lunes, diciembre 03, 2007

Lo más caro del impuesto al combustible, las alzas de precio

Licda. Norma Guevara de Ramirios

Desde la imposición del dólar, la participación de tropas en IRAK o el madrugonazo de la aprobación del TLC, nada ha impactado tanto la conciencia de la sociedad como la imposición irracional de un quinto impuesto al combustible de diez centavos por galón; como recurso para atender un problema de alza en los costos para operar el transporte público de pasajeros; es algo tan impactante y contraproducente como mandar una pipa con gasolina para apagar un incendio.

Se extendió el problema en vez de resolverlo al provocar nuevas alzas de precios en casi todos los campos de la economía.


La demanda de subsidio de los transportistas, y la promesa gubernamental de concederla la pagarán también ellos mismos; a partir del nuevo impuesto, si para operar un vehículo gastan 20 galones al día, tendrán que pagar dos dólares diarios, sesenta dólares al mes para recibir luego unos ciento sesenta de parte del gobierno; en cambio si les hubieran quitado los veinte centavos del FOVIAL, ellos ahorrarían, en el caso hipotético, ciento veinte dólares; si les devolvieran parte del IVA como lo hacen con los exportadores, los transportistas estarían compensando el alza de costos, que es lo que provocó la exigencia frente al gobierno.

Resulta riesgoso presentarse de manera diferente de lo que se es, y el gobierno actual presume de haber logrado una economía en crecimiento, una situación fiscal saludable y reconocida internacionalmente como buena; afirma que ha disminuido la pobreza y que ha elevado los índices de desarrollo, pero en la calle, en la casa, en los mercados, en los buses, el maquillaje del discurso oficial se cae, la verdad, y no para alegrarnos, es que estamos social y económicamente mal y esa realidad se refleja de diversas maneras, todas dramáticas para la mayor parte de familias y de pequeñas y medianas empresas.

El sector de transporte de carga, los taxistas, los picacheros, los que operan buses o microbuses sin autorización estatal, de inmediato se dan cuenta que a ellos la medida les complica la vida y al alzar la voz para señalarlo obtienen como respuesta, un verdadero insulto, los funcionarios del gobierno les recomiendan subir los precios, ninguna protesta les preocupa afirmaron, “ si son privados y no tienen permiso estatal, simplemente modifiquen los precios”, eso dicho desde el Vice Ministerio de Transporte, y con la mudez del Ministerio de Economía, significa que a ellos les son indiferentes importa poco que los incrementos de precios se sumen y multipliquen.

Poco hay que analizar en las finanzas públicas para darse cuenta que el gobierno sí ha vivido otra suerte, pues las alzas de precios, en los combustibles y en cualquier otro producto, representan un volumen mayor de ingresos a obtener en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cada vez que el diesel o la gasolina suben, el IVA aumenta en volumen, cada vez que los productos de la canasta básica que compramos en el supermercado suben, sube también el monto impositivo de IVA que pagamos y entonces ¿Porqué no sacan de ese incremento el subsidio para los transportistas que quieren que se evite un alza en el pasaje? ¿Porqué tienen que acudir a otro impuesto tan distorsionador, sólo parecido a la metástasis en el cáncer de nuestra enferma economía?

Los corrios de mercado son distintos a los que pueden ocurrir en los pasillos de la Asamblea Legislativa o de los Ministerios, los comentarios en las gasolineras para ser presentados con el dramatismo de la situación creada por el gobierno de Saca es grave, un vendedor para ilustrarlo comentaba que “de cada diez personas se quejan once”.

El problema para la población va más allá del alza de precios, preocupa la incertidumbre sobre la manera en que los funcionarios de gobierno tratan los problemas delicados que padecemos.

En el año y medio que les queda todavía pueden seguir haciendo mucho daño.

El destape de la insuficiencia fiscal queda al desnudo con este nuevo y quinto impuesto, ni siquiera resuelven pudieron trasladarlo en el tiempo, como lo hicieron con los fideicomisos para postergar el pago de las pensiones.

Todavía es tiempo, si viniera a la conciencia de los funcionarios un rayo de lucidez, sise derogara ese maldito decreto y se buscara otro camino para atender un problema real, uno de tantos.

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