(PL) Varios organismos humanitarios declararon hoy su preocupación por la interminable ola de violencia en El Salvador, tras los asesinatos reportados el fin de semana último.
Según el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, el aumento diario de homicidios sin que las autoridades puedan hacer justicia, preocupa sobremanera.
Ayer la Policía Nacional Civil (PNC) reportó el asesinato de siete jóvenes perpetrado por presuntos pandilleros.
Los muchachos fueron acribillados cuando se encontraban en una cancha de fútbol, en una comunidad rural del departamento de La Paz, 56 kilómetros al sureste de esta capital.
Cuéllar comentó que "la falta de persecución y castigo del delito" son factores que estimulan esos homicidios.
También demandó la implementación de una "ley de protección de testigos para que la población no tenga miedo de denunciar y participar en un proceso judicial".
Por su parte, la directora de la Fundación Salvadoreña de Estudios para la Aplicación del Derecho, Silvia Guillén, aseguró que de cada 100 homicidios sólo siete llegan a la ejecución de sentencia.
Guillén asegura que la puesta en práctica en el 2005 del plan "súper mano dura", medida gubernamental para reprimir las actividades delincuenciales de las pandillas juveniles o maras como también se les llama aquí, fue un rotundo fracaso.
La activista recomendó al Ejecutivo buscar las causas sociales del problema para hallar una solución definitiva.
El alto número de crímenes que también afecta al sector del transporte público fue denunciada el domingo último por el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz.
Sáenz exigió a la PNC, incrementar la vigilancia para contener los asesinatos cometidos por pandilleros contra los transportistas que dejaron unos 140 muertos en 2005 y en lo que va de año, ya llegan a ocho.
Según el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, el aumento diario de homicidios sin que las autoridades puedan hacer justicia, preocupa sobremanera.
Ayer la Policía Nacional Civil (PNC) reportó el asesinato de siete jóvenes perpetrado por presuntos pandilleros.
Los muchachos fueron acribillados cuando se encontraban en una cancha de fútbol, en una comunidad rural del departamento de La Paz, 56 kilómetros al sureste de esta capital.
Cuéllar comentó que "la falta de persecución y castigo del delito" son factores que estimulan esos homicidios.
También demandó la implementación de una "ley de protección de testigos para que la población no tenga miedo de denunciar y participar en un proceso judicial".
Por su parte, la directora de la Fundación Salvadoreña de Estudios para la Aplicación del Derecho, Silvia Guillén, aseguró que de cada 100 homicidios sólo siete llegan a la ejecución de sentencia.
Guillén asegura que la puesta en práctica en el 2005 del plan "súper mano dura", medida gubernamental para reprimir las actividades delincuenciales de las pandillas juveniles o maras como también se les llama aquí, fue un rotundo fracaso.
La activista recomendó al Ejecutivo buscar las causas sociales del problema para hallar una solución definitiva.
El alto número de crímenes que también afecta al sector del transporte público fue denunciada el domingo último por el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz.
Sáenz exigió a la PNC, incrementar la vigilancia para contener los asesinatos cometidos por pandilleros contra los transportistas que dejaron unos 140 muertos en 2005 y en lo que va de año, ya llegan a ocho.
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