San Salvador, 16 feb (PL) Reclusos de 10 centros penitenciarios en El Salvador continúan hoy amotinados, luego de dos días de protesta masiva para exigir condiciones elementales de subsistencia.
Iniciada el sábado, la rebelión tiene lugar en la mayoría de las 19 cárceles existentes aquí y con ella los sublevados demandan también la agilización de los procesos judiciales, indicaron fuentes oficiales.
Los reos, quienes buscan alivio a sus precarias condiciones, amenazaron con impedir la salida y la entrada de otros presos participantes en audiencias, así como actividades internas asociadas a la supuesta rehabilitación.
En opinión del jefe de la Dirección de Centros Penales, Gilbert Cáceres, el levantamiento masivo y simultáneo tiene conexiones externas, pero su advertencia quedó indefinida; se limitó a mencionar manipulaciones con origen fuera de los presidios.
A fin de buscar respuestas a la crisis, el funcionario anunció el establecimiento de una mesa de “estabilización” para promover los análisis pertinentes.
En tanto, quedaron suspendidas las visitas a los reos en los establecimientos donde estalló la crisis y se declaró el llamado estado de alerta en esas instalaciones.
La población penal en las 19 cárceles asciende a 20 mil 500 personas, aunque hay capacidad instalada solo para siete mil 990.
Representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos acudieron a varias cárceles ante el estallido del conflicto.>
Iniciada el sábado, la rebelión tiene lugar en la mayoría de las 19 cárceles existentes aquí y con ella los sublevados demandan también la agilización de los procesos judiciales, indicaron fuentes oficiales.
Los reos, quienes buscan alivio a sus precarias condiciones, amenazaron con impedir la salida y la entrada de otros presos participantes en audiencias, así como actividades internas asociadas a la supuesta rehabilitación.
En opinión del jefe de la Dirección de Centros Penales, Gilbert Cáceres, el levantamiento masivo y simultáneo tiene conexiones externas, pero su advertencia quedó indefinida; se limitó a mencionar manipulaciones con origen fuera de los presidios.
A fin de buscar respuestas a la crisis, el funcionario anunció el establecimiento de una mesa de “estabilización” para promover los análisis pertinentes.
En tanto, quedaron suspendidas las visitas a los reos en los establecimientos donde estalló la crisis y se declaró el llamado estado de alerta en esas instalaciones.
La población penal en las 19 cárceles asciende a 20 mil 500 personas, aunque hay capacidad instalada solo para siete mil 990.
Representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos acudieron a varias cárceles ante el estallido del conflicto.>
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