Licda. Norma Guevara de Ramirios
Diputada del FMLN
En la Asamblea tiene lugar un debate que ha de finalizar con la aprobación de una Ley de Acceso a la Información. Las iniciativas que situaron el tema, provienen, una de diputados del FMLN que en el período legislativo anterior presentaron un anteproyecto, y otro que fue elaborado por FUSADES y al cual le dieron iniciativa los diputados de ARENA. La Comisión que tiene en sus manos el estudio de esta ley, ha procesado de ambos anteproyectos uno nuevo, pero antes de su aprobación la Subsecretaría de Transparencia solicitó tiempo para abrir un proceso de consulta y realizar sus propios aportes. Esta tarea ha finalizado y es de esperar que estemos cerca de la aprobación de una ley muy demandada y muy necesaria para el control de la ciudadanía sobre la gestión pública.
El acceso a la información de la gestión de entidades estatales y privadas que se financian con fondos públicos, contribuirá a una forma de control político de la ciudadanía, será una función que presione a la Corte de Cuentas a ejercer mejor sus funciones establecidas en la ley y en cinco artículos de la Constitución. En verdad si la Corte cumpliera su papel, el derroche y la corrupción se evitarían, y los funcionarios y empleados públicos se empeñarían en cumplir sus misiones a cabalidad.
La Ley de acceso a la información obligará la creación de sistemas ordenados y permanentes de información para ser proporcionada a quien los requiera, ojalá con acceso libre por medios informatizados. Si los hospitales tuvieran a disposición sus inventarios de medicamentos, sus adquisiciones y las entregas; las operaciones de compra de medicamentos a punto de vencerse, los enterramientos o la utilización de los mismos por el partido ARENA jamás hubieran ocurrido y muchas vidas se preservarían mejor en vez de contemplar ahora cárcavas rellenas con toneladas de medicinas enterradas ilegalmente.
Esa Ley deberá establecer mecanismos de acceso de información para aquellas entidades privadas que reciben subsidios como el subsidio a exportadores que representa cientos de millones de dólares; o la forma en que una empresa autorizada a captar impuestos como el IVA, mantengan evidencia de que lo entregan al Ministerio de Hacienda en vez de hacer apropiación indebida. Toda ONG o institución que recibe transferencia de fondos públicos para sus actividades, debe mantenerse igualmente dispuesta a brindar información sobre la forma en que los utiliza.
El Presupuesto General del Estado debe ser en verdad una herramienta para responder a las necesidades de la sociedad, es impropio que se deje de rendir cuentas cuando se tiene que ejecutar un préstamo, como pasó con el Hospital de Maternidad y de la inexistente calle conocida como Diego de Holguín; si llama la atención de la sociedad el endeudamiento del país, lo menos que puede pasar con una ley de acceso a la información es que muchos ciudadanos estarán interesados en saber la forma en que se están realizando las obras para las cuales el país decide endeudarse.
Por eso esa ley debemos verla como un antídoto a la corrupción y como un medio de hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a ser informada correctamente sobre la acción de las instituciones estatales y de las privadas que usan fondos públicos.
El Ministerio de Hacienda debe informar de las transferencias que realiza de un Ministerio a otro, y al final del año, debe quedar claro a la sociedad en qué se han utilizado los fondos públicos. Nos alegrará saber los resultados del gasto, las acciones contra el contrabando, la evasión y la elusión de quienes estando obligados a tributar, burlan la ley. Este es un medio de cerrar portillos a la corrupción como acostumbra decir el Presidente Funes. Será una manera de cuidar que se deje de inclinar la mano de ningún funcionario en una dirección que no sea legítima ni legal.
El efecto benéfico del control ciudadano de la gestión pública debe ser favorecido con esta ley que ahora se debate, se estimulará una nueva cultura de control y de rendición de cuentas, si se limita la tentación al abuso, se podrá hacer más con los siempre limitados recursos públicos. La sociedad conocerá de ingresos, gastos, de gastos tributarios, y evaluará mejor el efecto a lo largo del tiempo de servicios que a gritos requieren de mayores recursos como la educación, la salud, la vivienda social, la infraestructura vial, la protección del medio ambiente y más. El FMLN ve con esperanza el aparecimiento de este nuevo marco legal y espera su pronta aprobación y aplicación.
