de fuerza cuando la gente casi muerta de hambre por los 70 centavos de dólar por arroba en la corta de café se decide a pepenar los últimos granos ajenos; pero dejan para la noche y el silencio las ocasiones en que deciden apalancar un banco con más de mil millones de colones.
La falta de jabón y papel higiénico y pupitres en las escuelas públicas es violenta exigencia a las familias pobres; la carencia de suficientes escuelas públicas es violento arrinconamiento a las familias con escasos recursos, la falta de medicamentos, equipos en los hospitales es violencia sicológica de la familia que ve morir a su gente.
El vacío que deja la existencia de justicia, se llena con la violencia, por eso las sociedades en las cuales los funcionarios cumplen la ley, existen salarios justos, se provee de seguridad social, en esas sociedades existen menos actos de violencia, en esencia, la violencia que vivimos expresa la destrucción del bien publico y la tolerancia a la injusticia desde el gobierno central y las entidades llamadas a impedir la impunidad, y esas estructuras de poder procuran afanosamente reproducirse justamente en períodos electorales.
El pregón desde la derecha en contra de la violencia es falso, es un canto de sirena, es hipócrita y es al mismo tiempo expresión de temor a que la población tome conciencia de la realidad y se decida a cambiar, a asumir su potestad de soberano, temen que estos procesos generen reflexión y decisión de la gente por un camino propio, más libre de esa muerte silenciosa que es la violencia institucional.
De allí la importancia de campañas centradas en el debate y análisis de propuestas municipales y legislativas.
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