Redacción Diario Co Latino
“Fue un desprecio público, por lo que exigimos una disculpa de la diputada Milena de Escalón, del partido ARENA, porque al no decretar el Día Nacional de la Persona Desaparecida en El Salvador, ofendió a miles de salvadoreños y salvadoreñas”, dijo Guadalupe Mejía, de CODEFAM.
El retiro del dictamen de la plenaria y su envío a la Comisión de Cultura y Educación, para un nuevo estudio, ha sido considerado por los organismos defensores de los derechos humanos, como un retroceso en la democracia y la insensibilización de la clase política.
El dictamen que era favorable para designar el 30 de agosto de cada año, como Día Nacional del Desaparecido, y mandatado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como un reconocimiento a las víctimas y sus familiares, perdió el apoyo del partido en el gobierno (ARENA).
Mejía afirmó que la ofensa a los presentes ocurrió cuando la diputada Milena de Escalón, que esta semana buscó la vicepresidencia de la Convención Interamericana de Mujeres (CIM), adscrita a la OEA, rechazara públicamente la dignificación de los derechos humanos de los desaparecidos.
“Lo rompió en el pleno, frente a todos, eso significa que al partido ARENA, el gobierno y sus funcionarios, no les interesa la paz y la justicia. Y el eslogan del presidente (Elías Antonio Saca) del Sentido Humano, es propaganda. Es inhumano”, aseveró Mejía.
Por su parte, la directora de Tutela Legal del Arzobispado , María Julia Hernández, explicó que este retraso en la aprobación del dictamen no impedirá el trabajo que realizan a favor de la memoria histórica.
“La acción de la parlamentaria (Milena de Escalón) es un acto de adhesión política e ideológica a la perpetración de los miles de crímenes contra la humanidad ocurridos en El Salvador, durante el conflicto armado interno”, afirmó Hernández.’
Asimismo, urgió a los diputados a legislar a favor del ser humano, como se comprometieron al juramentar y tomar sus cargos. “Si el gobierno se dice respetuoso y comprometido a cumplir las convenciones emanadas de la ONU, deberían entonces, como responsabilidad moral cumplir con estas acciones”, consideró Hernández.
“Fue un desprecio público, por lo que exigimos una disculpa de la diputada Milena de Escalón, del partido ARENA, porque al no decretar el Día Nacional de la Persona Desaparecida en El Salvador, ofendió a miles de salvadoreños y salvadoreñas”, dijo Guadalupe Mejía, de CODEFAM.
El retiro del dictamen de la plenaria y su envío a la Comisión de Cultura y Educación, para un nuevo estudio, ha sido considerado por los organismos defensores de los derechos humanos, como un retroceso en la democracia y la insensibilización de la clase política.
El dictamen que era favorable para designar el 30 de agosto de cada año, como Día Nacional del Desaparecido, y mandatado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como un reconocimiento a las víctimas y sus familiares, perdió el apoyo del partido en el gobierno (ARENA).
Mejía afirmó que la ofensa a los presentes ocurrió cuando la diputada Milena de Escalón, que esta semana buscó la vicepresidencia de la Convención Interamericana de Mujeres (CIM), adscrita a la OEA, rechazara públicamente la dignificación de los derechos humanos de los desaparecidos.
“Lo rompió en el pleno, frente a todos, eso significa que al partido ARENA, el gobierno y sus funcionarios, no les interesa la paz y la justicia. Y el eslogan del presidente (Elías Antonio Saca) del Sentido Humano, es propaganda. Es inhumano”, aseveró Mejía.
Por su parte, la directora de Tutela Legal del Arzobispado , María Julia Hernández, explicó que este retraso en la aprobación del dictamen no impedirá el trabajo que realizan a favor de la memoria histórica.
“La acción de la parlamentaria (Milena de Escalón) es un acto de adhesión política e ideológica a la perpetración de los miles de crímenes contra la humanidad ocurridos en El Salvador, durante el conflicto armado interno”, afirmó Hernández.’
Asimismo, urgió a los diputados a legislar a favor del ser humano, como se comprometieron al juramentar y tomar sus cargos. “Si el gobierno se dice respetuoso y comprometido a cumplir las convenciones emanadas de la ONU, deberían entonces, como responsabilidad moral cumplir con estas acciones”, consideró Hernández.
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