El Consejo Superior Universitario de la Universidad Luterana Salvadoreña conciente de la responsabilidad de dar a conocer sus puntos de vista y contribuir a la necesaria discusión de la problemática por la que atraviesa el país expresa:
I- Los dolorosos y repudiables sucesos
El pasado miércoles 5 de julio en el marco de una protesta de estudiantes de secundaria y universitarios se registraron, en las afueras de la Universidad de El Salvador, acontecimientos violentos que culminaron con la muerte de dos miembros del cuerpo de antimotines de la Policía Nacional Civil, un trabajador universitario herido de gravedad mientras realizaba sus labores al interior del campus durante el sobrevuelo de dos helicópteros, uno de los cuales realizó disparos hacia las instalaciones universitarias, alrededor de treinta detenidos, entre estudiantes y comerciantes del sector informal y con el cerco policial y posterior penetración a las instalaciones de la Universidad por parte de miembros de la Fiscalía General de la República y un numeroso contingente de policías.
Sobre estos dolorosos y repudiables acontecimientos se han conocido las más diversas reacciones y posiciones que van desde la inmediata acusación por parte del Presidente de la República a un partido político como responsable del asesinato de los agentes del cuerpo de antimotines de la PNC, pasando por las declaraciones del ministro de Gobernación expresando que “los Acuerdos de Paz han sido rotos”, dejando ver, de alguna manera, que de nuevo el país está en guerra, hasta algunas expresiones orientadas a señalar la posibilidad de que lo acontecido haya sido parte de un plan surgido desde las instancias del poder gubernamental.
Sin embargo, y más allá de lo que puedan arrojar las investigaciones en curso existen muchos aspectos que obligan a cualquier persona a hacerse las mas variadas interrogantes como son entre otras: ¿Qué grado de conocimiento tenían con anterioridad los órganos de inteligencia existentes en el país, acerca de esa actividad?; algunos elementos dan pie a creer que había un nivel bastante importante de información al respecto, entre ellos, la ubicación desde la noche anterior, de francotiradores de la PNC en la terraza del hospital de niños, según se ha dicho públicamente, ¿Cuál es la razón de que hubiese en el lugar una inusitada cobertura de medios de prensa, cuando la actividad de protesta que allí se desarrollaba no era la más importante ni más masiva ese día a esa misma hora?; ¿Será esta una acción espontánea, propia de un determinado estado de ánimo de una persona o de un pequeño grupo de jóvenes o acaso estamos a las puertas de un nuevo momento de lucha armada en el país?.
Considerando la forma en que reaccionaron ante esos acontecimientos algunos sectores vinculados al gobierno y al partido oficial, no puede pasar desapercibido el enorme esfuerzo que hicieron y continúan haciendo, por sacar ventajas políticas de los mismos; basta señalar la prestancia con que quisieron aprobar la ley antiterrorista, a solo unas horas de sucedidos los hechos; tampoco se puede ignorar la violenta campaña lanzada desde la mayoría de medios de comunicación orientada a criminalizar a las organizaciones estudiantiles y de vincular al partido de izquierda con los acontecimientos.
II- La necesidad de ir a las causas
Sin embargo, a una semana de esos sucesos que golpearon a humildes familias, la Universidad de El Salvador ha sido desocupada, el tono de los discursos de los personeros del gobierno se ha moderado, pero no aparece todavía la reflexión crítica orientada a identificar las causas que han llevado al país a la actual situación.
Las actuales protestas populares no son infundadas o antojadizas; casi veinte años de políticas neoliberales han producido dolorosos efectos en amplios sectores de la sociedad, las más de 600 personas que diariamente huyen del país no lo hacen injustificadamente, la delincuencia sigue arreciando y solo en los primeros seis meses de este año han sido asesinadas 1830 personas según reportes de la PNC, la falta de medicinas en los hospitales, el incremento a la energía eléctrica y el alza al pasaje del transporte colectivo, la inflación, etc. están produciendo fuerte impacto en las condiciones de vida de la población más empobrecida y de las capas medias; en este sentido, independientemente de las motivaciones personales o de grupo que pudieron influir en lo acontecido el 5 de julio, hay un contexto que se ha configurado como resultado de ciertas decisiones políticas tomadas por los que gobiernan el país.
