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SAN SALVADOR; 29 de enero de 2008 (RMV). La garantía que la administración de justicia sea imparcial y apegada a derecho reside en la independencia con la que los jueces deben emitir sus resoluciones sean de condena o de libertad.
Los principios constitucionales de que toda persona a quien se le acusa de un delito es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad y de quien acusa es quien debe probar son básicos en la decisión de un juez cuya convicción sobre los hechos que se imputan al acusado es obtenida precisamente de la solidez con que las partes - acusación y defensa - presenten sus respectivos casos para quienes el juez y la legislación procesal penal les garantice igualdad de armas, es decir no existen privilegios ni prejuicios en contra o a favor de alguna de las partes al menos ese es el deber ser.
Todos conocemos la forma en que el partido de gobierno ARENA ha instrumentalizado electoralmente el problema de la delincuencia, el cual le ha servido como 'caballito de batalla' para hacer propaganda, primero endureciendo las leyes y las penas, ofreciendo la cárcel para medio mundo, luego creando nuevos delitos con leyes y jueces especiales sometidos a la política de dicho partido, después realizando capturas y operativos indiscriminados para dar la apariencia de que algo están haciendo y ahora atacando el sistema judicial, iniciando procesos en contra de ciertos jueces con casos artificiosamente arreglados a fin de aleccionar a todo el gremio judicial no con el animo de favorecer la superación del órgano judicial sino que con la perversa idea de intimidar a los jueces y acumularles a ellos el total fracaso de los cuatro gobiernos de ARENA, en materia de seguridad ciudadana y de paso ejecutar su campaña electoral basada en la promoción de explotación del temor de la gente a la espiral de violencia que no han sido capaces de controlar, no obstante que dominan la Fiscalia y la PNC.
Compartimos la idea de sanear el sistema judicial, sin embargo rechazamos que el proceso iniciado por ARENA en contra de varios jueces a través de la Fiscalia General se fundamente en un interés político de cara a las elecciones del 2009 y se lleve de encuentro la independencia judicial la cual debe ser defendida para garantizar la seguridad jurídica indispensable en un estado social de derecho.
Radio Maya Visión, Comunicación Total.
SAN SALVADOR; 29 de enero de 2008 (RMV). La garantía que la administración de justicia sea imparcial y apegada a derecho reside en la independencia con la que los jueces deben emitir sus resoluciones sean de condena o de libertad.
Los principios constitucionales de que toda persona a quien se le acusa de un delito es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad y de quien acusa es quien debe probar son básicos en la decisión de un juez cuya convicción sobre los hechos que se imputan al acusado es obtenida precisamente de la solidez con que las partes - acusación y defensa - presenten sus respectivos casos para quienes el juez y la legislación procesal penal les garantice igualdad de armas, es decir no existen privilegios ni prejuicios en contra o a favor de alguna de las partes al menos ese es el deber ser.
Todos conocemos la forma en que el partido de gobierno ARENA ha instrumentalizado electoralmente el problema de la delincuencia, el cual le ha servido como 'caballito de batalla' para hacer propaganda, primero endureciendo las leyes y las penas, ofreciendo la cárcel para medio mundo, luego creando nuevos delitos con leyes y jueces especiales sometidos a la política de dicho partido, después realizando capturas y operativos indiscriminados para dar la apariencia de que algo están haciendo y ahora atacando el sistema judicial, iniciando procesos en contra de ciertos jueces con casos artificiosamente arreglados a fin de aleccionar a todo el gremio judicial no con el animo de favorecer la superación del órgano judicial sino que con la perversa idea de intimidar a los jueces y acumularles a ellos el total fracaso de los cuatro gobiernos de ARENA, en materia de seguridad ciudadana y de paso ejecutar su campaña electoral basada en la promoción de explotación del temor de la gente a la espiral de violencia que no han sido capaces de controlar, no obstante que dominan la Fiscalia y la PNC.
Compartimos la idea de sanear el sistema judicial, sin embargo rechazamos que el proceso iniciado por ARENA en contra de varios jueces a través de la Fiscalia General se fundamente en un interés político de cara a las elecciones del 2009 y se lleve de encuentro la independencia judicial la cual debe ser defendida para garantizar la seguridad jurídica indispensable en un estado social de derecho.
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