Redacción Central, 4 oct (PL) El lirismo se apoderó de la cumbre relámpago de Jefes de Estado y Gobierno de los miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), desarrollada hoy en la capital hondureña.
En la cita regional, los mandatarios centraron sus debates en la lucha contra la delincuencia, fenómeno que llega a su máxima expresión en el istmo.
Además, en la suscripción de un acuerdo de cooperación sobre vuelos privados y comerciales entre estos países, y en las leyes migratorias estadounidenses.
A varios acuerdos llegaron como es de suponer, y como es de suponer también muy poco tiempo dedicaron los dignatarios a las causas del rebrote de la violencia en la región que los tiene sobresaltados.
En tal sentido, analizaron la creación de una Policía Centroamericana que permitiría, según detalló el ministro de Seguridad de Honduras, Alvaro Romero, "operar en todos los delitos que se cometan en el área, incluyendo el narcotráfico y la corrupción".
Esa lírica idea sólo favorecería el aumento de la violencia y la inseguridad en la llamada cintura de América, de la misma manera en que han incidido todos los planes contra la criminalidad implementados en varios países de la zona.
Es que en ninguno de los territorios del área, los distintos órganos policiales han tenido la capacidad suficiente para al menos frenar al fenómeno que deja decenas de muertos cada día.
El despliegue de efectivos policiales y los planes "mano dura", creados para contrarrestar las acciones delincuenciales de las pandillas parecen ser directamente proporcionales a la violencia. Más plan y agentes, más homicidios, asaltos e inseguridad social.
Las cifras oficiales reiteran el crecimiento de los asesinatos, las extorsiones, el narcotráfico, el aumento de pandilleros y sicarios, o la cada vez más indetenible proliferación de armas. Ni uno sólo de estos países escapa a tan dramática situación.
Peor aún, Centroamérica teme por el resurgimiento de los tan vergonzantes y criminales escuadrones de la muerte. En torno a este peligro también crecen las denuncias.
De manera colateral a la reunión, y en los alrededores de la sede de la Cumbre, un gran movimiento social acusó a los presidentes de la región como generadores de esos grupos de exterminio para asesinar a los miembros de pandillas.
Pese a que más de 200 policías se apostaron para reprimir a los manifestantes, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, advirtió que los gobernantes se reunieron para tomar decisiones contra los "mareros" (pandilleros juveniles).
Las deprimidas economías, las infelices políticas de desarrollo de estos países, sólo dejan a los jóvenes y niños espacio para el abandono de los estudios, para el trabajo infantil, para insertarse en las maras o pandillas, o para la emigración.
Sobre este último punto, el presidente electo de México, Felipe Calderón, solicitó a los participantes expresaran en la declaración final del encuentro el rechazo a la decisión de Estados Unidos de construir un segundo muro en la línea fronteriza común.
Obviamente, tal propuesta no quedó registrada en la Declaración de Tegucigalpa, suscrita por los gobernantes de la región, quienes tienen en claro que ni con el pétalo de una rosa se pueden tocar los negocios del amigo norteño.
Es que todos estos gobiernos persisten en los tratados de Libre Comercio con EE.UU. y en el Plan Puebla-Panamá, verdaderos instrumentos comerciales al servicio de las grandes compañías privadas estadounidenses.
Esos tratados, que desangran a los empobrecidos pueblos de Centroamérica, revitalizan y mantienen interminable el ciclo pobreza-violencia-emigración.
¡Cuánto lirismo el de los presidentes! ¡Cuanta utopía en creer que más fuerzas policiales llevarán la seguridad a Centroamérica! Ni ingenuidad, ni inexperiencia hay en esos credos. Más bien intereses de subordinación al vecino del norte, que no permiten a los gobernantes, con todas sus camarillas, ir a la esencia de la inseguridad en la subregión.
Muy interesante resultó el punto acordado sobre impulsar el convenio entre la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos y el Sistema de Integración de Centroamérica para crear programas de prevención para los jóvenes en riesgo social y ex miembros de pandillas.
Pero nada de eliminar la exclusión, la carencia de oportunidades de estudio o empleo. Nada sobre los violados derechos a la salud y alimentación que padece la gran población istmeña.