Lamentablemente, hasta ahora, no se observa de parte de los sectores que se han beneficiado con el rumbo por el cual han conducido al país ningún atisbo, ni siquiera de duda, acerca de lo inconveniente que resulta continuar por el mismo sendero.
Por el contrario, lo que está prevaleciendo es la decisión de pasar a una nueva situación a partir reforzamiento del autoritarismo como la forma más viable para contener el malestar y la movilización social; esa parece ser la verdadera razón por la cual se pretenden aprobar cerca de 70 reformas al Código Penal así como la ley antiterrorista.
Pero a la vez, para el actual gobierno y los grandes grupos empresariales resulta indispensable contener la movilización popular y así poder impulsar nuevas medidas de política económica, siempre en la ruta de las privatizaciones, con el propósito de superar las trabas que presenta el actual modelo y que se manifiestan en el poco crecimiento de la economía, la nula creación de empleos, el déficit fiscal, el déficit comercial, el alto nivel de endeudamiento y la amenaza de quiebra del sistema de pensiones, entre otras.
III- El Salvador se encuentra de nuevo en una encrucijada histórica.
Es innegable que el país ha entrado en una nueva y profunda crisis política que se ha venido larvando a lo largo de toda la etapa de la post guerra; el fundamento de esta situación radica en la existencia, desde el Acuerdo de Paz (1992) de una contradicción cuyo desarrollo se ha venido mostrando cada vez con mayor claridad.
El Acuerdo de Paz originó una reforma política que abrió espacios para la democratización del país, en especial, para la incorporación de la izquierda insurgente al sistema político como un partido legal, se lograron avances en el respeto de los Derechos Humanos, se creó la Policía Nacional Civil y se redujo y depuró al ejército, limitándole sus funciones constitucionales.
Sin embargo, este proceso de transformaciones democráticas fue obligado a coexistir desde su inicio con un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza, basado en las privatizaciones de los principales activos del Estado, la apertura de la economía y el papel central de las llamadas “fuerzas del mercado” en la orientación de la economía del país, conocido como modelo neoliberal, que estaba siendo desplegado desde la llegada del ex presidente Alfredo Cristiani al gobierno en el año de1989.
De esta forma la etapa de post guerra ha transcurrido marcada por la contradicción existente entre las necesidades de desarrollo y consolidación de esta forma de democracia y el avance de un modelo económico empobrecedor de las mayorías y por tanto, generador de diferentes fenómenos y protestas sociales cuya contención, en el actual esquema de dominación demanda cada vez mayores niveles de represión y autoritarismo.
La situación que actualmente vivimos demuestra que no es posible avanzar en la democracia política teniendo a la base una dictadura del mercado. Sin embargo, la experiencia histórica reciente ha demostrado los innumerables riesgos y peligros que la represión y el autoritarismo conllevan.
La solución de la actual crisis política no pasa por el camino del autoritarismo legalizado, al contrario, solo la profundizará. La salida de la crisis no debe sacrificar los espacios de democracia conquistados; los cambios deben orientarse a la democratización de la economía y de esa forma eliminar la contradicción que ha marcado toda la post guerra.
IV- Finalmente, la Universidad Luterana Salvadoreña
1- Hace pública su condena a los aniquilamientos de los miembros del cuerpo de antimotines de la PNC y demanda al Gobierno de la República una investigación científica y transparente para dar con los verdaderos responsables.
2- Exige que se deduzcan responsabilidades en el caso del trabajador de la Universidad de El Salvador que fue baleado mientras realizaba sus labores.
3- Se solidariza con la Universidad de El Salvador, con sus autoridades y comunidad en general y demanda el pleno respeto a su autonomía.
4- Rechaza la pretensión de aprobar de la ley antiterrorista
5 Demanda el cese de la represión en cualquiera de sus manifestaciones y
6- Propone a las diferentes fuerzas sociales y políticas interesadas en la superación de la actual situación, abrir espacios de diálogo para abordar las causas profundas que han llevado al país a la encrucijada en que se encuentra y de esa forma proponer las soluciones correspondientes.
