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Saber que se hace justicia, siempre es un aliciente para la democracia. La lucha por juzgar los crímenes cometidos durante los 36 años de conflicto armado en nuestro país, persigue entre otros objetivos, fortalecer la democracia; la autentica democracia. Aquella en que la independencia de poderes sea respetada y en la cual, como parte de la confianza ciudadana hacia este sistema democrático, la justicia sea responsable, ecuánime y firme.
Desde las primeras horas de ayer, las fuerzas de seguridad iniciaron los operativos respectivos para dar cumplimiento a la orden de captura contra de cuatro militares y dos civiles dictada por el tribunal Quinto de Sentencia, en respuesta a una solicitud emanada de la Audiencia Nacional de España, donde se le sigue procesos judiciales por delitos cometidos en durante el conflicto armado interno.
A los militares, todos oficiales con alto grado militar, se les acusa de terrorismo, homicidio y secuestro. Ellos son señalados por diversos documentos que recopilan la historia de la sangrienta lucha armada como responsables de haber dirigido y ordenado desapariciones forzadas, torturas, masacres, violaciones y asesinatos. Pero no son solo los documentos, durante varios años se han ido descubriendo fosas clandestinas donde los militares enterraron a sus víctimas. La historia está allí, y no puede ocultarse. Hay responsables de esos crímenes y, para debilidad de nuestra incipiente democracia, la justicia nacional ha sido incapaz de perseguir penalmente a los culpables de tanto dolor y muerte.
Los motivos por los cuales Guatemala no ha encarcelado a estos criminales, obedece a varios aspectos, desde la situación de pobreza económica y moral en que se encuentra el Organismo Judicial, hasta el desinterés mostrado por el Ministerio Público para descubrir la verdad de lo ocurrido en cientos de comunidades y miles de desapariciones. Pero sin duda, el elemento de mayor peso que ha facilitado durante largos años la impunidad, corresponde a la enorme influencia que han tenido los militares, algunos convertidos ahora en políticos, para tejer redes de empleados y funcionarios judiciales que les contribuyen a mantener retrasados los procesos.
Por ello es que los ciudadanos, aquellos que anhelamos una democracia y un autentico estado de derecho, no podemos ocultar nuestra satisfacción por las capturas realizadas ayer y, cuando así corresponda, por las capturas y sentencias que quedan pendientes contra los criminales de nuestro pueblo. Y por favor, no se quiera pensar que es venganza o persecución política, porque la venganza seguramente sería un trámite mucho más ágil y económico para el país.
Lo que se persigue en el fondo, además de fortalecer la democracia, es dejar por sentado que estos actos de terror tienen consecuencias y que por ello jamás deben repetirse. La prisión en la cual durmió anoche el ex ministro de la Defensa Nacional, Ángel Aníbal Guevara, es consecuencia de sus actos, no hay otra explicación. La cobardía con la cual el ex jefe de Estado, Óscar Humberto Mejía Víctores, se refugió durante todo el día en su vivienda no puede tener otra explicación que el temor a su propio pasado. Tiene miedo de enfrentar la justicia porque, seguramente recuerda las violaciones a los derechos humanos cometidos durante su periodo. Sabe quiénes y cuándo ordenaron los crímenes, donde se cometieron, sabe de los responsables intelectuales y materiales. Tiene miedo, porque él mismo formó parte de esa oscura estructura dentro del Ejército que cometió terrorismo contra el pueblo guatemalteco.
Mejía Víctores, llegó al poder luego de haber ejecutado un golpe de Estado en contra del gobierno del también general, Efraín Ríos Montt, quien a su vez tomó el poder a través de un golpe de Estado. La historia registra que durante los 18 meses que Ríos Montt estuvo en el poder, el horror incluyó el asesinato de niños a golpes o tirados vivos a fosas donde se lanzaban más tarde cadáveres de adultos, amputación de miembros, violaciones a las mujeres, empalamientos, quemar vivos, extracción de vísceras a víctimas vivas en presencia de otras, encierros en estado agónico hasta la muerte, abertura de vientres a mujeres embarazadas... En la región de Ixil entre el 70 y el 90% de las aldeas fueron arrasadas. En total están contabilizadas 626 masacres, es decir, exterminios masivos de la población.
Eso es genocidio, y este delito jamás prescribe. Es decir que a los culpables se les puede acusar y sentenciar aunque hayan transcurrido ya muchos años. Además, por ser un delito de Lesa Humanidad, todos los Estados están en condiciones de perseguir a los culpables. Por ello resulta incomprensible que el tribunal Quinto de Sentencian no haya ordenado la captura de Efraín Ríos Montt, a quien se conoce como el mayor propiciador de masacres contra el pueblo maya y contra quien existe una orden de captura internacional.
La explicación sobre los motivos que pudo haber considerado el tribunal para no ordenar la captura de este ex golpista, pueden ser diversos, quizá hasta oscuros. Pero preferimos pensar, sin caer en ingenuidades y esperanzados en la justicia, que se trata de un error que muy pronto será reparado, que la captura contra los militares represores se extenderá también hacia Ríos Montt.
Finalmente, hay que hacer notar que las primeras reacciones después de haberse ordenado las capturas han sido bastante mesuradas. Organizaciones sociales, activistas de Derechos Humanos y víctimas de la guerra, han guardado calma y han dejado que las autoridades judiciales actúen. En tanto el sector más conservador de nuestra sociedad, ha enmudecido, se ha quedado sin argumentos al ver como el muro de la impunidad que los protege, comenzó a mostrar debilidad. En ese sentido, esperamos y confiamos en que los ánimos no se exacerben y lleven a los guatemaltecos de nuevo a una situación de enfrentamiento. La atención debe estar ahora puesta sobre aquellos viejos militares que se resisten a aceptar que el mundo ha cambiado, que su poder ya no es el mismo. Esos militares que acostumbran el uso de la violencia e intolerancia autoritaria, como único camino para resolver los problemas, ante su incapacidad de entendimiento y razonamiento. Ante su incapacidad de entender que el funcionamiento de las instituciones democráticas, deben formar parte de la nueva cultura de paz.
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