Isabel Soto Mayedo
Redacción Central, 23 dic (PL) Centroamérica le disputa hoy el lugar al reino del dios griego de la muerte, Hades: la tasa de homicidios en esa área oscila entre siete y 44,7 por cada 100 mil habitantes.
Incluso, las estadísticas acumuladas por la mayor parte de estas naciones rebasan el promedio mundial de homicidios, de 8,8 por cada 100 mil personas, según organismos internacionales.
Resulta alarmante comprobar que ningún país istmeño escapó al ascenso de la criminalidad en 2006, lo que demuestra la ineficacia de las estrategias gubernamentales aplicadas con tal de detener esa problemática social.
El peor registro criminal de enero a diciembre de este año lo acumuló Honduras, seguida por Guatemala (34,9), El Salvador (41), Costa Rica y Nicaragua con siete y Panamá con seis.
Para algunos entendidos en estos temas, el territorio hondureño debió ser considerado el país con el balance más negativo del istmo desde el 2005 por la similitud de sus registros a los acopiados entonces en El Salvador.
Los factores que más incidieron en el incremento de la tasa de homicidios en esta nación fueron la violencia al interior de los hogares y contra los menores de 23 años, cuestión esta denunciada en reiterados ocasiones desde hace casi una década.
La Unidad de Investigación Especial de Honduras registró 660 demandas acerca de asesinatos de niñas, niños y jóvenes de enero a diciembre de este año, 112 de las cuales remitió al Ministerio Público para ser procesadas.
Sin embargo, los 548 restantes continúan bajo investigación, mientras que los culpables probablemente estén preparándose para disfrutar de los festejos navideños.
Algo similar ocurre en el resto de Centroamérica, donde la violencia doméstica tiende a agravarse en virtud de las frustraciones que deben sortear las familias por la falta de perspectivas de desarrollo frente a la miseria reinante.
A esto se añade la multiplicidad de armas mortíferas al alcance de todos, pese a las alertas y sugerencias de los defensores del pueblo y otros sectores sociales de abolir las leyes que impulsan esto.
Tales factores explican en parte por qué en el país más afectado por la criminalidad expandida por esa área, por ejemplo, se recibieron tres mil 184 denuncias de supuesta violencia doméstica sólo en la oficina policial capitalina durante 2006.
Funcionarios de esa dependencia del Ministerio Público aseguraron que, de todas estas denuncias, apenas 790 se convirtieron en casos legales, con 592 sentencias y 26 casos desestimados.
Esto devino en gran medida de la aplicación de la legislación vigente en Honduras sobre el tema, que incluye leves sanciones de servicio comunitario y detención preventiva por 24 horas sólo si el agresor es capturado en el acto.
Aunque el Código Penal de ese país establece el crimen de violencia intrafamiliar y desacato a la autoridad, en el caso que un agresor no cumpla con una orden de restricción, la sentencia máxima por cada incidente no rebasa los tres años de prisión.
La debilidad de las leyes sobre el tema en casi todas las naciones centroamericanas, salvo en Costa Rica, unido a una larga tradición machista estimulan los actos de abusos de los esposos contra las esposas, coincidieron en afirmar especialistas.
Sin embargo, la violencia al interior de los hogares es más terrible contra los menores, quienes suelen estar sujetos a las fluctuaciones en el carácter de sus padres, cuidadores y familiares.
La tendencia al agravamiento de la criminalidad en Centroamérica comenzó a registrarse casi al término de los procesos de paz, que pusieron fin a los conflictos armados de los 80.
Las heridas arrastradas desde estas guerras, el deterioro progresivo de las condiciones de vida y la desatención estatal a los sectores más vulnerables, entre otros factores, incidieron en este proceso.
Mientras las autoridades insisten en atribuir tal aumento a la acción de las pandillas o maras, sobre todo en Honduras y El Salvador, todo prueba que son los efectos de las políticas neoliberales las que redundan en esa realidad.
