San Salvador, 7 dic (PL) La Mesa Permanente por la Justicia Laboral de El Salvador exigió hoy al gobierno iniciar un diálogo para buscar las vías constitucionales que hagan respetar los derechos reconocidos internacionalmente a los trabajadores.
La Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionada con la libre sindicalización, en octubre último.
El convenio indica además que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones.
Fue ratificado en 2006 por la Asamblea Legislativa, pero la Constitución de la República no permite la libertad sindical en las instituciones públicas.
La Mesa Permanente, integrada por medio centenar de organizaciones de trabajadores, demandó al gobierno abrirse al diálogo con los gremios para elaborar, diseñar y aprobar una reforma constitucional y legal de consenso.
De esa manera, advirtió, se podrá propiciar la reforma a la Constitución lo cual permitirá una fácil "aplicación" del convenio y no obstaculizaría su ejercicio.
Este tema retomó fuerza a fines de octubre pasado, luego de la primera ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, que tuvo lugar ese mismo mes en Costa Rica.
El bloque de Europa exige para llegar a un tratado la ratificación del convenio de la OIT.
De no legalizarse, El Salvador perdería ciertos beneficios arancelarios del bloque europeo como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que le permite al país exportar productos sin ningún tipo de impuestos.
La pérdida de esos beneficios pone en peligro a unos 20 mil empleos, afirmó el legislador Calixto Mejía, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Los gremios aseguran que la posición del gobierno vulnera los derechos de los trabajadores.
La Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionada con la libre sindicalización, en octubre último.
El convenio indica además que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones.
Fue ratificado en 2006 por la Asamblea Legislativa, pero la Constitución de la República no permite la libertad sindical en las instituciones públicas.
La Mesa Permanente, integrada por medio centenar de organizaciones de trabajadores, demandó al gobierno abrirse al diálogo con los gremios para elaborar, diseñar y aprobar una reforma constitucional y legal de consenso.
De esa manera, advirtió, se podrá propiciar la reforma a la Constitución lo cual permitirá una fácil "aplicación" del convenio y no obstaculizaría su ejercicio.
Este tema retomó fuerza a fines de octubre pasado, luego de la primera ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, que tuvo lugar ese mismo mes en Costa Rica.
El bloque de Europa exige para llegar a un tratado la ratificación del convenio de la OIT.
De no legalizarse, El Salvador perdería ciertos beneficios arancelarios del bloque europeo como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que le permite al país exportar productos sin ningún tipo de impuestos.
La pérdida de esos beneficios pone en peligro a unos 20 mil empleos, afirmó el legislador Calixto Mejía, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Los gremios aseguran que la posición del gobierno vulnera los derechos de los trabajadores.
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