San Salvador, 31 oct (PL) El Ministerio de Trabajo acató hoy, en contra de la voluntad de miles de salvadoreños, la inconstitucionalidad del convenio 87 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical.
El lunes pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución en la que declaró inconstitucional el citado acuerdo del organismo internacional, que permite la libre sindicalización de los empleados públicos.
Ese convenio indica además que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones.
Renato Cifuentes, representante del Sindicato de Trabajadores del Organo Judicial, recordó que los convenios 87, 98, 135 y 151 de la OIT fueron ratificados unánimemente por la Asamblea legislativa en 2006.
Sin embargo, el titular de Trabajo, José Roberto Espinal, afirmó que la sentencia definitiva de la CSJ no admitirá ningún recurso y será obligatoria para los órganos del Estado, sus funcionarios y autoridades y para toda persona natural o jurídica.
En tal sentido, el funcionario gubernamental declaró sin lugar la personalidad jurídica solicitada por ocho agrupaciones laborales del país.
Este tema volvió a la palestra luego del condicionamiento de la Unión Europea (UE) para un acuerdo de libre asociación con Centroamérica, cuya primera ronda de negociación tuvo lugar hace pocos días en Costa Rica.
De no ratificarse el convenio de la OIT, El Salvador perdería ciertos beneficios arancelarios del bloque europeo como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que le permite al país exportar productos sin ningún tipo de impuestos.
La pérdida de esos beneficios ponen en peligro unos 20 mil empleos, afirmó el legislador Calixto Mejía, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El lunes pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución en la que declaró inconstitucional el citado acuerdo del organismo internacional, que permite la libre sindicalización de los empleados públicos.
Ese convenio indica además que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones.
Renato Cifuentes, representante del Sindicato de Trabajadores del Organo Judicial, recordó que los convenios 87, 98, 135 y 151 de la OIT fueron ratificados unánimemente por la Asamblea legislativa en 2006.
Sin embargo, el titular de Trabajo, José Roberto Espinal, afirmó que la sentencia definitiva de la CSJ no admitirá ningún recurso y será obligatoria para los órganos del Estado, sus funcionarios y autoridades y para toda persona natural o jurídica.
En tal sentido, el funcionario gubernamental declaró sin lugar la personalidad jurídica solicitada por ocho agrupaciones laborales del país.
Este tema volvió a la palestra luego del condicionamiento de la Unión Europea (UE) para un acuerdo de libre asociación con Centroamérica, cuya primera ronda de negociación tuvo lugar hace pocos días en Costa Rica.
De no ratificarse el convenio de la OIT, El Salvador perdería ciertos beneficios arancelarios del bloque europeo como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que le permite al país exportar productos sin ningún tipo de impuestos.
La pérdida de esos beneficios ponen en peligro unos 20 mil empleos, afirmó el legislador Calixto Mejía, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
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