El Salvador es el único país que cuenta con un gobierno de tipo empresarial en Centroamérica, considera Alexánder Segovia, consultor de la Fundación Friedrich Ebert.
Este economista clasifica a los gobiernos de la región en “pro empresariales” y “empresariales”. “En los gobiernos pro empresariales, los intereses de los grupos de poder económico dominantes tienen una incidencia decisiva en la determinación y ejecución de las políticas públicas; este es el caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua”, sostiene.
“Pero hay otro tipo de gobiernos en donde la agenda gubernamental es la misma del partido gobernante y de los grupos empresariales que lo integran; y el único caso que tenemos actualmente, no sólo en Centroamérica sino en toda América Latina, es El Salvador”, afirmó.
Estas conclusiones se derivan de los hallazgos del estudio “Integración Real y Grupos de Poder Económico en América Central: Implicaciones para la Democracia y el Desarrollo en la Región”, en el que Alexánder Segovia indaga sobre la influencia de los “poderes de facto”, constituidos por las élites empresariales, en los procesos políticos y sociales de los países de la región, especialmente en los procesos de integración.
Este economista clasifica a los gobiernos de la región en “pro empresariales” y “empresariales”. “En los gobiernos pro empresariales, los intereses de los grupos de poder económico dominantes tienen una incidencia decisiva en la determinación y ejecución de las políticas públicas; este es el caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua”, sostiene.
“Pero hay otro tipo de gobiernos en donde la agenda gubernamental es la misma del partido gobernante y de los grupos empresariales que lo integran; y el único caso que tenemos actualmente, no sólo en Centroamérica sino en toda América Latina, es El Salvador”, afirmó.
Estas conclusiones se derivan de los hallazgos del estudio “Integración Real y Grupos de Poder Económico en América Central: Implicaciones para la Democracia y el Desarrollo en la Región”, en el que Alexánder Segovia indaga sobre la influencia de los “poderes de facto”, constituidos por las élites empresariales, en los procesos políticos y sociales de los países de la región, especialmente en los procesos de integración.
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