San Salvador, 7 dic (PL) Organizaciones sociales salvadoreñas exigieron hoy al gobierno de Antonio Saca, el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales sobre el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980.
Unas 25 agrupaciones que integran la Concertación por la Paz y la justicia social, rechazan la negativa del presidente del país para derogar una Ley de Amnistía General, que libera de cargos a criminales de guerra.
El abogado de la Concertación David Morales, manifestó su preocupación por ese desacato del presidente Saca.
Por su parte, Miguel Guzmán, de la Comisión de Seguimiento del caso Monseñor Romero, lamentó que el gobierno no acceda a hacer justicia.
Asimismo, instó al actual arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle a que "lejos de volverse cómplice de esta situación de desacato y de impunidad, más bien exija el cumplimiento de las recomendaciones".
Monseñor Romero denunció las injusticias cometidas por el Ejército contra la población civil durante el conflicto armado (1980-1992).
Fue asesinado de un disparo el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa.
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos durante la guerra, concluyó que Romero fue asesinado por un escuadrón de la muerte bajo el mando de Roberto D'Aubuisson, fundador del oficialista Alianza Republicana Nacionalista.
Morales subrayó que si el gobierno de Saca insiste en dejar en la impunidad este hecho, harán una segunda demanda contra el Estado, esta vez impulsada por las organizaciones de Derechos Humanos de El Salvador.
Unas 25 agrupaciones que integran la Concertación por la Paz y la justicia social, rechazan la negativa del presidente del país para derogar una Ley de Amnistía General, que libera de cargos a criminales de guerra.
El abogado de la Concertación David Morales, manifestó su preocupación por ese desacato del presidente Saca.
Por su parte, Miguel Guzmán, de la Comisión de Seguimiento del caso Monseñor Romero, lamentó que el gobierno no acceda a hacer justicia.
Asimismo, instó al actual arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle a que "lejos de volverse cómplice de esta situación de desacato y de impunidad, más bien exija el cumplimiento de las recomendaciones".
Monseñor Romero denunció las injusticias cometidas por el Ejército contra la población civil durante el conflicto armado (1980-1992).
Fue asesinado de un disparo el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa.
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos durante la guerra, concluyó que Romero fue asesinado por un escuadrón de la muerte bajo el mando de Roberto D'Aubuisson, fundador del oficialista Alianza Republicana Nacionalista.
Morales subrayó que si el gobierno de Saca insiste en dejar en la impunidad este hecho, harán una segunda demanda contra el Estado, esta vez impulsada por las organizaciones de Derechos Humanos de El Salvador.
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