Buen acuerdo entre maestros y autoridades

Licda. Norma Guevara de Ramirios

El pasado lunes tres gremiales del magisterio nacional, incluido ANDES 21 de junio alcanzaron un acuerdo con autoridades del órgano ejecutivo. Los maestros reclamaban que se aplicara el aumento de 10% a los salarios menores a $600.00 y de 6% a los salarios menores a $1,000.00 y mayores a $600.00. A partir del mes de julio más de 44,000 maestros reciben ese aumento, pero las gremiales demandaban la aplicación retroactiva de la medida en virtud de que la Ley de la Carrera Docente establece que además de las nivelaciones salariales establecidas, gozarán de los aumentos de orden general que el gobierno establezca.

El acuerdo permitirá que la parte correspondiente a los meses de Enero a Junio les sean pagados en dos cuotas en el año 2012, con lo cual se resuelven dos problemas, el del gobierno, que carece de los más de 13 millones de dólares que representa el pago retroactivo de Enero a Junio, y el de los maestros, que demandan la aplicación de la ley. Se cargará al presupuesto del próximo año el pago de esta obligación.

La controversia entre gobierno y magisterio estaba tomando dimensiones indebidas como amenazas de paro y hasta “bloqueo a las fronteras”. Cualquier interrupción de clases afecta al estudiantado: niñas, niños, adolescentes y jóvenes, un sector que por sus edades y por las condiciones sociales y económicas de la mayoría de familias necesitan de una dedicación abnegada de maestros y maestras, así como de políticas públicas que les protejan su derecho a la educación.

El salario inicial de un maestro o maestra en el año 2002 era de $372.00 (Categoría 6 nivel 2), y el máximo para el mismo año, era de $592.00 (categoría 1, nivel 1), en enero de 2011 la oscilación entre ambos extremos del escalafón estaban en $472.63 y $850.00 respectivamente. De acuerdo con la Ley de la Carrera Docente cada tres años debe revisarse o ajustarse el salario y la próxima vez corresponde al año 2012, lo que hace prever que el presupuesto 2012 contemplará la aplicación correspondiente.

La política educativa del actual gobierno está orientada a promover el desarrollo educativo de nuestra población cumpliendo el deber de garantizar el acceso a la escuela de niñas y niños.

Las medidas adoptadas bajo el concepto de Plan Anti Crisis asumidas desde el inicio del mandato del Presidente Funes, aseguran que este derecho consignado en la Constitución y en las leyes se convierta en realidad. El impacto de los programas alcanza a la familia y a sus hijos que estudian en escuelas públicas como el paquete de cuadernos, uniformes y zapatos, así como la alimentación escolar que en conjunto representan más de 100 millones de dólares cada año. Estas medidas de protección en el mediano plazo deben elevar sensiblemente el nivel educativo de nuestra población, condición imprescindible del desarrollo social, económico y democrático de nuestro país. Estos objetivos de mediano plazo requieren que la continuidad de las políticas y el papel decisivo del magisterio se complementen en vez de contraponerse. De la solución adecuada de cualquier conflicto entre maestros y maestras y gobiernos debe beneficiarse el desarrollo de la educación de toda nuestra población, debe beneficiar al país entero.

El Ministerio de Educación ha asegurado la estabilidad laboral a más de ocho mil maestros que laboraban bajo la modalidad de contratos en el antiguo programa EDUCO, la planta oficial de maestros y maestras que en 2009 era de 33,890, ahora supera los 44 mil. Además, el Ministerio ha invertido en equipamientos de aulas, mobiliario, reconstrucción de 164 escuelas dañadas por la tormenta Ida, etc. La inversión en este campo de infraestructura al mes de mayo pasado representaba 52 millones de dólares. Se ha beneficiado con oportunidades de especialización a nivel de post grado a 3,794 docentes, y se han capacitado con el nuevo modelo educativo otros 1,200 además de sensibilizar a directores, padres y madres de familia para asumir el nivel inicial de educación a otras dos mil personas.

En 2010 se alfabetizó a 52 mil personas y este año el programa rondará los 60 mil. Un hecho importante es la recuperación de la confianza despertada por la modalidad flexible que permite a personas adultas, retomar estudios, especialmente de enseñanza media, beneficiando a 60 mil personas.

Es obvio que estamos en presencia de una nueva política educativa en la que importan los estudiantes, su entorno familiar, los centros educativos, las empresas de distinto tamaño. Para obtener mejores resultados se requiere la contribución del magisterio, de su rol en el cambio social, por ello el diálogo entre gobierno y maestros debe ser sistemático y enfocarse en la mejora de nuestra realidad educativa.