Licda. Norma Guevara de Ramirios
Por fin se ha instalado en el país el equipo de la Organización de Estados Americanos OEA encargado de realizar una auditoría al Registro Electoral y sus fuentes.
Esta misión obedece al compromiso hecho desde el 11 de Noviembre de 2005 por el Tribunal Supremo Electoral ante el cuestionamiento acerca del Registro Electoral y particularmente del reclamo todavía insatisfecho por el bloqueo que el TSE realiza a los partidos para fiscalizar la organización, actualización, depuración y publicación del Registro Electoral establecido en el Artículo 77 de nuestra Constitución de la República.
Es de esperar que esa auditoría sirva, como reza el Artículo 25 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, para contribuir a mejorar condiciones en pro de elecciones libres y limpias; esto supone que se trabaje de forma objetiva, imparcial y transparente.
Una auditoría integral al Registro Electoral y sus fuentes, requiere cuando menos el examen de asuntos esenciales tales como la constitucionalidad y legalidad de los procedimientos utilizados por los entes estatales encargados de emitir el Documento Único de Identidad (DUI), de la organización y custodia de los respaldos de una identidad; la legalidad y transparencia en el asentamiento de partidas de nacimiento por los municipios y por los abogados que intervienen en juicios subsidiarios de identidad; el análisis de los datos y la forma en que el TSE recibe la información del RNPN, cómo los organiza, custodia, como convierte más tarde en padrón electoral y cumple las obligaciones de facilitar la vigilancia; cómo procede en sus obligaciones en caso de ciuda-danos privados de sus derechos políticos y cómo los reintegra cuando esa privación termina.
Sin duda el actual registro debe compararse con su réplica, la que el propio TSE le entregó a la OEA hace mucho tiempo para liberarse del señalamiento de tener secuestrado el Registro, y esto es una necesidad porque ha transcurrido demasiado tiempo entre el anuncio de una auditoría y la fecha de realización; porque además el tiempo que la OEA decía era necesario, se ha recortado de 8 meses a 3, y en estas diferencias, la calidad de la auditoría se ve amenazada.
En suma, esperaríamos un juicio objetivo de la calidad de los datos, de la calidad de los procesos y procedimientos utilizados por los entes estatales responsables y sobre la legalidad y constitucionalidad de los mismos.
Sin duda lo último debe ser señalado abiertamente como incumplido porque objetivamente es así; los partidos hemos dejado de aportar y de tener certeza debido a la violación que el TSE hace.
En el pasado los partidos aportamos datos de personas repetidas, de personas fallecidas, fuimos a las alcaldías para ver los procedi-mientos y hasta los precios de las partidas, fuimos a los centros para verificar que no se guardaran fichas o se dejara de entregar carnet como modo de bloquear el ejercicio de algunos ciudadanos; y antes de las elecciones presidenciales del 2004, cuando se iniciaba la organización del Registro Electoral teniendo al DUI como documento, también los partidos aportamos a través de los técnicos acreditados, a través de la Junta de Vigilancia y en algún momento reclamamos, presionamos hasta que el RNPN le entregara al TSE copia del sustento de identidad de varios cientos de miles de ciudadanos.
No es simple capricho, hay un deber constitucional que debe cumplirse por los partidos políticos y al dejar de hacerlo por bloqueo del TSE, se comete una grave violación y sobre todo se afecta la confianza en los procesos electorales.
Un elemento fundamental que esta auditoría debe propiciarnos es una comparación numérica, histórica del universo de ciudadanos registrados en los distintos procesos electorales y su comparación con la población del país. Esta necesidad se hace mayor cuando apreciamos el desequilibrio existente entre la población censada y Registro Electoral.
Según datos preliminares del Ministerio de Economía somos 5 millones setecientos mil habitantes y según el TSE, a Julio pasado, habían 4 millones 150 mil electores; esta relación debe guardar una mínima coherencia y no debemos olvidar que el Registro con DUI debía corregir el abultamiento que daba la presencia de nombres de personas fallecidas en el viejo Registro, y además que la inmensa mayoría de emigrantes salió del país antes que el DUI se iniciara como documento de identidad.
