Gobierno sin transparencia de fondos

“Este clima de impunidad y libertinaje ha permitido que se comentan y sigan cometiendo incontables actos de corrupción. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social es un ejemplo emblemático, desde el famoso caso de Majano Araujo que huyó con un botín millonario; la supuesta malversación de fondos durante el ilegal Plan Contingencial impulsado por el ex Director, Mauricio Ramos Fallas en el año 2002, hasta las licitaciones amañadas de la Administración de Mariano Pinto nadie nunca ha rendido cuentas”

La transparencia en el gasto público es un asunto desconocido para la mayoría de la población de El Salvador, nunca se ha desarrollado un debate serio sobre el tema y la importancia que tiene que los funcionarios rindan cuentas sobre sus gastos, a fin de garantizar una correcta inversión.Salvo algunos socavados esfuerzos del gremio periodístico y contadas organizaciones sociales al parecer no existe un alma que hable seriamente sobre el tema, en la mayoría de casos los tres órganos del Estado: el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia rehúsan su discusión, archivan propuestas de ley y pisotean las existentes.

La transparencia es la acción de rendir cuentas sobre el gasto público que realizan funcionarios, autónomas e instituciones públicas pertenecientes a un gobierno. En el caso de El Salvador ningún gobierno, en especial de ARENA, ha hecho pública la forma en que ha gastado el dinero proveniente del Presupuesto Nacional, préstamos y donaciones. Siempre ha hecho todo lo contrario, ocultar sin pudor todo lo concerniente a sus gastos.

Los tímidos esfuerzos de algunos periodistas, por exigir, tener acceso a los documentos, información y datos sobre los gastos estatales no dieron ni el primer paso, fueron detenidos y engavetados en el baúl de los recuerdos del parlamento. Otro ejemplo representativo es la Organización PROBIDAD, que desde hace años desarrolla un trabajo constante por exigir transparencia y denunciando la corrupción que acampa floreciente en el jardín del burocratismo.Sin embargo, los esfuerzos no han dado modificaciones sustanciales en torno a la fiscalización pública, por el contrario durante este año se han bloqueado espacios, como el caso de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, durante el pasado mes de agosto, cuando intentó investigar los indicios de supuesto enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios de la presidencia de Francisco Flores.

El intento de la Sección de Probidad de la CSJ llevo a que diez Magistrados votaran por limitar las funciones del ente, aun cuan la Ley de Enriquecimiento Ilícito en su Art. 27 le "Corresponde a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia velar por el estricto cumplimiento y aplicación de la Ley" de Enriquecimiento Ilícito y que esa misma Ley le da potestad de solicitar la información que fuere necearía a las autoridades de la república, funcionarios, empleados, agentes, entidades de toda naturaleza y habitantes en general cuando haya indicios de enriquecimiento ilícito.

Este es solo uno de los casos emblemáticos sobre la falta de transparencia gubernamental. Como lo señala el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2005 El Salvador no ha presentado transformación en el marco jurídico permanente, encargado de regular el presupuesto de la nación. Aun que la investigación es sobre la base de la opinión ciudadana y no por medio del análisis concreto de casos, nos ilustra como se percibe la transparencia en el entorno social.

En la edición del Índice del 2005 el informe señala “El Salvador muestra cambios en la percepción de la transparencia en algunas áreas del manejo del presupuesto general de la nación. En algunas de estas percepciones se han identificado estancamientos en ciertas variables, como lo es Participación ciudadana en el presupuesto, o ciertos retrocesos como la información que el Estado publica sobre criterios macroeconómicos con base en los cuales se formula y ejecuta el presupuesto”.

En el caso de los partidos electorales la situación es aun más incierta. En una nota publicada por La Prensa Gráfica el pasado 28 de noviembre se informa que La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Federal Electoral de México (IFE) publicaron un estudio comparativo entre los “regímenes de financiamiento y fiscalización y garantías de equidad” en la contienda electoral de los partidos en 19 países latinoamericanos.

Penoso, El Salvador junto a Uruguay y Panamá no tienen “regulaciones sobre el origen y los montos del financiamiento” de los partidos políticos, lo que abre la posibilidad de utilizar el lavado de dinero, narcotráfico e incluso presupuestos de instituciones públicas sin control.

Tanto el Tribunal Supremo Electoral y el partido FMLN presentaron dos propuestas de ley para controlar los fondos partidarios, pero ambas permanecen engavetadas en la Asamblea Legislativa.Este clima de impunidad y libertinaje ha permitido que se cometan y sigan cometiendo incontables actos de corrupción. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social es un ejemplo emblemático, desde el famoso caso de Majano Araujo que huyó con un botín millonario; la supuesta malversación de fondos durante el ilegal Plan Contingencial impulsado por el ex Director, Mauricio Ramos Fallas en el año 2002, hasta las licitaciones amañadas de la Administración de Mariano Pinto nadie nunca ha rendido cuentas.

No hay medicinas en las farmacias nacionales y privadas del ISSS, aun cuan periódicamente salen a la luz nuevas licitaciones para comprar medicinas; nadie fiscaliza cómo las autoridades del seguro social malgastan millones en publicidad y propaganda y otros asuntos no relativos a la atención médica, en fin, nadie sabe cómo se manejan las cotizaciones de los asegurados.

Ante esta situación el STISSS hace un llamado enérgico a la población y a las diferentes instituciones encargadas de fiscalizar el gasto público, como la Corte de Cuentas a mantenerse al tanto de las finanzas del Seguro Social a fin de evitar más actos de corrupción.

A las autoridades les exige hacer público el manejo presupuestario correspondiente al año 2005 y de esta forma contribuir a fomentar la transparencia y garantizar el debido uso de los recursos financieros de la Institución.