FMLN pide procesar a ministro de Obras Públicas

Zoila Quijada, Juan García y Guadalupe Erazo, diputados del FMLN

Co-Latino

El grupo parlamentario del FMLN solicitó esta mañana investigar los delitos cometidos por el Ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, en la construcción de la prolongación del Boulevard ‘Diego de Holguín’ en la Finca El Espino.

Diputados de la Comisión de Salud Pública y Medioambiente de la Asamblea Legislativa denunciaron ante la Fiscalía General de la República al funcionario en cuestión, por violentar leyes municipales y medioambientales.

En su demanda, los legisladores del partido de izquierda acusan a Gutiérrez de realizar construcciones no autorizadas, depredar bosques en zonas naturales protegidas, cometer irresponsabilidad en sus funciones y efectuar actos arbitrarios. “El ministro de Obras Públicas manipuló información para obtener el permiso del Ministerio de Medioambiente, y luego cambió los trazos sin tramitar un nuevo permiso”, recordó la diputada Zoila Quijada, quien encabezó la delegación de denunciantes.

Los legisladores, que esperaban reunirse con el Fiscal General, Félix Garrid Safie, fueron recibidos finalmente por el secretario general adjunto, Miguel Ángel Francia. “Esperamos que la actuación de este funcionario no quede impune”, manifestó Quijada.

Según los parlamentarios, el referido ministro ha violentado algunas ordenanzas municipales, la Ley de Medio Ambiente, el Código Municipal, varios decretos legislativos y la Constitución de la República, que juró cumplir cuando asumió su cargo.

Las actuaciones de Gutiérrez fueron cuestionadas por la alcaldía capitalina, organizaciones ecologistas y por la izquierda parlamentaria, por tratarse de la destrucción de bosques en un área declarada zona de reserva forestal y de protección de suelos, por el decreto legislativo 432.

Según el Centro de Tecnología Apropiada (CESTA) y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la Finca El Espino era una zona de recarga hídrica que constituía el “último pulmón” del área metropolitana, destruida por las familias Dueñas y Poma, la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán y por instituciones del Ejecutivo como el Ministerio de Obras Públicas.