Por fin se ha instalado en el país el equipo de la Organización de Estados Americanos OEA encargado de realizar una auditoría al Registro Electoral y sus fuentes.
Esta misión obedece al compromiso hecho desde el 11 de Noviembre de 2005 por el Tribunal Supremo Electoral ante el cuestionamiento acerca del Registro Electoral y particularmente del reclamo todavía insatisfecho por el bloqueo que el TSE realiza a los partidos para fiscalizar la organización, actualización, depuración y publicación del Registro Electoral establecido en el Artículo 77 de nuestra Constitución de la República.
Es de esperar que esa auditoría sirva, como reza el Artículo 25 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, para contribuir a mejorar condiciones en pro de elecciones libres y limpias; esto supone que se trabaje de forma objetiva, imparcial y transparente.
Una auditoría integral al Registro Electoral y sus fuentes, requiere cuando menos el examen de asuntos esenciales tales como la constitucionalidad y legalidad de los procedimientos utilizados por los entes estatales encargados de emitir el Documento Único de Identidad (DUI), de la organización y custodia de los respaldos de una identidad; la legalidad y transparencia en el asentamiento de partidas de nacimiento por los municipios y por los abogados que intervienen en juicios subsidiarios de identidad; el análisis de los datos y la forma en que el TSE recibe la información del RNPN, cómo los organiza, custodia, como convierte más tarde en padrón electoral y cumple las obligaciones de facilitar la vigilancia; cómo procede en sus obligaciones en caso de ciuda-danos privados de sus derechos políticos y cómo los reintegra cuando esa privación termina.
Sin duda el actual registro debe compararse con su réplica, la que el propio TSE le entregó a la OEA hace mucho tiempo para liberarse del señalamiento de tener secuestrado el Registro, y esto es una necesidad porque ha transcurrido demasiado tiempo entre el anuncio de una auditoría y la fecha de realización; porque además el tiempo que la OEA decía era necesario, se ha recortado de 8 meses a 3, y en estas diferencias, la calidad de la auditoría se ve amenazada.
En suma, esperaríamos un juicio objetivo de la calidad de los datos, de la calidad de los procesos y procedimientos utilizados por los entes estatales responsables y sobre la legalidad y constitucionalidad de los mismos.
Sin duda lo último debe ser señalado abiertamente como incumplido porque objetivamente es así; los partidos hemos dejado de aportar y de tener certeza debido a la violación que el TSE hace.
En el pasado los partidos aportamos datos de personas repetidas, de personas fallecidas, fuimos a las alcaldías para ver los procedi-mientos y hasta los precios de las partidas, fuimos a los centros para verificar que no se guardaran fichas o se dejara de entregar carnet como modo de bloquear el ejercicio de algunos ciudadanos; y antes de las elecciones presidenciales del 2004, cuando se iniciaba la organización del Registro Electoral teniendo al DUI como documento, también los partidos aportamos a través de los técnicos acreditados, a través de la Junta de Vigilancia y en algún momento reclamamos, presionamos hasta que el RNPN le entregara al TSE copia del sustento de identidad de varios cientos de miles de ciudadanos.
No es simple capricho, hay un deber constitucional que debe cumplirse por los partidos políticos y al dejar de hacerlo por bloqueo del TSE, se comete una grave violación y sobre todo se afecta la confianza en los procesos electorales.
Un elemento fundamental que esta auditoría debe propiciarnos es una comparación numérica, histórica del universo de ciudadanos registrados en los distintos procesos electorales y su comparación con la población del país. Esta necesidad se hace mayor cuando apreciamos el desequilibrio existente entre la población censada y Registro Electoral.
Según datos preliminares del Ministerio de Economía somos 5 millones setecientos mil habitantes y según el TSE, a Julio pasado, habían 4 millones 150 mil electores; esta relación debe guardar una mínima coherencia y no debemos olvidar que el Registro con DUI debía corregir el abultamiento que daba la presencia de nombres de personas fallecidas en el viejo Registro, y además que la inmensa mayoría de emigrantes salió del país antes que el DUI se iniciara como documento de identidad.
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