El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, después de un cuidadoso examen de los trágicos acontecimientos sucedidos en los alrededores y en el seno del Campus de la Universidad de El Salvador, al pueblo salvadoreño manifiesta:
1. Nuestra rotunda condena al uso de la violencia, venga de donde venga, en el desarrollo de actividades reivindicativas de sectores sociales específicos. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el uso de las armas y la violencia no es un recurso legítimo para alcanzar objetivos políticos y sociales. Ningún individuo o grupo, cualesquiera que sean las ideas que profese, tiene justificación o derecho a emplear armas y métodos violentos, proscritos por la Constitución y las leyes de la República.
2. Condenamos y repudiamos de manera rotunda y en los más enérgicos términos el asesinato de dos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden. En similares términos condenamos y repudiamos los ataques armados sufridos por la UMO, la Universidad de El Salvador y estudiantes, acciones que han dejado un saldo de varias personas gravemente lesionadas. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los agentes policiales asesinados y con todas las personas heridas y afectadas en estos incidentes. De manera especial hacemos constar nuestra solidaridad con los agentes y oficiales de la Policía Nacional Civil que cumplen honestamente con su deber.
3. Nos pronunciamos de la manera más categórica en rechazo al uso de armas de fuego por individuos aventureros e irresponsables, que dispararon contra efectivos policiales, poniendo además en gravísimo riesgo a personas que intentaban expresar sus demandas de manera pacífica, así como a personas que circulaban o se encontraban en las inmediaciones del lugar de los hechos.
4. Rechazamos y repudiamos de la misma manera las burdas pretensiones de políticos de extrema derecha, dentro y fuera del Gobierno, así como de ciertos medios de comunicación afines al partido oficial, de responsabilizar a nuestro partido de los lamentables hechos del 5 de Julio. Sólo mentes perversas pueden atreverse a hacer tan temerarios señalamientos. El FMLN es y ha sido coherente y absolutamente responsable en su compromiso de luchar política y pacíficamente por alcanzar los objetivos de su programa histórico, muy a pesar de las violaciones e incumplimientos de sucesivos Gobiernos a los Acuerdos de Paz, los selectivos asesinatos de nuestros militantes y los frecuentes e impunes atentados que la derecha gobernante comete contra los principios esenciales de un sistema democrático. Por lo mismo, esas absurdas y maquiavélicas pretensiones de ligar al FMLN a un hecho criminal tienen el sólo propósito de justificar medidas represivas contra el pueblo y el FMLN, acentuando el esquema represivo y autoritario que desde hace algunos años se ha establecido en el país. Buscan así mismo, frenar el avance político del FMLN hacia la conquista del Ejecutivo por la vía electoral en el año 2009.
5. El FMLN, partido político con alrededor de cien mil afiliados y depositario de la mayor cantidad de votos emitidos en las recientes elecciones parlamentarias, y que por su peso político es esencial para la gobernabilidad del país, NO TIENE LA MÁS MÍNIMA RESPONSABILIDAD por la conducta personal de individuos como Luís Herrador y Mario Belloso, quienes, aunque formalmente aparecen en los listados de militantes de nuestro instituto político, están separados de cualquier labor de conducción partidaria. Ninguno de ellos ha recibido, en momento o circunstancia alguna, orientaciones o instrucciones de nadie dentro del FMLN para proceder de la forma en que han procedido. Es por tanto INADMISIBLE, por ir contra toda lógica jurídica y política, pretender acusar ahora a todo un conglomerado político, que exhibe la mayor responsabilidad, coherencia y legalidad en sus actos, de conductas ilegales de individuos, al margen de la linea política del FMLN.