San salvador, 12 de junio de 2006-07-11
Consejo Superior Universitario
Universidad Luterana Salvadoreña
I- Los dolorosos y repudiables sucesos
El pasado miércoles 5 de julio en el marco de una protesta de estudiantes de secundaria y universitarios se registraron, en las afueras de la Universidad de El Salvador, acontecimientos violentos que culminaron con la muerte de dos miembros del cuerpo de antimotines de la Policía Nacional Civil, un trabajador universitario herido de gravedad mientras realizaba sus labores al interior del campus durante el sobrevuelo de dos helicópteros, uno de los cuales realizó disparos hacia las instalaciones universitarias, alrededor de treinta detenidos, entre estudiantes y comerciantes del sector informal y con el cerco policial y posterior penetración a las instalaciones de la Universidad por parte de miembros de la Fiscalía General de la República y un numeroso contingente de policías.
Sobre estos dolorosos y repudiables acontecimientos se han conocido las más diversas reacciones y posiciones que van desde la inmediata acusación por parte del Presidente de la República a un partido político como responsable del asesinato de los agentes del cuerpo de antimotines de la PNC, pasando por las declaraciones del ministro de Gobernación expresando que “los Acuerdos de Paz han sido rotos”, dejando ver, de alguna manera, que de nuevo el país está en guerra, hasta algunas expresiones orientadas a señalar la posibilidad de que lo acontecido haya sido parte de un plan surgido desde las instancias del poder gubernamental.
Sin embargo, y más allá de lo que puedan arrojar las investigaciones en curso existen muchos aspectos que obligan a cualquier persona a hacerse las mas variadas interrogantes como son entre otras: ¿Qué grado de conocimiento tenían con anterioridad los órganos de inteligencia existentes en el país, acerca de esa actividad?; algunos elementos dan pie a creer que había un nivel bastante importante de información al respecto, entre ellos, la ubicación desde la noche anterior, de francotiradores de la PNC en la terraza del hospital de niños, según se ha dicho públicamente, ¿Cuál es la razón de que hubiese en el lugar una inusitada cobertura de medios de prensa, cuando la actividad de protesta que allí se desarrollaba no era la más importante ni más masiva ese día a esa misma hora?; ¿Será esta una acción espontánea, propia de un determinado estado de ánimo de una persona o de un pequeño grupo de jóvenes o acaso estamos a las puertas de un nuevo momento de lucha armada en el país?.
Considerando la forma en que reaccionaron ante esos acontecimientos algunos sectores vinculados al gobierno y al partido oficial, no puede pasar desapercibido el enorme esfuerzo que hicieron y continúan haciendo, por sacar ventajas políticas de los mismos; basta señalar la prestancia con que quisieron aprobar la ley antiterrorista, a solo unas horas de sucedidos los hechos; tampoco se puede ignorar la violenta campaña lanzada desde la mayoría de medios de comunicación orientada a criminalizar a las organizaciones estudiantiles y de vincular al partido de izquierda con los acontecimientos.
II- La necesidad de ir a las causas
Sin embargo, a una semana de esos sucesos que golpearon a humildes familias, la Universidad de El Salvador ha sido desocupada, el tono de los discursos de los personeros del gobierno se ha moderado, pero no aparece todavía la reflexión crítica orientada a identificar las causas que han llevado al país a la actual situación.
Las actuales protestas populares no son infundadas o antojadizas; casi veinte años de políticas neoliberales han producido dolorosos efectos en amplios sectores de la sociedad, las más de 600 personas que diariamente huyen del país no lo hacen injustificadamente, la delincuencia sigue arreciando y solo en los primeros seis meses de este año han sido asesinadas 1830 personas según reportes de la PNC, la falta de medicinas en los hospitales, el incremento a la energía eléctrica y el alza al pasaje del transporte colectivo, la inflación, etc. están produciendo fuerte impacto en las condiciones de vida de la población más empobrecida y de las capas medias; en este sentido, independientemente de las motivaciones personales o de grupo que pudieron influir en lo acontecido el 5 de julio, hay un contexto que se ha configurado como resultado de ciertas decisiones políticas tomadas por los que gobiernan el país.
