San Salvador, 25 nov (PL) La decisión del gobierno salvadoreño de establecer un nuevo impuesto a la ciudadanía en beneficio de los empresarios del transporte público fue criticada hoy por diferentes sectores en este país.
El decreto gubernamental que exige el pago de 0,10 centavos de dólar más por cada galón de combustible consumido representa una carga impositiva adicional para el pueblo y una agresión más, comentó el líder de la oposición Salvador Arias.
Arias y su correligionario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Salvador Sánchez, responsabilizaron al Ejecutivo por lo que -según expresaron- afecta a grandes sectores de la población que ya viven agobiados por la situación económica.
El proyecto se cocinó en la casa presidencial y se mandó de corre corre al Congreso para que fuera aprobado con dispensa de trámites, apuntó Sánchez, candidato además a la vicepresidencia del país por el FMLN con vistas a los comicios de 2009.
Asimismo, Jorge Figueroa, presidente de la Asociación Cooperativa del Sector de Transporte de Carga, se sumó a las voces de rechazo al alza estipulada y anunció un posible paro a nivel nacional en protesta contra la medida.
En la misma cuerda el también líder gremial Oswaldo Quintanar dijo que ni el Viceministerio de Transporte ni el Ministerio de Obras Públicas consultaron a las organizaciones sindicales sobre la sorpresiva norma ni valoraron el impacto que tendría.
De los 84 parlamentarios que conforman la Asamblea Legislativa, 47, en su mayoría de las bancadas de la derecha política, dieron su voto a favor de la polémica normativa.
El decreto gubernamental que exige el pago de 0,10 centavos de dólar más por cada galón de combustible consumido representa una carga impositiva adicional para el pueblo y una agresión más, comentó el líder de la oposición Salvador Arias.
Arias y su correligionario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Salvador Sánchez, responsabilizaron al Ejecutivo por lo que -según expresaron- afecta a grandes sectores de la población que ya viven agobiados por la situación económica.
El proyecto se cocinó en la casa presidencial y se mandó de corre corre al Congreso para que fuera aprobado con dispensa de trámites, apuntó Sánchez, candidato además a la vicepresidencia del país por el FMLN con vistas a los comicios de 2009.
Asimismo, Jorge Figueroa, presidente de la Asociación Cooperativa del Sector de Transporte de Carga, se sumó a las voces de rechazo al alza estipulada y anunció un posible paro a nivel nacional en protesta contra la medida.
En la misma cuerda el también líder gremial Oswaldo Quintanar dijo que ni el Viceministerio de Transporte ni el Ministerio de Obras Públicas consultaron a las organizaciones sindicales sobre la sorpresiva norma ni valoraron el impacto que tendría.
De los 84 parlamentarios que conforman la Asamblea Legislativa, 47, en su mayoría de las bancadas de la derecha política, dieron su voto a favor de la polémica normativa.
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