6. Los graves acontecimientos del pasado 5 de julio tienen que ser investigados a fondo, con profesionalismo, independencia, objetividad e imparcialidad por parte de la Fiscalía General de la República. Se tienen que deducir todas las responsabilidades, materiales e intelectuales, por todos los delitos cometidos, sin excepción alguna, y sobre los responsables debe caer todo el peso de la ley. Subrayamos la importancia, en aras de la transparencia y credibilidad de las investigaciones, la participación de peritos internacionales independientes. Las investigaciones deben llevarse adelante respetando la legalidad y el debido proceso y rechazando cualquier presión política o de otra índole. El señor Fiscal General tiene en sus manos la oportunidad de demostrar su independencia y su compromiso con la verdad y la ley. En la misma linea, le demandamos que actúe con similar presteza y celo en la investigación de otros graves crímenes acontecidos en los últimos días, incluidos el asesinato, precedido de torturas, de los militantes históricos del FMLN Francisco Manzanares y Juanita Monjarás de Manzanares, así como de las denuncias sobre la existencia de grupos de exterminio, hechas públicas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
7. Los sucesos del 5 de Julio no deben ser tomados como pretexto para lanzar a la PNC contra las expresiones de descontento social que se están multiplicando en el país, producto de irresponsables e inhumanas decisiones del Gobierno, que sumen en mayor pobreza a amplios sectores de la población. Exigimos el cese inmediato de la persecución desatada desde el 5 de Julio contra activistas estudiantiles y otros líderes del movimiento social organizado. El descontento social no es terrorismo, solo en mentes anti-democráticas cabe semejante idea. Por lo mismo, la misión de la PNC no puede ser desnaturalizada, ni puede ser la Policía instrumentalizada para servir a propósitos partidistas. De igual manera nos pronunciamos categóricamente contra cualquier intento de involucrar a la Fuerza Armada en acciones de represión contra los movimientos populares que enarbolan legítimas reivindicaciones.
8. Nos solidarizamos una vez más con la Universidad de El Salvador y su comunidad universitaria, rechazamos todo acto o expresión que irrespete su autonomía y denigre su papel como alto centro de estudios, ente rector de la enseñanza superior y conciencia crítica de la sociedad salvadoreña. Reconocemos la entereza, ecuanimidad y responsabilidad con que las autoridades de la UES han sabido enfrentar esta difícil situación.
9. En un momento difícil para la paz y tranquilidad ciudadanas, una vez más exigimos el DESARME TOTAL de la sociedad salvadoreña, como una medida eficaz para reducir la violencia y la delincuencia de todo tipo. Demandamos a los demás sectores políticos y sociales a que muestren un real interés con la seguridad y los derechos humanos de los y las salvadoreñas, apoyando esta medida.
10. El tema de los Acuerdos de Paz se ha vuelto a poner de manifiesto en esta coyuntura nacional. Reiteradamente hemos hecho públicos nuestras preocupaciones por la reversión de importantes compromisos del Acuerdo de Paz. Consecuentes con nuestro compromiso de salvaguardar la paz y cerrarle el paso a cualquier intento de revertir aún más los espacios democráticos generados por los Acuerdos, nos dirigiremos al Secretario General de la ONU solicitándole se reinstale de inmediato en el país una Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz y un Relator Especial de Derechos Humanos, para efectuar una evaluación exhaustiva del cumplimiento de los Acuerdos por las Partes firmantes y rendir informe al Consejo de Seguridad y demás instancias de esa organización mundial.
11. Hacemos un llamado a la reflexión a las más altas autoridades del Gobierno y del partido oficial, y a los medios de comunicación que los acompañan. Los mensajes de odio y desprestigio no traerán nada positivo a la sociedad. La instrumentalización oportunista de estos lamentables hechos, que se producen en el marco de medidas anti-populares como el alza al pasaje de los autobuses y a las tarifas de la energía eléctrica, únicamente contribuirá a agudizar la ya marcada polarización social y política que vive el país. No les servirá esta campaña irresponsable para acallar las voces de protesta por el agravamiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de salvadoreños. La represión, sea sicológica, legal o física, nunca será el camino para la gobernabilidad democrática.
12. A todos los sectores de la sociedad salvadoreña, agrupados en comunidades religiosas, gremios, asociaciones, colegios y universidades, medios de comunicación, y otros, los exhortamos a concurrir con sus reflexiones, pronunciamientos y acciones, para que se abran los canales hacia un auténtico diálogo nacional, que tenga como punto de partida un rotundo NO A LA VIOLENCIA, cualquiera que sea su forma, justificación y origen, y que le dé a nuestro pueblo la esperanza de que El Salvador no retrocederá al pasado. A la Comunidad Internacional le pedimos el acompañamiento y el apoyo para que los esfuerzos de las y los salvadoreños por asegurar la paz y la convivencia en democracia sean fructíferos.
