(PL) EL Centro de Tecnología Apropiada (CESTA) y varias agrupaciones ambientalistas de Centroamérica, exigieron hoy al gobierno salvadoreño no desarrollar proyectos de explotación minera.
Según Ricardo Navarro, director del CESTA, los costos serán mayores que los beneficios, porque esos proyectos terminarán con la agricultura y con las demás actividades económicas que desarrolla la población de la zona norte del país.
Actualmente más de 20 empresas mineras tienen autorización del Ministerio de Economía para explotar mil 290 kilómetros cuadrados en Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión, explicó Navarro.
El ambientalista asegura que esas empresas sólo esperan los permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las compañías, como las transnacionales canadienses Pacific Rim y Martinique Minerals, pretenden obtener oro, plata y otros minerales, en procesos de extracción para lo que se utilizan enormes cantidades de agua y materiales tóxicos como el cianuro.
CESTA y otras organizaciones ecologistas llevan a cabo la campaña "Centroamérica No está en Venta" que lucha contra proyectos como esos enmarcados en una nueva "fiebre del oro".
El director de Cesta, amigos de la tierra, advirtió que esos planes continuarán con el "saqueo de los recursos minerales" en el sureste mexicano y en la región, sobre la infraestructura del Plan Puebla Panamá.
La construcción de la carretera Longitudinal del Norte y las represas El Cimarrón y El Chaparral proveerán de servicios viales y de energía eléctrica a las compañías mineras, y no a las comunidades, señalo Navarro.
"Llamamos al Gobierno a que piense en que los enormes daños causados al agua, la flora y a los demás recursos naturales son irreversibles, como también lo son los perjuicios a la salud y a la forma de vida de la población", alertó.
Navarro recordó un estudio de impacto ambiental de la minería realizado por el experto canadiense Robert Morán y la Asociación de Desarrollo Económico Social.
Las conclusiones de dicha investigación citan que "en un país donde se toman en cuenta las consideraciones ambientales mínimas, proyectos como los propuestos por Pacific Rim, en Cabañas, no serían aprobados, porque los daños son demasiados".
Una vez causados los perjuicios, el Estado no podrá detener a las empresas porque éstas lo demandarán ante tribunales de la OMC, alertó.
Seguramente ese tribunal condene al Estado por afectar las posibles ganancias de las compañías, tal como le sucedió a México, Bolivia y Costa Rica, que han pagado millonarias indemnizaciones por revertir proyectos de este tipo, advirtió CESTA.
Según Ricardo Navarro, director del CESTA, los costos serán mayores que los beneficios, porque esos proyectos terminarán con la agricultura y con las demás actividades económicas que desarrolla la población de la zona norte del país.
Actualmente más de 20 empresas mineras tienen autorización del Ministerio de Economía para explotar mil 290 kilómetros cuadrados en Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión, explicó Navarro.
El ambientalista asegura que esas empresas sólo esperan los permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las compañías, como las transnacionales canadienses Pacific Rim y Martinique Minerals, pretenden obtener oro, plata y otros minerales, en procesos de extracción para lo que se utilizan enormes cantidades de agua y materiales tóxicos como el cianuro.
CESTA y otras organizaciones ecologistas llevan a cabo la campaña "Centroamérica No está en Venta" que lucha contra proyectos como esos enmarcados en una nueva "fiebre del oro".
El director de Cesta, amigos de la tierra, advirtió que esos planes continuarán con el "saqueo de los recursos minerales" en el sureste mexicano y en la región, sobre la infraestructura del Plan Puebla Panamá.
La construcción de la carretera Longitudinal del Norte y las represas El Cimarrón y El Chaparral proveerán de servicios viales y de energía eléctrica a las compañías mineras, y no a las comunidades, señalo Navarro.
"Llamamos al Gobierno a que piense en que los enormes daños causados al agua, la flora y a los demás recursos naturales son irreversibles, como también lo son los perjuicios a la salud y a la forma de vida de la población", alertó.
Navarro recordó un estudio de impacto ambiental de la minería realizado por el experto canadiense Robert Morán y la Asociación de Desarrollo Económico Social.
Las conclusiones de dicha investigación citan que "en un país donde se toman en cuenta las consideraciones ambientales mínimas, proyectos como los propuestos por Pacific Rim, en Cabañas, no serían aprobados, porque los daños son demasiados".
Una vez causados los perjuicios, el Estado no podrá detener a las empresas porque éstas lo demandarán ante tribunales de la OMC, alertó.
Seguramente ese tribunal condene al Estado por afectar las posibles ganancias de las compañías, tal como le sucedió a México, Bolivia y Costa Rica, que han pagado millonarias indemnizaciones por revertir proyectos de este tipo, advirtió CESTA.
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