El Salvador, Guatemala y Honduras: tantos muertos como en una guerra
Odalys Troya Flores (Prensa Latina)
Mientras casi todas las miradas se centran en la grave situación del Medio Oriente con sus conflictos ideados, patrocinados y mayormente ejecutados por Estados Unidos y un grupo de sus seguidores, la crítica situación de violencia en Centroamérica apenas se alcanza a ver.
La criminalidad con sus condicionados matices de pandillismo, rencillas callejeras o de delincuencia común, particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, deja tantos muertos cada día como un conflicto armado. Con una tasa de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media en Latinoamérica, El Salvador es el país más violento del continente.
Honduras reportó en el 2005, de acuerdo con el informe del Observatorio de la Violencia de la Carrera de Sociología de la Universidad Autónoma, una tasa de 37 por cada 100 mil habitantes.
Cifras oficiales indican que en Guatemala, durante ese año, fueron perpetrados un total de cinco mil 338 asesinatos, un 15 por ciento más que el año anterior.
Esas estadísticas superan ampliamente la tasa promedio mensual de mortalidad por homicidios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que es de 8,8 para calificar a un país de violento.
De manera general, las autoridades de estas naciones atribuyen la mayoría de esos crímenes a las pandillas o maras y desoyen las recurrentes denuncias sobre grupos de exterminio, limpieza social, escuadrones de la muerte, paramilitares, o como quiera llamárseles, que aportan buen número de víctimas a estos luctuosos litados.
Se calcula que en la región operan actualmente unos 100 mil pandilleros que tienen nexos con aproximadamente ocho mil o 10 mil personas en Estados Unidos, según diversos informes.
Sin embargo, es frecuente encontrar cadáveres, particularmente en esos tres países, con signos de ejecución como manos atadas a la espalda, tiros de gracia, ojos vendados, o asesinatos colectivos.
Señales propias del modus operandi de los temibles grupos de exterminio creados, apoyados y tolerados por las autoridades civiles y militares, que por años aterrorizaron a la región y que ya parecían desarticulados.
Y es que las últimas dos décadas han supuesto para Centroamérica períodos de regímenes dictatoriales, guerras civiles, paramilitarismo y pacificación que han desembocado en las frágiles administraciones democráticas de hoy.
Lamentablemente, han arrastrado la violencia como si fuera una tradición cultural. Violencia de todo tipo que alcanza su máxima expresión en la alarmante cantidad de niños ejecutados supuestamente por grupos de exterminio.
Durante los últimos años, en Honduras ha habido un incremento sin precedentes de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de menores.
En un número preocupante de esos casos se reporta la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y otras personas que actúan con el consentimiento implícito de las autoridades.
La Organización No Gubernamental (ONG) Casa Alianza, que trabaja en pro de la niñez, registra los asesinatos de más de 300 jóvenes, niños y niñas desde enero a la fecha, mientras que contabiliza desde 1998, un total de tres mil 303 muertes en esa nación.
No obstante y pese a las denuncias, hasta 2005, se habían investigado apenas 158 casos. En la mitad de ellos, los responsables fueron policías, y en el resto sicarios, de acuerdo con la Unidad de Delitos contra Menores de la Presidencia de la República, desarticulada por el gobierno de Manuel Zelaya.
Sólo en septiembre último, 30 niños, casi en su totalidad procedentes de colonias y barrios muy pobres, perdieron la vida. La mayoría de las muertes fueron con armas de fuego, como revólveres y fusiles AK-47, de acuerdo con Casa Alianza.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acerca de los escenarios políticos a corto, mediano y largo plazo, indicaba que Honduras estaba en una "zona de riesgo", por los altos grados de violencia y delincuencia, especialmente de "las mafias".
El propio presidente del país ha afirmado que escuadrones de la muerte financiados desde el exterior por el crimen organizado, con apoyo de autoridades locales, han provocado la cadena de asesinatos colectivos en la parte norte del territorio nacional.
Zelaya asegura que todo el pueblo lo sabe, pero nadie lo denuncia por miedo.
En tanto, las cifras extremas de homicidios en El Salvador alarman a todos los sectores sociales porque afectan a mujeres, niños, periodistas, religiosos, conductores y hasta pudientes empresarios que temen una estampida de los inversionistas extranjeros a causa de la imparable ola de violencia.
Y de igual forma que en su vecina Honduras, la población y autoridades gubernamentales reconocen la existencia de los temidos escuadrones de la muerte.
La Procuradora de la defensa de los Derechos Humanos, en esa nación, Beatrice de Carrillo, denuncia desde hace meses la existencia de grupos de exterminio contra miembros de pandillas, integrados por agentes de la Policía Nacional Civil.
En tanto, el líder de la bancada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Salvador Sánchez Cerén, asegura que con frecuencia policías y jefes de alto nivel han sido capturados como secuestradores o extorsionistas, como miembros de bandas de robacarros, como asaltantes, o por estar vinculados con grupos de exterminio o dichos escuadrones.
En el país se ha hablado hasta del toque de queda para evitar los asesinatos, ya que hasta el momento ninguno de los planes gubernamentales diseñados por el gobierno ha resuelto el problema, es más, todo parece indicar que han exacerbado la violencia.
La operación trueno, desplegada en septiembre último en Honduras, en la que participaron de forma conjunta agentes de la policía, de seguridad privada y fuerzas militares para intervenir en hechos de violencia, es un ejemplo más.
Ese mes, se registraron un total de 30 asesinatos de menores, de acuerdo con un estudio de Casa Alianza.
En agosto pasado, Philip Alston, relator especial de ONU contra ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, durante una visita a Guatemala, aseguró a modo de resumen que "este es un buen país para cometer un crimen".
El relator comentó que las cifras oficiales reflejan que anualmente se ejecutan a unas cinco mil personas.
Una parte considerable de las víctimas son mujeres y niñas que con frecuencia aparecen sus cadáveres con evidentes señales de tortura y hasta mutilados.
En medio del contexto político que busca dejar atrás al neoliberalismo, la subasta de los pueblos, y la pobreza con todas sus consecuencias, el paramilitarismo muestra su vetusto rostro.
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