Redacción Central, 23 dic (PL) Centroamérica le disputa hoy el lugar al reino del dios griego de la muerte, Hades: la tasa de homicidios en esa área oscila entre siete y 44,7 por cada 100 mil habitantes.
Incluso, las estadísticas acumuladas por la mayor parte de estas naciones rebasan el promedio mundial de homicidios, de 8,8 por cada 100 mil personas, según organismos internacionales.
Resulta alarmante comprobar que ningún país istmeño escapó al ascenso de la criminalidad en 2006, lo que demuestra la ineficacia de las estrategias gubernamentales aplicadas con tal de detener esa problemática social.
El peor registro criminal de enero a diciembre de este año lo acumuló Honduras, seguida por Guatemala (34,9), El Salvador (41), Costa Rica y Nicaragua con siete y Panamá con seis.
Para algunos entendidos en estos temas, el territorio hondureño debió ser considerado el país con el balance más negativo del istmo desde el 2005 por la similitud de sus registros a los acopiados entonces en El Salvador.
Los factores que más incidieron en el incremento de la tasa de homicidios en esta nación fueron la violencia al interior de los hogares y contra los menores de 23 años, cuestión esta denunciada en reiterados ocasiones desde hace casi una década.
La Unidad de Investigación Especial de Honduras registró 660 demandas acerca de asesinatos de niñas, niños y jóvenes de enero a diciembre de este año, 112 de las cuales remitió al Ministerio Público para ser procesadas.
Sin embargo, los 548 restantes continúan bajo investigación, mientras que los culpables probablemente estén preparándose para disfrutar de los festejos navideños.
Algo similar ocurre en el resto de Centroamérica, donde la violencia doméstica tiende a agravarse en virtud de las frustraciones que deben sortear las familias por la falta de perspectivas de desarrollo frente a la miseria reinante.
A esto se añade la multiplicidad de armas mortíferas al alcance de todos, pese a las alertas y sugerencias de los defensores del pueblo y otros sectores sociales de abolir las leyes que impulsan esto.
Tales factores explican en parte por qué en el país más afectado por la criminalidad expandida por esa área, por ejemplo, se recibieron tres mil 184 denuncias de supuesta violencia doméstica sólo en la oficina policial capitalina durante 2006.
Funcionarios de esa dependencia del Ministerio Público aseguraron que, de todas estas denuncias, apenas 790 se convirtieron en casos legales, con 592 sentencias y 26 casos desestimados.
Esto devino en gran medida de la aplicación de la legislación vigente en Honduras sobre el tema, que incluye leves sanciones de servicio comunitario y detención preventiva por 24 horas sólo si el agresor es capturado en el acto.
Aunque el Código Penal de ese país establece el crimen de violencia intrafamiliar y desacato a la autoridad, en el caso que un agresor no cumpla con una orden de restricción, la sentencia máxima por cada incidente no rebasa los tres años de prisión.
La debilidad de las leyes sobre el tema en casi todas las naciones centroamericanas, salvo en Costa Rica, unido a una larga tradición machista estimulan los actos de abusos de los esposos contra las esposas, coincidieron en afirmar especialistas.
Sin embargo, la violencia al interior de los hogares es más terrible contra los menores, quienes suelen estar sujetos a las fluctuaciones en el carácter de sus padres, cuidadores y familiares.
La tendencia al agravamiento de la criminalidad en Centroamérica comenzó a registrarse casi al término de los procesos de paz, que pusieron fin a los conflictos armados de los 80.
Las heridas arrastradas desde estas guerras, el deterioro progresivo de las condiciones de vida y la desatención estatal a los sectores más vulnerables, entre otros factores, incidieron en este proceso.
Mientras las autoridades insisten en atribuir tal aumento a la acción de las pandillas o maras, sobre todo en Honduras y El Salvador, todo prueba que son los efectos de las políticas neoliberales las que redundan en esa realidad.
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