COMISIÓN POLÍTICA
El Salvador, 10 de Julio de 2006
1. Nuestra rotunda condena al uso de la violencia, venga de donde venga, en el desarrollo de actividades reivindicativas de sectores sociales específicos. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el uso de las armas y la violencia no es un recurso legítimo para alcanzar objetivos políticos y sociales. Ningún individuo o grupo, cualesquiera que sean las ideas que profese, tiene justificación o derecho a emplear armas y métodos violentos, proscritos por la Constitución y las leyes de la República.
2. Condenamos y repudiamos de manera rotunda y en los más enérgicos términos el asesinato de dos agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden. En similares términos condenamos y repudiamos los ataques armados sufridos por la UMO, la Universidad de El Salvador y estudiantes, acciones que han dejado un saldo de varias personas gravemente lesionadas. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los agentes policiales asesinados y con todas las personas heridas y afectadas en estos incidentes. De manera especial hacemos constar nuestra solidaridad con los agentes y oficiales de la Policía Nacional Civil que cumplen honestamente con su deber.
3. Nos pronunciamos de la manera más categórica en rechazo al uso de armas de fuego por individuos aventureros e irresponsables, que dispararon contra efectivos policiales, poniendo además en gravísimo riesgo a personas que intentaban expresar sus demandas de manera pacífica, así como a personas que circulaban o se encontraban en las inmediaciones del lugar de los hechos.
4. Rechazamos y repudiamos de la misma manera las burdas pretensiones de políticos de extrema derecha, dentro y fuera del Gobierno, así como de ciertos medios de comunicación afines al partido oficial, de responsabilizar a nuestro partido de los lamentables hechos del 5 de Julio. Sólo mentes perversas pueden atreverse a hacer tan temerarios señalamientos. El FMLN es y ha sido coherente y absolutamente responsable en su compromiso de luchar política y pacíficamente por alcanzar los objetivos de su programa histórico, muy a pesar de las violaciones e incumplimientos de sucesivos Gobiernos a los Acuerdos de Paz, los selectivos asesinatos de nuestros militantes y los frecuentes e impunes atentados que la derecha gobernante comete contra los principios esenciales de un sistema democrático. Por lo mismo, esas absurdas y maquiavélicas pretensiones de ligar al FMLN a un hecho criminal tienen el sólo propósito de justificar medidas represivas contra el pueblo y el FMLN, acentuando el esquema represivo y autoritario que desde hace algunos años se ha establecido en el país. Buscan así mismo, frenar el avance político del FMLN hacia la conquista del Ejecutivo por la vía electoral en el año 2009.
5. El FMLN, partido político con alrededor de cien mil afiliados y depositario de la mayor cantidad de votos emitidos en las recientes elecciones parlamentarias, y que por su peso político es esencial para la gobernabilidad del país, NO TIENE LA MÁS MÍNIMA RESPONSABILIDAD por la conducta personal de individuos como Luís Herrador y Mario Belloso, quienes, aunque formalmente aparecen en los listados de militantes de nuestro instituto político, están separados de cualquier labor de conducción partidaria. Ninguno de ellos ha recibido, en momento o circunstancia alguna, orientaciones o instrucciones de nadie dentro del FMLN para proceder de la forma en que han procedido. Es por tanto INADMISIBLE, por ir contra toda lógica jurídica y política, pretender acusar ahora a todo un conglomerado político, que exhibe la mayor responsabilidad, coherencia y legalidad en sus actos, de conductas ilegales de individuos, al margen de la linea política del FMLN.