Nada para suprimir definitivamete los derroteros de la delincuencia regional y de la pobreza extrema, sobre la cual se levanta la comodidad de "tan preocupados gobernantes".
En la cita regional, los mandatarios centraron sus debates en la lucha contra la delincuencia, fenómeno que llega a su máxima expresión en el istmo.
Además, en la suscripción de un acuerdo de cooperación sobre vuelos privados y comerciales entre estos países, y en las leyes migratorias estadounidenses.
A varios acuerdos llegaron como es de suponer, y como es de suponer también muy poco tiempo dedicaron los dignatarios a las causas del rebrote de la violencia en la región que los tiene sobresaltados.
En tal sentido, analizaron la creación de una Policía Centroamericana que permitiría, según detalló el ministro de Seguridad de Honduras, Alvaro Romero, "operar en todos los delitos que se cometan en el área, incluyendo el narcotráfico y la corrupción".
Esa lírica idea sólo favorecería el aumento de la violencia y la inseguridad en la llamada cintura de América, de la misma manera en que han incidido todos los planes contra la criminalidad implementados en varios países de la zona.
Es que en ninguno de los territorios del área, los distintos órganos policiales han tenido la capacidad suficiente para al menos frenar al fenómeno que deja decenas de muertos cada día.
El despliegue de efectivos policiales y los planes "mano dura", creados para contrarrestar las acciones delincuenciales de las pandillas parecen ser directamente proporcionales a la violencia. Más plan y agentes, más homicidios, asaltos e inseguridad social.
Las cifras oficiales reiteran el crecimiento de los asesinatos, las extorsiones, el narcotráfico, el aumento de pandilleros y sicarios, o la cada vez más indetenible proliferación de armas. Ni uno sólo de estos países escapa a tan dramática situación.
Peor aún, Centroamérica teme por el resurgimiento de los tan vergonzantes y criminales escuadrones de la muerte. En torno a este peligro también crecen las denuncias.
De manera colateral a la reunión, y en los alrededores de la sede de la Cumbre, un gran movimiento social acusó a los presidentes de la región como generadores de esos grupos de exterminio para asesinar a los miembros de pandillas.
Pese a que más de 200 policías se apostaron para reprimir a los manifestantes, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, advirtió que los gobernantes se reunieron para tomar decisiones contra los "mareros" (pandilleros juveniles).
Las deprimidas economías, las infelices políticas de desarrollo de estos países, sólo dejan a los jóvenes y niños espacio para el abandono de los estudios, para el trabajo infantil, para insertarse en las maras o pandillas, o para la emigración.
Sobre este último punto, el presidente electo de México, Felipe Calderón, solicitó a los participantes expresaran en la declaración final del encuentro el rechazo a la decisión de Estados Unidos de construir un segundo muro en la línea fronteriza común.
Obviamente, tal propuesta no quedó registrada en la Declaración de Tegucigalpa, suscrita por los gobernantes de la región, quienes tienen en claro que ni con el pétalo de una rosa se pueden tocar los negocios del amigo norteño.
Es que todos estos gobiernos persisten en los tratados de Libre Comercio con EE.UU. y en el Plan Puebla-Panamá, verdaderos instrumentos comerciales al servicio de las grandes compañías privadas estadounidenses.
Esos tratados, que desangran a los empobrecidos pueblos de Centroamérica, revitalizan y mantienen interminable el ciclo pobreza-violencia-emigración.
¡Cuánto lirismo el de los presidentes! ¡Cuanta utopía en creer que más fuerzas policiales llevarán la seguridad a Centroamérica! Ni ingenuidad, ni inexperiencia hay en esos credos. Más bien intereses de subordinación al vecino del norte, que no permiten a los gobernantes, con todas sus camarillas, ir a la esencia de la inseguridad en la subregión.
Muy interesante resultó el punto acordado sobre impulsar el convenio entre la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos y el Sistema de Integración de Centroamérica para crear programas de prevención para los jóvenes en riesgo social y ex miembros de pandillas.
Pero nada de eliminar la exclusión, la carencia de oportunidades de estudio o empleo. Nada sobre los violados derechos a la salud y alimentación que padece la gran población istmeña.
Nada para suprimir definitivamete los derroteros de la delincuencia regional y de la pobreza extrema, sobre la cual se levanta la comodidad de "tan preocupados gobernantes".
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