Lamentablemente, hasta ahora, no se observa de parte de los sectores que se han beneficiado con el rumbo por el cual han conducido al país ningún atisbo, ni siquiera de duda, acerca de lo inconveniente que resulta continuar por el mismo sendero.
Por el contrario, lo que está prevaleciendo es la decisión de pasar a una nueva situación a partir reforzamiento del autoritarismo como la forma más viable para contener el malestar y la movilización social; esa parece ser la verdadera razón por la cual se pretenden aprobar cerca de 70 reformas al Código Penal así como la ley antiterrorista.
Pero a la vez, para el actual gobierno y los grandes grupos empresariales resulta indispensable contener la movilización popular y así poder impulsar nuevas medidas de política económica, siempre en la ruta de las privatizaciones, con el propósito de superar las trabas que presenta el actual modelo y que se manifiestan en el poco crecimiento de la economía, la nula creación de empleos, el déficit fiscal, el déficit comercial, el alto nivel de endeudamiento y la amenaza de quiebra del sistema de pensiones, entre otras.
III- El Salvador se encuentra de nuevo en una encrucijada histórica.
Es innegable que el país ha entrado en una nueva y profunda crisis política que se ha venido larvando a lo largo de toda la etapa de la post guerra; el fundamento de esta situación radica en la existencia, desde el Acuerdo de Paz (1992) de una contradicción cuyo desarrollo se ha venido mostrando cada vez con mayor claridad.
El Acuerdo de Paz originó una reforma política que abrió espacios para la democratización del país, en especial, para la incorporación de la izquierda insurgente al sistema político como un partido legal, se lograron avances en el respeto de los Derechos Humanos, se creó la Policía Nacional Civil y se redujo y depuró al ejército, limitándole sus funciones constitucionales.
Sin embargo, este proceso de transformaciones democráticas fue obligado a coexistir desde su inicio con un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza, basado en las privatizaciones de los principales activos del Estado, la apertura de la economía y el papel central de las llamadas “fuerzas del mercado” en la orientación de la economía del país, conocido como modelo neoliberal, que estaba siendo desplegado desde la llegada del ex presidente Alfredo Cristiani al gobierno en el año de1989.
De esta forma la etapa de post guerra ha transcurrido marcada por la contradicción existente entre las necesidades de desarrollo y consolidación de esta forma de democracia y el avance de un modelo económico empobrecedor de las mayorías y por tanto, generador de diferentes fenómenos y protestas sociales cuya contención, en el actual esquema de dominación demanda cada vez mayores niveles de represión y autoritarismo.
La situación que actualmente vivimos demuestra que no es posible avanzar en la democracia política teniendo a la base una dictadura del mercado. Sin embargo, la experiencia histórica reciente ha demostrado los innumerables riesgos y peligros que la represión y el autoritarismo conllevan.
La solución de la actual crisis política no pasa por el camino del autoritarismo legalizado, al contrario, solo la profundizará. La salida de la crisis no debe sacrificar los espacios de democracia conquistados; los cambios deben orientarse a la democratización de la economía y de esa forma eliminar la contradicción que ha marcado toda la post guerra.
IV- Finalmente, la Universidad Luterana Salvadoreña
1- Hace pública su condena a los aniquilamientos de los miembros del cuerpo de antimotines de la PNC y demanda al Gobierno de la República una investigación científica y transparente para dar con los verdaderos responsables.
2- Exige que se deduzcan responsabilidades en el caso del trabajador de la Universidad de El Salvador que fue baleado mientras realizaba sus labores.
3- Se solidariza con la Universidad de El Salvador, con sus autoridades y comunidad en general y demanda el pleno respeto a su autonomía.
4- Rechaza la pretensión de aprobar de la ley antiterrorista
5 Demanda el cese de la represión en cualquiera de sus manifestaciones y
6- Propone a las diferentes fuerzas sociales y políticas interesadas en la superación de la actual situación, abrir espacios de diálogo para abordar las causas profundas que han llevado al país a la encrucijada en que se encuentra y de esa forma proponer las soluciones correspondientes.
San salvador, 12 de junio de 2006-07-11
Consejo Superior Universitario
Universidad Luterana Salvadoreña
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