6. Los graves acontecimientos del pasado 5 de julio tienen que ser investigados a fondo, con profesionalismo, independencia, objetividad e imparcialidad por parte de la Fiscalía General de la República. Se tienen que deducir todas las responsabilidades, materiales e intelectuales, por todos los delitos cometidos, sin excepción alguna, y sobre los responsables debe caer todo el peso de la ley. Subrayamos la importancia, en aras de la transparencia y credibilidad de las investigaciones, la participación de peritos internacionales independientes. Las investigaciones deben llevarse adelante respetando la legalidad y el debido proceso y rechazando cualquier presión política o de otra índole. El señor Fiscal General tiene en sus manos la oportunidad de demostrar su independencia y su compromiso con la verdad y la ley. En la misma linea, le demandamos que actúe con similar presteza y celo en la investigación de otros graves crímenes acontecidos en los últimos días, incluidos el asesinato, precedido de torturas, de los militantes históricos del FMLN Francisco Manzanares y Juanita Monjarás de Manzanares, así como de las denuncias sobre la existencia de grupos de exterminio, hechas públicas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
7. Los sucesos del 5 de Julio no deben ser tomados como pretexto para lanzar a la PNC contra las expresiones de descontento social que se están multiplicando en el país, producto de irresponsables e inhumanas decisiones del Gobierno, que sumen en mayor pobreza a amplios sectores de la población. Exigimos el cese inmediato de la persecución desatada desde el 5 de Julio contra activistas estudiantiles y otros líderes del movimiento social organizado. El descontento social no es terrorismo, solo en mentes anti-democráticas cabe semejante idea. Por lo mismo, la misión de la PNC no puede ser desnaturalizada, ni puede ser la Policía instrumentalizada para servir a propósitos partidistas. De igual manera nos pronunciamos categóricamente contra cualquier intento de involucrar a la Fuerza Armada en acciones de represión contra los movimientos populares que enarbolan legítimas reivindicaciones.
8. Nos solidarizamos una vez más con la Universidad de El Salvador y su comunidad universitaria, rechazamos todo acto o expresión que irrespete su autonomía y denigre su papel como alto centro de estudios, ente rector de la enseñanza superior y conciencia crítica de la sociedad salvadoreña. Reconocemos la entereza, ecuanimidad y responsabilidad con que las autoridades de la UES han sabido enfrentar esta difícil situación.
9. En un momento difícil para la paz y tranquilidad ciudadanas, una vez más exigimos el DESARME TOTAL de la sociedad salvadoreña, como una medida eficaz para reducir la violencia y la delincuencia de todo tipo. Demandamos a los demás sectores políticos y sociales a que muestren un real interés con la seguridad y los derechos humanos de los y las salvadoreñas, apoyando esta medida.
10. El tema de los Acuerdos de Paz se ha vuelto a poner de manifiesto en esta coyuntura nacional. Reiteradamente hemos hecho públicos nuestras preocupaciones por la reversión de importantes compromisos del Acuerdo de Paz. Consecuentes con nuestro compromiso de salvaguardar la paz y cerrarle el paso a cualquier intento de revertir aún más los espacios democráticos generados por los Acuerdos, nos dirigiremos al Secretario General de la ONU solicitándole se reinstale de inmediato en el país una Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz y un Relator Especial de Derechos Humanos, para efectuar una evaluación exhaustiva del cumplimiento de los Acuerdos por las Partes firmantes y rendir informe al Consejo de Seguridad y demás instancias de esa organización mundial.
11. Hacemos un llamado a la reflexión a las más altas autoridades del Gobierno y del partido oficial, y a los medios de comunicación que los acompañan. Los mensajes de odio y desprestigio no traerán nada positivo a la sociedad. La instrumentalización oportunista de estos lamentables hechos, que se producen en el marco de medidas anti-populares como el alza al pasaje de los autobuses y a las tarifas de la energía eléctrica, únicamente contribuirá a agudizar la ya marcada polarización social y política que vive el país. No les servirá esta campaña irresponsable para acallar las voces de protesta por el agravamiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de salvadoreños. La represión, sea sicológica, legal o física, nunca será el camino para la gobernabilidad democrática.
12. A todos los sectores de la sociedad salvadoreña, agrupados en comunidades religiosas, gremios, asociaciones, colegios y universidades, medios de comunicación, y otros, los exhortamos a concurrir con sus reflexiones, pronunciamientos y acciones, para que se abran los canales hacia un auténtico diálogo nacional, que tenga como punto de partida un rotundo NO A LA VIOLENCIA, cualquiera que sea su forma, justificación y origen, y que le dé a nuestro pueblo la esperanza de que El Salvador no retrocederá al pasado. A la Comunidad Internacional le pedimos el acompañamiento y el apoyo para que los esfuerzos de las y los salvadoreños por asegurar la paz y la convivencia en democracia sean fructíferos.
COMISIÓN POLÍTICA
El Salvador, 10 de Julio de 2006
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