David Morales, investigador; Ewa Werner, embajadora de Suecia; Tobias Loretzson, representante ASDI; e Ignacio Paniagua, presidente de FESPAD.Co-Latino
Los poderes fácticos constituidos por las élites económicas y políticas del país, detuvieron el avance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, indica una investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Tutela Legal del Arzobispado.
La investigación, presentada esta mañana, fue auspiciada por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y la Embajada de Suecia en Guatemala, y realizada por David Morales, extitular adjunto de la PDDH.
“La interpretación política de los hallazgos del estudio permite concluir claramente que poderes económicos y políticos tradicionales de El Salvador lograron detener el avance de la democratización en el país, a la que abrieron espacio los Acuerdos de Paz, por lo que es urgente evaluar su cumplimiento y retomar la agenda pendiente”, sostiene Morales.
Para el investigador, el momento inicial de contención del avance del cumplimiento de los Acuerdos fue la disolución del Foro Económico Social, en el que se buscarían consensos entre el gobierno, el sector privado y las fuerzas sociales para enfrentar los graves problemas económicos y sociales que originaron la guerra civil. “La concertación que se planteó en el Foro es una oportunidad que se perdió cuando el gobierno volvió la vista hacia otro lado y la empresa privada abandonó ese espacio que habría dado frutos importantes”. “Así, los poderes económicos y políticos impusieron sus intereses a la aspiración nacional de democratizar al país”, reitera.
El momento de profundización de los bloqueos al cumplimiento de los Acuerdos fue cuando la misión de verificación de las Naciones Unidas se retiró del país en 1996, situación que fue aprovechada por los referidos poderes fácticos para declarar agotada la agenda de los Acuerdos de Paz.
Morales considera que el único resultado exitoso de la implementación de los Acuerdos fue el desmontaje del conflicto armado y la creación de instituciones como la PNC y la PDDH. “Pero las profundas reformas políticas y judiciales que se plantearon, nunca se realizaron”. “Con el agravante de que la PNC se desnaturalizó y la PDDH enfrenta diversos obstáculos que impiden su adecuado desempeño”, sostiene.
Para el investigador, el desmontaje de la guerra se realizó garantizando la impunidad, que se mantiene hasta hoy. “Se exoneró de responsabilidad a los mayores criminales de guerra del país y, de entrada, se le negó el derecho a la verdad y a la justicia a miles de salvadoreños que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, señala.
Morales asegura que si las reformas se hubieran efectuado, el país tendría un sistema judicial depurado, un Tribunal Supremo Electoral despartidizado, la Fiscalía no estaría bajo el control del oficialismo y la institucionalidad del país no sería tan dependiente de los poderes económicos y políticos.
El estudio es el primero de una serie de informes que serán presentados por diversas organizaciones de derechos humanos, en el marco de la celebración del 15o. Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, efectuada el 16 de enero de 1992, entre el GOES y el FMLN.
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