Diputada del FMLN
En la Asamblea tiene lugar un debate que ha de finalizar con la aprobación de una Ley de Acceso a la Información. Las iniciativas que situaron el tema, provienen, una de diputados del FMLN que en el período legislativo anterior presentaron un anteproyecto, y otro que fue elaborado por FUSADES y al cual le dieron iniciativa los diputados de ARENA. La Comisión que tiene en sus manos el estudio de esta ley, ha procesado de ambos anteproyectos uno nuevo, pero antes de su aprobación la Subsecretaría de Transparencia solicitó tiempo para abrir un proceso de consulta y realizar sus propios aportes. Esta tarea ha finalizado y es de esperar que estemos cerca de la aprobación de una ley muy demandada y muy necesaria para el control de la ciudadanía sobre la gestión pública.
El acceso a la información de la gestión de entidades estatales y privadas que se financian con fondos públicos, contribuirá a una forma de control político de la ciudadanía, será una función que presione a la Corte de Cuentas a ejercer mejor sus funciones establecidas en la ley y en cinco artículos de la Constitución. En verdad si la Corte cumpliera su papel, el derroche y la corrupción se evitarían, y los funcionarios y empleados públicos se empeñarían en cumplir sus misiones a cabalidad.
La Ley de acceso a la información obligará la creación de sistemas ordenados y permanentes de información para ser proporcionada a quien los requiera, ojalá con acceso libre por medios informatizados. Si los hospitales tuvieran a disposición sus inventarios de medicamentos, sus adquisiciones y las entregas; las operaciones de compra de medicamentos a punto de vencerse, los enterramientos o la utilización de los mismos por el partido ARENA jamás hubieran ocurrido y muchas vidas se preservarían mejor en vez de contemplar ahora cárcavas rellenas con toneladas de medicinas enterradas ilegalmente.
Esa Ley deberá establecer mecanismos de acceso de información para aquellas entidades privadas que reciben subsidios como el subsidio a exportadores que representa cientos de millones de dólares; o la forma en que una empresa autorizada a captar impuestos como el IVA, mantengan evidencia de que lo entregan al Ministerio de Hacienda en vez de hacer apropiación indebida. Toda ONG o institución que recibe transferencia de fondos públicos para sus actividades, debe mantenerse igualmente dispuesta a brindar información sobre la forma en que los utiliza.
El Presupuesto General del Estado debe ser en verdad una herramienta para responder a las necesidades de la sociedad, es impropio que se deje de rendir cuentas cuando se tiene que ejecutar un préstamo, como pasó con el Hospital de Maternidad y de la inexistente calle conocida como Diego de Holguín; si llama la atención de la sociedad el endeudamiento del país, lo menos que puede pasar con una ley de acceso a la información es que muchos ciudadanos estarán interesados en saber la forma en que se están realizando las obras para las cuales el país decide endeudarse.
Por eso esa ley debemos verla como un antídoto a la corrupción y como un medio de hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a ser informada correctamente sobre la acción de las instituciones estatales y de las privadas que usan fondos públicos.
El Ministerio de Hacienda debe informar de las transferencias que realiza de un Ministerio a otro, y al final del año, debe quedar claro a la sociedad en qué se han utilizado los fondos públicos. Nos alegrará saber los resultados del gasto, las acciones contra el contrabando, la evasión y la elusión de quienes estando obligados a tributar, burlan la ley. Este es un medio de cerrar portillos a la corrupción como acostumbra decir el Presidente Funes. Será una manera de cuidar que se deje de inclinar la mano de ningún funcionario en una dirección que no sea legítima ni legal.
El efecto benéfico del control ciudadano de la gestión pública debe ser favorecido con esta ley que ahora se debate, se estimulará una nueva cultura de control y de rendición de cuentas, si se limita la tentación al abuso, se podrá hacer más con los siempre limitados recursos públicos. La sociedad conocerá de ingresos, gastos, de gastos tributarios, y evaluará mejor el efecto a lo largo del tiempo de servicios que a gritos requieren de mayores recursos como la educación, la salud, la vivienda social, la infraestructura vial, la protección del medio ambiente y más. El FMLN ve con esperanza el aparecimiento de este nuevo marco legal y espera su pronta aprobación y aplicación.
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